El domingo 26 de abril se incendió un taller textil clandestino ubicado en el barrio de Flores en las calles Pàez y Terrada. Dos niños de 5 y 10 años, que vivían en el lugar, murieron carbonizados. La salida del inmueble estaba tapiada, lo que también dificultó el trabajo de los bomberos. Resultaron heridas, además, cuatro personas, una de ellas del personal de bomberos.

 

En septiembre de 2014, La Alameda había denunciado en la Justicia y en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) que en el inmueble incendiado, junto a otros 30 locales, funcionaba un taller ilegal. La Protex derivó las denuncias a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad, quien respondió, una semana antes del siniestro, que no existía ninguna inspección de seguridad e higiene. Los vecinos del barrio y la comunidad boliviana también han llevado las denuncias a la Junta de la Comuna 7, que, a su vez, las deriva a la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

 

Pese a todas las denuncias realizadas al Gobierno de la Ciudad, gobierno nacional y la Justicia, los talleres clandestinos no paran de crecer amparados por el silencio del Estado. Según las estimaciones, llegan a 3.000 talleres clandestinos que funcionan en Flores, Floresta, Liniers, Mataderos, Lugano y Villa Crespo. Y la facturación del sector alcanza los 15.000 millones de pesos. Los costureros son, en muchos casos, víctimas de las redes de trata internacionales, que esclavizan a trabajadores de países limítrofes, hacinados en talleres con el régimen de “cama caliente” y con jornadas de hasta 18 horas de trabajo.

 

Estos talleres reciben pedidos de importantes marcas que tercerizan en ellos parte de su producción en la búsqueda de bajar sus costos laborales, gracias a las condiciones de superexplotación y a la evasión fiscal. Hace un año, la empresa Cheeky de la familia de Juliana Awada, la mujer de Macri, fue denunciada por trabajo esclavo. Por otra parte, la producción de estos talleres alimentan las mafias de la venta ilegal que dominan ferias como “La Salada” o en la Av. Avellaneda, mafias que también explotan a manteros y puesteros que buscan un medio de subsistencia.

 

La envergadura del negocio demuestra que la Ciudad es una gigantesca zona liberada para el trabajo esclavo que alimenta las ganancias de la industria textil legal e ilegal. Se revela un entramado mafioso entre el Estado, los tratantes de personas y los empresarios textiles que aprovechan la desesperación de los trabajadores para montar un gigantesco negocio.

 

En la Legislatura porteña, Marcelo Ramal presentó un pedido de citación de los funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo y de la AGC para que sean interpelados por los diputados y, de este modo, establecer el alcance de las responsabilidades políticas del amparo a la esclavitud laboral.

 

Apoyamos el reclamo de la familia y los vecinos que exigen justicia, el fin de la esclavitud y la erradicación de las mafias que lucran con ella.