El cuadernogate va tomando la forma de una gran operación de encubrimiento, mediante un bisturí que salva a la clase capitalista y, en particular, al grupo Macri y a Techint. Bonadío ubicó el comienzo de la cartelización de la obra pública en 2008, aunque Wagner haya declarado que él mismo la dirigió desde 2005, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Claro, Franco Macri vendió Iecsa en 2007. Por otro lado, Paolo Rocca, que autoconfesó su participación, no sólo no es citado, sino que Macri lo acompañó a celebrar su jugosa participación en la explotación de Vaca Muerta. Al cierre de estas líneas, la escandalosa maniobra llevó a la Cámara de Apelaciones a indicar ampliar la investigación hasta 2005. La moneda está en el aire.

La “ley del arrepentido” en acción, como lo marcamos en oportunidad de su aprobación, es la puerta giratoria del gran capital. Los empresarios salen libres con compromiso de rebaja de penas, las cuales, en la medida que se mantengan en los límites del cohecho (coimas) y defraudación, son bajísimas. La asociación ilícita -de mayor penalización- se verá a quién afecta, si es que la mantienen en pie. Pero difícilmente se aplique a empresarios que se han presentado como “víctimas” de un sistema del que son autores intelectuales, mandantes y principales beneficiarios.

Aunque la larga mano de los monopolios imperialistas busque desplazamientos y aunque algunos grupos caigan -llámense Electroingeniería, Lázaro Báez o Cristóbal López-, la clase capitalista no puede estar en discusión. Por eso, Macri y Dietrich han dado garantía de salvar a las empresas a las cuales, además, les piden “colaboración”. Apuntan a penar a las “personas físicas” (los directivos) y no a las “jurídicas” (las empresas). Ya han pensado incluso en un simple sistema de multas a las empresas, cuyo tarifario podría ser el importe de las coimas que declararon. Negocio redondo, cuando facturaron sobreprecios y recálculos mediante licitaciones amañadas de valor incalculable, sobre obras que se estiman en cerca de 200 mil millones de dólares, sólo en el período kirchnerista. En el caso de Techint, habría puesto 1,9 millones de dólares para obtener la indemnización chavista por Sidor de 1.970 millones de dólares. Una multa así sería otro negoción. Para ayudar a este encubrimiento, la Afip ya ha dado garantías de no anular el blanqueo de capitales de las empresas involucradas, lo que constituye un auténtico caso de “seguridad jurídica”.

Pero las cosas se han complicado más todavía, debido a las restricciones crediticias que tienen internacionalmente las empresas acusadas de corrupción, lo que paraliza las nuevas obras que tienen financiamiento privado (sistema PPP). Para subsanar el inconveniente, están pergeñando un fondo específico (fideicomiso). Lo manejará el Banco de Inversión y Comercio Exterior que preside el fracasado ex ministro Cabrera, y ya tiene su primer aporte de 300 millones de dólares por parte del… Banco Nación. De la banca privada acreedora, por ahora, no hay noticia. Apuntemos que de la mágica Participación Público Privada y su endeudamiento estatal encubierto, estamos pasando a poner al Estado al frente del nuevo endeudamiento, como garante cierto, inmediato y aún aportante.

Pero la operación impunidad es más vasta. Y discutida. El PJ apuró en el Senado la ley de extinción de dominio, una norma que rige para delitos complejos y mayores, como narcotráfico, trata y corrupción. Pichetto y compañía le devolvieron a Diputados la pelota de la media sanción macro-massista, cambiada. Transformaron una norma en lo civil y comercial, en una de base penal, reformando el viejo artículo 23 del Código Penal que dispone el decomiso. El detalle clave introducido por los pejotistas, preocupados por el involucramiento de decenas de intendentes y gobernadores del kirchnerismo y de Cristina misma, es que al ser parte de la ley penal no puede aplicarse al “cuadernogate”, porque sería de carácter retroactivo. Otro bisturí, esta vez en manos de otra camarilla política socia de la patria contratista.

Pero aún cuando Diputados insista en el proyecto original, el Estado jamás recuperaría el saqueo. Es que los montos de las coimas, siendo millonarios, son menores. Las empresas, como mínimo desde la dictadura hasta acá, se han capitalizado no sólo mediante el mecanismo capitalista del trabajo no retribuido, sino mediante el saqueo al patrimonio público. La parte espuria es indivisible en empresas enriquecidas de la teta del Estado, desde Techint, pasando por Iecsa o Roggio, hasta Electroingeniería. Por otro lado, los bienes incautados por esta futura ley de extinción de dominio serían rematados o en el mejor de los casos, reprivatizados. Es lo que ha ocurrido con paquetes accionarios provenientes del narcotráfico en Colombia, donde rige una normativa similar.

La única y verdadera “extinción de dominio” es la nacionalización integral sin indemnización de las empresas involucradas y de la banca que fue vehículo del lavado y circulación del dinero espurio. Sólo así los argentinos recuperarían lo robado. Por otro lado, habría que proceder a la apertura de los libros, a la incautación de los bienes personales de los accionistas y directivos involucrados y asegurar la continuidad de las obras y empresas mediante el control obrero. Esta sería precisamente una de las tareas de una Asamblea Constituyente, como la que proponemos a partir de terminar con el régimen de saqueadores que constituyen macristas, kirchneristas y pejotistas. Con esta posición política y los instrumentos parlamentarios adecuados a la presentación de esta alternativa en el debate en Diputados, intervendremos para desnudar el operativo de encubrimiento en marcha, por parte de Bonadío y de todo el régimen que gobernó y gobierna con la patria contratista.