El 26 de octubre, distintas organizaciones kirchneristas se movilizaron frente a la sede porteña de La Rural. El MTE de Grabois, Patria Grande, el Frente Popular Darío Santillán y ATE Capital, entre otros, se concentraron en el predio de Palermo bajo el lema de “defensa del Proyecto Artigas”. “Es una forma de democratizar la labor que tienen los pequeños productores y de poder pensar un consumo y una producción más responsables”, declaró Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital a Página/12. Los carteles con firma del mentado “Proyecto” postulan un “modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación”. Hemos criticado en Prensa Obrera el carácter farsesco de la escena montada en la estancia de la familia Etchevehere; estas organizaciones responderían que el tema va “más allá” de lo sucesorio. El argumento es remanido: una acción “simbólica” causa un “golpe de efecto” que “introduce” discusiones. El citado Catalano también señaló que "hay que realizar una reforma agraria" y que "es tiempo de que discutamos con seriedad este tema".

¿Cuál es el alcance programático de esta supuesta “reforma agraria” -o al menos del “modelo sostenible? El sitio web de Proyecto Artigas da pocas pistas al respecto. La invocación genérica al revolucionario del siglo XIX convive con un cuestionamiento al “desmonte, el uso de agrotóxicos, la contaminación de agua y suelos, el extractivismo [que] están destruyendo nuestra Casa Común”. Es curioso que estas organizaciones, todas kirchneristas, no partan del estado concreto de esos problemas en Argentina, teniendo en cuenta que ocuparon el poder durante 13 de los últimos 17 años. El balance es lapidario, pues los desmontes, el uso de agrotóxicos y el extractivismo crecieron significativamente en las últimas décadas. Gobiernos paradigmáticos por su filiación oficialista, como los de Formosa, Chaco o Entre Ríos -la provincia del caso Etchevehere- son denunciados en forma recurrente por el aval e impulso al agronegocio que devasta el ambiente. El conflicto de 2008, de hecho, no fue ninguna disputa entre “modelos”, sino más bien una pelea por la apropiación capitalista de la renta agraria en un contexto de crisis aguda.

Por otro lado, la referencia a una “reforma agraria” supone, a priori, algún plan de redistribución de la concentración de la tierra. Suena abusivo comparar a Artigas con lo que, hasta ahora, solo es el apoyo, en una pequeña porción de tierra, a una “heredera legítima”, como dijo Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán en el acto. Ahora bien; ¿hay algún planteo público para ir “más allá”? Las organizaciones no lo precisan, y si nos guiamos por las acciones del gobierno la respuesta es clara. Hoy mismo, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, se refirió a modificaciones previstas en la Ley de Tierras, señalando que “hay cuestiones que pueden ser repensadas en líneas que no extranjerice la tierra pero sí que habilite la inversión extranjera” (La Nación, 28/10). Evidentemente, ni cerca de una reforma agraria o algo que se le parezca.

La idea de una “puja interna” en el oficialismo respecto del “modelo agrario” también es un engaño; en junio pasado, “Gustavo Grobocopatel, Fernando ‘Chino’ Navarro y Enrique Palmeyro (director de Scholas Ocurrentes) firmaron un texto común en el marco de los encuentros promocionados por el programa nacional ‘Argentina armónica’, a cargo de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias”, que preside el dirigente del Movimiento Evita (prensaobrera.com, 12/06). Vale recordar que Scholas Ocurrentes es una organización impulsada por Bergoglio y el Vaticano, con lo cual no es aceptable que el papista Grabois finja demencia. Una “reforma agraria” en el marco de una “armonía” con Grobocopatel y de “búsqueda de marcos para inversiones extranjeras” no pasa de un dislate.

Como si lo dicho no bastara, la carta de Cristina Fernández de Kirchner pone definitivamente fuera de foco cualquier impulso a “otro modelo” agrario. El mensaje de CFK es muy claro respecto de la necesidad de un “acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina”. La jefa política de la pretendida ala izquierda del gobierno es muy clara respecto del carácter explosivo de la crisis en curso y hace un llamado inequívoco a “ponerse en caja” mediante un pacto que “calme” al capital financiero internacional y al FMI. Sin siquiera entrar en la posible viabilidad de ese emprendimiento para contener la magnitud de los desequilibrios en curso, es obvio que el rumbo del gobierno no tiene nada que ver con la “radicalización” ni los “ataques a la propiedad privada”. Esos fuegos de artificio en los medios solo ilustran el desconcierto de la burguesía y sus choques internos respecto de una “salida” que implicará quiebras, cierres y colapsos de diverso tipo.

La función política del operativo comandado por Grabois y compañía debe ser denunciada. Por enésima vez, se busca contener “por izquierda” a todo un sector de activistas, que desvían la atención de los problemas reales que tienen las masas en nombre de querellas de otras clases sociales. Por eso, los argumentos son conservadores y no salen nunca de la defensa del orden existente -"Dolores es legítima heredera”. Peor aún, se colocan en el centro de la escena los “derechos” para una mujer oligarca, mientras las mismas organizaciones dan la espalda a las mujeres de Guernica, que no pueden reclamar propiedad alguna porque el sistema las despoja de todo. Para la militancia con ansias transformadoras, esta vía es un callejón sin salida. No solo porque la línea de “disputar internamente” la orientación de un movimiento burgués ya fracasó en el pasado, sino también por el análisis concreto de la situación actual. En el pasado, el kirchnerismo parió a los Lázaro Báez, un megaterrateniente de la Patagonia que nada tiene que ver con “un modelo sostenible”. Ahora, la crisis del gobierno es enorme, pero nadie en su interior pone en cuestión el acuerdo con el FMI, su presupuesto de ajuste y la búsqueda desesperada de un compromiso con la clase capitalista a costa de las masas, mientras crecen la pobreza, el desempleo y la desvalorización del salario.

En nuestra opinión, un “modelo alternativo” agroecológico sin enfrentar al capitalismo es, en el mejor de los casos, una ilusión. Pero, incluso sin llegar a ese acuerdo con otros compañeros y compañeras, podemos luchar en común contra la política agraria del gran capital mientras debatimos la salida; el requisito para poder desarrollar esa lucha es la completa independencia del gobierno que rebaja las retenciones a los sojeros y mineras. Por nuestra parte, ofrecemos un programa que está en las antípodas de la política de quienes gobernaron en los últimos años (kirchneristas y macristas), que incluye la nacionalización del comercio exterior y la apertura de los libros de toda la cadena de producción y comercialización agropecuaria para terminar con la especulación de precios que afecta a los pequeños productores y encarece el costo de vida de las familias trabajadoras. A la vez, la nacionalización y centralización de la banca, bajo control obrero. Es imperioso expropiar la gran propiedad terrateniente y las tierras ociosas, para ponerlas a disposición de un plan económico debatido y dirigido por la clase obrera.