Cuando Cristina Kirchner, con cara de compungida, informó por cadena nacional que había llamado al dueño del shopping Dot de Saavedra para pedirle una reunión, estaba claro que del otro lado de la línea no le había respondido un desconocido. Eduardo Elsztain, dueño de la mega-constructora Irsa, es uno de los empresarios más cercanos al gobierno nacional y artífice de los acuerdos que los representantes de éste sellaron con el macrismo a fines del año pasado en la Ciudad.

Las palabras de Cristina parecieron ser un aval, muy tardío por cierto, de las denuncias que vienen realizando los vecinos de Saavedra desde hace meses. La construcción del shopping Dot incrementó las inundaciones, con sus bombas de extracción arrojando el agua hacia el barrio Mitre y las zonas aledañas. No existió estudio previo ambiental alguno, que hubiese aconsejado rechazar la construcción de esa mole de cemento. La Legislatura no fue consultada, pero tampoco le importó. Avalaron, con su silencio, la instalación del shopping.

Pero Cristina Kirchner no tiene derecho a sorprenderse sobre las consecuencias del Dot. Su propio gobierno está impulsado en otras zonas de la Ciudad construcciones de mayor envergadura aún, también a cargo de Elsztain. En Palermo está muy avanzada, a pesar de no contar con la debida autorización, la construcción de un shopping de 24 mil metros cuadrados (¡casi 50 por ciento más grande que el Dot!). Para ello el gobierno nacional le cedió valiosas tierras de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (Adif). El siempre muy activo Berni intervino en esa oportunidad para desalojar a 35 familias que vivían en esos terrenos. ¡Nada debía impedir el rápido avance del shopping! La Legislatura lo avaló a su modo, votando la rezonificación de esa parte del barrio de Palermo. El rechazo de los vecinos al emprendimiento parte de la experiencia de Saavedra. Todos prevén que la construcción del shopping, sumada a las torres que también anunció el gobierno nacional, terminará por hacer eclosionar el equilibrio del barrio.

Los terrenos ferroviarios nacionales que se encuentran en la Ciudad han sido puestos, por orden de Cristina Kirchner, a disposición de estos negociados. Al anunciar la implementación del plan de viviendas Procrear en la Ciudad, el gobierno nacional decidió dividir esos terrenos en dos partes: los de Pompeya y Parque Patricios serán usados para el plan oficial de viviendas, que, otra vez, lo administrará el Banco Hipotecario presidido por Elsztain. Pero los de Palermo, Caballito y Liniers (más caros que los primeros) serán licitados entre desarrolladores inmobiliarios para construir viviendas de lujo. Entre esos desarrolladores está Elsztain, quien ya tiene un proyecto en marcha en Caballito, transitoriamente parado por un fallo judicial, para construir tres torres mayores a los 20 pisos.

La defensa de los negocios del dueño de Irsa alumbró el pacto Macri-K. El jefe de gobierno tiene en carpeta el gran negociado de construir en las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca el emprendimiento Solares de Santa María, una “Dubai porteña”, con torres de lujo a 5 mil dólares el metro cuadrado. También aquí es Irsa la que usufructuará este negociado. Cristina, por su lado, quiere armar en la Isla Demarchi un Polo Audiovisual con torres de lujo incluidas. Este emprendimiento beneficia indirectamente a Irsa, al valorizar las tierras de su desarrollo. Pero quizá lo beneficie también directamente, ya que también se anotó en la construcción del Polo Audiovisual.

Los militantes de La Cámpora, que este fin de semana ayudaron a los inundados, debieran preguntarles a sus dirigentes por qué fueron lobistas activos del empresario Irsa, uno de los responsables de lo ocurrido en Saavedra. Cabandié ya vivió en carne propia el repudio de un militante K, que lo acusó de traicionar a su padre desaparecido al venderse a un gran empresario como Elsztain. El propio Kicillof, que por esas cosas inexplicables es calificado de “marxista”, fue personalmente a la Legislatura a pactar con el jefe de la bancada de PRO, el puntero de la derecha peronista Cristian Ritondo, la votación de las leyes solicitadas por Irsa.

Bajo los gobiernos de Ibarra y Macri se construyeron unos 25 millones de metros cuadrados con la infraestructura de los años 50. Buena parte de estas construcciones, sin embargo, han generado un desquicio urbano. Pero, a la vez, produjeron un encarecimiento general de la vivienda y de los alquileres, expulsando a los trabajadores hacia las villas (que han multiplicado por dos o por tres sus habitantes) o a zonas alejadas del Gran Buenos Aires.

La reorganización urbana y ambiental de la Ciudad plantea una cuestión de poder, es decir que es incompatible con los gobiernos que defienden al capital. Una salida de fondo requiere colocar la tierra urbana y las construcciones como parte de una planificación que compatibilice la vivienda popular con los espacios verdes, la infraestructura y el medio ambiente. Esa tarea la puede llevar adelante un gobierno de los trabajadores.