Un conflicto gremial inicia a fines de diciembre de 2023 con el bloqueo de las cargas de los barcos por parte de trabajadores del Supa (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos) para impedir su descarga y su traslado hacia las plantas procesadoras, en el marco de medidas de fuerza por reclamos salariales, seguridad e higiene. Rápidamente, la Cafach (Cámara de la Flota Amarilla de Chubut) salió a denunciar la pérdida de 5 millones de dólares correspondientes a las cargas de langostino bloqueadas, de otros 125 millones por encontrarse paralizada la actividad y el daño ambiental causado por esas toneladas que ya no serían aptas para el consumo humano y que debían ser enterradas ya que habrían perdido la cadena de frio –responsabilizando a los trabajadores de ser los causantes de ello.

El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria hasta el 31 de enero y el conflicto se judicializó: el gobernador Ignacio Torres (Juntos por el Cambio), recién asumido, denunció penalmente al Supa por daño ambiental bajo el concepto de “ecocidio” y los empresarios denunciaron a dirigentes por extorsión y pedido de coimas. Andrés Arbeleche, secretario de Pesca, declaró en medios que los planteos eran ridículos, que no tenían consciencia y que no encontraban vinculación política. Voceros del Supa afirmaron que para evitar el brutal desenlace, los funcionarios provinciales intervinientes podrían haber exhortado a los empresarios pesqueros al cumplimiento de la ley y ordenar que las descargas las realicen otras empresas de estiba registradas que no estaban bajo medidas de fuerza. Sin embargo, esto no ocurrió y se culpó públicamente a los trabajadores del daño ambiental, de la pérdida millonaria y del desecho de alimentos.

La pesca es una de las actividades más importantes de la provincia: el mismo Torres se encargó personalmente de ir a negociar con Milei el retiro de un capítulo de la Ley Ómnibus que afectaba al sector pesquero con la suba de retenciones, dejando en claro su defensa de los intereses patronales y no así del resto de la población chubutense afectada por el andamiaje avasallante del proyecto próximo a tratarse en el Congreso. Es que la cercanía es evidente, el presidente de la flota amarilla Gustavo Gonzáles, ligado a diferentes casos de corrupción en el ámbito de la pesca, es hermano del diputado provincial oficialista Sergio Gonzáles, quien se limita a levantar la mano en el momento de la votación a gusto y piacere de su bloque, que pretende convertir a la Legislatura en una escribanía de gobierno haciendo uso de la mayoría automática y delegando cada vez más y más facultades al Ejecutivo.

El 27 de enero, los mismos grupos empresariales (Capip, Cafach –flota amarilla– y Conarpesa) decidieron paralizar la actividad en el Puerto de Rawson, divulgando un comunicado que aludía a la “falta de paz social sindical que dificulta el normal desarrollo de la actividad pesquera” y a “medidas de fuerza ilegitimas y extorsivas con pretensiones irrazonables”. Denunciaron reclamos salariales “irrazonables por encima de la inflación” e hicieron referencia a la pérdida de 5 millones de dólares en langostinos descartados (por la huelga del Supa del pasado 29 de diciembre) bajo la frase “no temen tirar a la basura los alimentos” y de otros 125 millones perdidos por la paralización de la actividad, demonizando los reclamos de los trabajadores y amenazando con la finalización de la temporada de zafra de langostino, siendo la actividad de la provincia que emplea a más trabajadores de forma directa.

Por su parte, otras entidades gremiales intervinientes como Stia (trabajadores y trabajadoras de las plantas procesadoras), Somu (obreros marítimos unidos), Siconara (conductores navales) y Pilotos de Pesca, emitieron un comunicado en el que solicitan al gobierno del Chubut su intervención a efectos de que la temporada de pesca en el Puerto Rawson pueda tener su continuidad, rechazando el lockout patronal por ser ilegítimo e injustificado dado que la actividad se venía desarrollando con normalidad antes de la medida de fuerza empresarial. Cabe destacar que en las plantas de procesamiento de pescado, los trabajadores y trabajadoras se encontraban en estado de asamblea permanente pero sin medidas de acción directa y aún así fue dictada la conciliación obligatoria.

En un clima de alta tensión, con denuncias cruzadas por negocios clandestinos que incluyen plantas de procesamiento no declaradas, drogas, permisos de pesca fraudulentos, coimas e irregularidades en los sindicatos, la actividad del puerto pesquero sigue paralizada y los perjudicados, como siempre, son los trabajadores de base de la pesca.

Desde el Partido Obrero repudiamos la demonización y criminalización de las luchas por mejores condiciones laborales y decimos abajo el lockout patronal llevado adelante por parte de los capitalistas de la pesca, que si se sostiene es también gracias a la complicidad del poder político, especialmente la del gobernador Torres. Que se cumplan ya mismo los reclamos de los trabajadores.