La confirmación de la prisión efectiva para Amado Boudou (el exvicepresidente de la Nación en el segundo mandato de Cristina Fernández) tiene una fuerte repercusión sobre la delicada situación judicial de la actual vicepresidenta y de varios de sus exfuncionarios y excolaboradores. Todos ellos imputados en causas por corrupción.

Luego de que la Corte denegó las nuevas pericias pedidas por la defensa de Julio De Vido, en la causa “Vialidad Nacional”, se agravó la situación de Cristina, que tiene un pedido similar al de De Vido. Esto coloca a ambos (más otros funcionarios implicados) al borde del juicio y de una casi segura condena.

No hay relación entre la causa que llevó a Boudou a la cárcel (el negociado por Ciccone Calcográfica) con las causas en las cuales está imputada la vice. ¿Por qué, entonces, lo de Boudou tiene peso?

Reforma judicial parada por ahora

CFK es consciente que los tiempos se acortan y la posibilidad de producir cambios en la Justicia que garanticen su impunidad se retrasan.

El proceso de reforma judicial hoy se encuentra estancado en la Cámara de Diputados y depende de un acuerdo con bloques de la oposición para habilitar su tratamiento y eventual aprobación.

El Senado había dado media sanción a dos leyes. Una referida al Ministerio Público Fiscal, que plantea un cambio en las condiciones para elegir al procurador general y sobre la durabilidad del cargo. Mientras de acuerdo con la legislación aún vigente se necesitan los dos tercios de los votos para su designación y el cargo es vitalicio, de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Senado bastaría con una simple mayoría para la designación y la duración del mandato sería de cinco años con posibilidad de una reelección. El procurador general es una figura clave ya que es una suerte de jefe de los fiscales y, por lo tanto, de acuerdo con las modificaciones aprobadas en el proceso penal, en sus manos está el curso de las investigaciones y avances o no de las causas.

El otro proyecto es la llamada ley de reforma judicial, que prevé crear 46 juzgados federales nuevos en la Capital Federal, que incluyen a los doce actuales de Comodoro Py 2002. Este proyecto plantea, además, un nuevo ataque a los trabajadores judiciales ya que no solo viene a flexibilizar las condiciones laborales de los/as judiciales con juzgados, fiscalías y defensorías que se crean, sin dotarlos siquiera de un cargo de planta, sino también con el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, que implica modificaciones en el régimen laboral y en los salarios.

Junto con estos dos proyectos, el gobierno creó el llamado Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, que está presidido por un exabogado de CFK, y que estudia una reformulación de todo el funcionamiento del Poder Judicial, incluidos -como señalamos- el funcionamiento y la composición de la Corte.

Lo de la Corte es vital. Cristina pretende un cambio aumentando el número y creando una suerte de “competencias” específicas para los miembros que asegure el control del organismo. Pero producir semejante cambio requiere un acuerdo con la oposición, ya que el gobierno no cuenta con los votos propios como para aprobarlos. Si bien Macri y su sector están interesados en llegar a algún trueque de favores, en vista de las causas que lo involucran (la del Correo, por ejemplo) su situación no es tan acuciante como la de la expresidenta.

El gobierno sería partidario también de agregar un “tribunal intermedio de arbitrariedad” para “desagotar” el “trabajo” de la Corte, entre ellos las causas de corrupción. Lo que confirma que el estratégico objetivo de controlar la Justicia (como todas las facciones que han gobernado) está dominado por los juicios que pesan sobre la vice y sus funcionarios.

La negativa de la Corte ha terminado cerrando el camino de la Justicia para Boudou y la única forma de zafar de la cárcel es un indulto presidencial o una amnistía. Alberto Fernández lo rechazó y pateó la pelota al Congreso para que analice una amnistía, argumentando razones legales de dudosa certeza jurídica. La historia demuestra que el indulto presidencial ha sido usado sin condiciones normativas estrictas.

Si CFK es condenada, ¿Alberto mantendría su negativa a utilizar el indulto?

La Justicia condiciona el proceso político

Lo que es claro es que una condena judicial colocaría a Cristina como rehén, primero de la Corte y luego de un indulto o amnistía. Aunque no llegue a la prisión efectiva por los fueros (al mejor estilo Carlos Menem), su “independencia” estaría condicionada y el papel de arbitraje que ella ejerce cuestionado. El golpe favorecería políticamente a la derecha, que agita las causas judiciales contra el kirchnerismo tratando de ocultar sus propios desfalcos al Estado en asociación con el capital financiero.

En la propia coalición gobernante, el peso de una Cristina condenada cambiaría fuertemente la relación de fuerzas. Esto no implicaría un cambio fundamental en la orientación general del gobierno, pero sí en el peso de cada fracción y los intereses que ellas representan. De hecho, CFK se queja porque ella dio todos los pasos para mostrar su compromiso con el gran capital. Jugó un papel decisivo para que el gobierno llegara al acuerdo con los fondos de inversión en los términos que estos exigían. Pero dentro de este campo, defiende una modalidad propia en la aplicación del plan de ajuste: promueve aplazar los tarifazos, reemplazándolos por subsidios y emisión; jugó un rol de arbitraje para hacer pasar la reforma jubilatoria, pero modificando el descuento del 5% en la cuota de marzo. En el plano internacional, el ataque al kirchnerismo refuerza la orientación (ya existente) del gobierno contra Venezuela.

La cuestión judicial ocupa una parte importante en la crisis política, para un gobierno envuelto en la improvisación y la parálisis, una seguidilla de fracasos y con la misión por delante de alcanzar un acuerdo con el capital financiero internacional. Demasiado para un “bonapartismo” en default.

Un régimen corrupto de la cabeza a los pies

La Justicia en el Estado capitalista es una herramienta del sometimiento a las masas, pero también de los intereses dominantes sobre las distintas fracciones de la burguesía. Con el caso Odebrecht al frente y otras denuncias de corrupción, bajo la influencia del imperialismo yanqui (y como parte de su enfrentamiento con China también) cayeron gobiernos, presidentes y ministros por decenas en Latinoamérica. Es decir, la acción judicial sobre la corrupción tiene la función de condicionar el proceso político y no terminar con el defalco de los fondos públicos, prueba de ello es que son contados con los dedos de la mano los empresarios o banqueros que terminan presos.

La expresión más extrema de esto fue la proscripción a la candidatura de Lula y hasta la mordaza que se le impuso para beneficiar la candidatura de Bolsonaro.

La corrupción envuelve al conjunto de las fuerzas del régimen. Al desfalco de los nacionales y populares contra el Estado siguió el del capital financiero de la mano del macrismo. El caso de los “cuadernos” se desenvuelve con la impunidad de los empresarios corruptos, lejos de la apertura de los libros de las empresas, de sus cuentas bancarias y de la situación patrimonial de quienes están al frente de ellas, de la confiscación de los beneficios obtenidos por la corrupción. Este entramado también envuelve a la burocracia sindical. O sea que se sostiene la base material de lo que dicen pretender castigar. El sesgo de las investigaciones consiste en apuntar a ciertas fracciones políticas absolviendo al conjunto de los intereses involucrados.

Las reformas que plantean el oficialismo o la oposición están atravesadas por estos intereses y enfrentamientos, y nada tienen que ver con los intereses de la mayoría de la población. Eso es claramente así: necesitan una Justicia que, además de lidiar entre las distintas fracciones, habilite el robo a los jubilados, la pérdida de derechos de los trabajadores e incluso que sostenga la represión sobre quienes luchan contra ello.

Al carácter corporativo de la Justicia le oponemos la elección por el voto popular y la revocabilidad de jueces, fiscales, camaristas y cortesanos, unida al desmantelamiento del régimen del capital y el Estado de ataque y confiscación contra las masas.