A pesar de la interesada defensa ensayada por sus promotores, la “causa de los cuadernos” ha quedado ensombrecida como resultado del escándalo D´Alessio-Stornelli.

Las pruebas reunidas por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, serían algo más que “estallidos de artificio”, como los llamó el periodista de La Nación que acercó las fotocopias del remisero Centeno a Comodoro Py. El sucinto informe girado por Ramos Padilla al procurador general sobre los delitos que se le imputan a Stornelli parece abrumador (ver aquí). Por mucho menos hay un reguero de ex funcionarios y empresarios en prisión preventiva por decisión del juez Bonadio. Para Ámbito (11/2), “los alcances del expediente que tiene en sus manos el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla pueden convertirse en un escándalo”. “No hubo otro supuesto caso de corrupción judicial más documentado hasta ahora desde el intento de coima a jueces de Casación, tras las primeras detenciones a la patota ferroviaria que comandaba José Pedraza” (ídem). Aquellas maniobras, recordemos, involucraban a la oficina encargada de sortear las causas, a un ex juez federal y a tres jueces de la Cámara de Casación, entre ellos Eduardo Riggi, aún en funciones. El sobreseimiento de Riggi fue el “último acto de servicio” del ex juez Oyarbide antes de su jubilación.  

A modo de contragolpe, Bonadio-Stornelli desenvainaron la “confesión” – luego de un largo periodo de ablande – del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, que el juez todavía “estudia” si incorporarlo al coro de arrepentidos. A propósito de estos, según la nota de Ámbito antes citada, corre el rumor “de que varios hombres de negocios, luego de confesar ante Stornelli, concurrieron a escribanos de confianza a documentar que declararon bajo presión y que ese documento sería la carta para mostrar ante un hipotético juicio oral. La llave para eso es la ausencia de registro fílmico de ninguna de las ´confesiones´, y la admisión de que las actas no contienen todo lo que se ´negocia´ con el imputado” (ibídem). El affaire D´Alessio-Stornelli podría convertirse finalmente en el salvoconducto de los empresarios para zafar de la “causa de los cuadernos”.

Si el resultado de todo esto es finalmente el desmoronamiento del flanco judicial del gobierno contra los K, está por verse. Por lo pronto, enturbia aún más un proceso judicial signado desde sus orígenes por la intervención de espías y operadores locales y extranjeros. Asimismo, el asunto ha puesto aún más en evidencia es el resquebrajamiento vertical del Poder Judicial – de la Corte para abajo – entre un sector que opera con el oficialismo y otro que sintoniza con su relevo a manos de alguna variante del pejotismo. Esta fractura del Estado podría estar anticipando un cambio de frente de la burguesía, quejosa del derrumbe del mercado interno, las tasas de interés siderales, los tarifazos, la presión impositiva y la postergación de la ´reforma laboral´.

Toda la cuestión es sobrevolada por las órdenes de prisión preventiva dictadas por Bonadio contra Cristina Fernández, que continúa acumulando llamados a indagatoria y procesamientos, algunos con inminente llegada a la instancia de juicio oral. Por el momento, CFK cuenta con el blindaje de sus pares peronistas en el Senado, pero existe una incesante presión – especialmente de los yanquis – por meterla presa y proscribirla del proceso electoral, como ocurrió con Lula Da Silva en Brasil, para allanar una victoria de Cambiemos.

Rechazamos las operaciones judiciales, orientadas a manipular el proceso político y planteamos la elección popular de jueces y fiscales. Las empresas K y M involucradas en la cartelización de la obra pública deben ser estatizadas, sin resarcimiento, bajo control de los trabajadores.    

Frente a la mugre de las camarillas capitalistas, la izquierda y la clase obrera deben emerger como alternativa con su propia fisonomía y programa.

 

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