El asesinato del militante del Mocase Vía Campesina, Cristian Ferreyra -de 23 años- en la localidad de San Antonio Monte Quemado, a manos de un grupo de sicarios contratados por el empresario santafesino José Ciccioli, ha causado una enorme conmoción en todo el país, y constituye el punto más alto de una escalada represiva, que diversos grupos de empresarios con sus guardias blancas (bandas parapoliciales) están empleando para acelerar la expulsión de campesinos y pobladores originarios de la zona norte de Santiago, especialmente en los departamentos de Copo, Alberdi y Pellegrini. En el hecho también fue herido gravemente otro militante del Mocase, Darío Godoy.

El territorio santiagueño se ha transformado en una zona de lucha permanente, que se ha agudizado con el boom sojero. Empresarios de diversas provincias primero ofrecen dineros para ganar la voluntad de los campesinos para que desalojen sus tierras. Cuando esto no surte efecto, aparecen las bandas armadas de matones, muchas veces acompañadas por la propia policía, para ejecutar los desalojos. Los atropellos armados se han multiplicado en los últimos años. En muchos casos bandas armadas han cerrado los caminos para evitar que los hijos de los campesinos puedan concurrir a la escuela. En otros, han procedido a quemar las viviendas y robar los bienes. Ahora llegaron directamente al asesinato. El Mocase ha sufrido diversas represalias, incluso le han destruido algunas de sus radios.

Frente a todos estos atropellos, las comisarías de las zonas muchas veces se niegan a tomar la denuncia -y cuando lo hacen, no hacen nada de nada. La justicia santiagueña es completamente cómplice. El Mocase sostiene que desde que actúa organizadamente -hace 21 años-, se vienen suscitando problemas con la tierra. O sea que lo que hoy ocurre, agravadamente, es una continuidad de la política expulsiva de campesinos y de desmontes que ya se aplicaba en la época de Juárez. En todo este tiempo no se registra que ningún empresario o banda de matones haya sido encarcelado. Las autoridades locales (intendentes) actúan en complicidad y muchas veces son el brazo político contra las organizaciones campesinas, amparando a los terratenientes y sus bandas de matones.

Frente a todos estos hechos, el gobierno de Zamora se lava las manos, pero es actualmente el principal responsable político de todo este proceso. Ha sido bajo su administración que se ha consolidado en la provincia el boom sojero y se han multiplicado las expulsiones de campesinos y de desmonte.

Zanahoria y garrote

La política de Zamora frente al movimiento campesino ha sido la de la zanahoria y el garrote.

Por un lado, con la complicidad de la Iglesia y de organizaciones de derechos humanos K, formó la Mesa de Diálogo por la Tierra y la Producción, a la que logró integrar a todas las organizaciones campesinas, paralizando su accionar independiente y hasta reivindicativo. En una entrevista realizada en el programa radial Al Oeste de FM en Tránsito -de Castelar-, Deolinda Carrizo, responsable de Comunicación del Mocase Vía Campesina, recuerda que “nos sumamos a una mesa de diálogo de la cual participamos varias veces. Como Mocase y otras organizaciones, necesitamos la resolución porque a la problemática de la tierra le urge la resolución, porque llegan a estos límites. Se han establecido distintos puntos firmados con las organizaciones campesinas, y hasta ahora de los siete puntos no se ha cumplido nada. Mucho diálogo, pero el Comité de Crisis ha constatado la presencia de gente armada y, cuando se hace el informe a nivel provincial, no hacen nada con los policías cómplices ni con la gente armada. Ahí están esos informes adornando muebles”. Con el gobierno de Zamora no se escrituró un centímetro de tierra para los campesinos pobres

Por otro lado, Zamora ha dado vía libre, como una suerte de provincia liberada, al accionar de las guardias blancas, una variante de la política de tercerización represiva en las zonas agrarias, contra las organizaciones campesinas y sus militantes combativos que opusieron resistencia a las expulsiones.

El crimen de Cristian Ferreyra ha suscitado la repulsa en diversos ámbitos y movilizaciones en varias provincias. El día después del crimen también se concretó una marcha frente a la Casa de Gobierno en Santiago, donde hablaron oradores de las organizaciones presentes.

Para paralizar la continuidad de este proceso de lucha, por primera vez la Justicia “aparece” actuando con agilidad -ya han detenido a cuatro integrantes de la banda de sicarios, incluido el ejecutor del crimen, y se habría dado orden de detención contra el empresario José Ciccioli. El juez de Monte Quemado que atiende la causa fue denunciado con anterioridad por hacer la vista gorda frente a las denuncias. Por eso, para que el caso de Cristian Ferreyra no quede clausurado con una condena a los perejiles, es necesario ir hasta el final con la lucha para que sean procesados y condenados los que financiaron la banda y toda la cadena de complicidades políticas, judiciales y policiales.

• Juicio y castigo a los ejecutores materiales e intelectuales del crimen.

• Desmantelamiento de las guardias blancas. Investigación de todos los empresarios y de todas las denuncias realizadas por las organizaciones campesinas.

•Devolución de las tierras a todos pobladores desalojados.