La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner actualizó la declaración de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción. Formalizó ser poseedora de $48,6 millones durante 2021, un 195% más, en términos nominales, de lo que ostentaba en 2020. Si el cálculo se ajusta a la inflación del año pasado, de 50,9%, hablamos de un enriquecimiento en términos reales del 96%. Es la suerte que no corren los trabajadores, que ven mes a mes cómo la escalada de precios devora sus salarios y sus jubilaciones hundiendo a cada vez más en la pobreza.

Cuando Cristina decía hace algunos días, con respecto de la causa Vialidad, que “no venían por ella, sino por los trabajadores y el salario”, escondía que esa misma semana su gobierno firmaba la convalidación de un salario mínimo de miseria. A partir de este mes de septiembre el vital y móvil pasará a la orden de los $51.200, cuando la línea de pobreza fue en julio de $111.298.

Es un derrumbe de las condiciones de vida de los trabajadores casi sin precedentes: un estudio del año pasado advertía que la cantidad de ocupados pobres bate récords históricos en el país. En el centro de las responsabilidades se ubican las sucesivas entregas del salario por parte de la burocracia sindical peronista, que firma acuerdos por debajo de la inflación año tras año; pero también es de destacar que La Cámpora, el partido que aglutina a la vice y su tropa, está ahora directamente impulsando la cancelación de las paritarias para que el Estado otorgue aumentos por decreto, profundizando la confiscación salarial para cumplir con el FMI.

Si ya el apoyo de La Cámpora al plan económico Massa – Rubinstein enterró la pose del kirchnerismo de despegarse del ajuste, las conclusiones al respecto son más evidentes cuando se atiende al blanco más sensible de esta ofensiva fondomonetarista. Mientras la vice detenta una parte de su riqueza de su jubilación de privilegio, que es de 4 millones de pesos mensuales, el haber mínimo pasará hasta diciembre a $43.300 el básico, una miseria maquillada con el pago de tres bonos no acumulativos de $7.000. Tras este sometimiento de la tercera edad a vivir en la indigencia aparece el saqueo de las cajas previsionales para pagar la deuda externa, organismos hoy dirigidos, casualmente, por dos camporistas (Volnovich en el Pami y Raverta en Anses).

Al fin de cuentas, la “grieta” que vale es de clase. Los bloques que gobiernan hacen a un régimen de millonarios, representantes de los intereses de distintas fracciones de su propia clase social. Para los trabajadores la tarea central es luchar contra el ajuste, hoy ejecutado por el gobierno peronista. Es importante remarcarlo, ya que la CGT y las CTA no movilizan por aumentos de salarios ni jubilaciones, pero sí para defender a quienes gobiernan (y nos condenan a esta situación). Es el caso de ambas centrales marchando el 17 de agosto contra “los formadores de precios” para no hablar de las paritarias. Es el caso de la tropa de la CTA diciéndole a los trabajadores que el cometido es defender a la vicepresidenta por la causa Vialidad. Pero hay que pelear por lo nuestro: paro nacional y plan de lucha en todo el país por salarios y jubilaciones mínimas acordes a la canasta básica, por un seguro universal al desocupado y por el 82% móvil.

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