Según las declaraciones de los voceros oficialistas, esta semana comenzará el tratamiento parlamentario del impuesto extraordinario a los grandes patrimonios. La dilatación de un mes y medio en la presentación del proyecto de ley obedeció a que el gobierno nacional evitó cualquier situación que pudiese convertirse en un obstáculo en la negociación con los bonistas para establecer las condiciones de repago de la deuda externa.

Este lineamiento central de la política oficial es también un infranqueable condicionante del propio proyecto, que finalmente -como detallamos abajo- dejaría exentos no solo a las empresas si no también la tenencia de títulos de deuda. En última instancia, en la medida en que los fondos públicos están a disposición del rescate de la deuda, cualquier ahorro presupuestario (en este caso cubrir la partida de salud con un impuesto extra) no hace más que liberar caja para, por ejemplo, pagar los vencimientos con el Club de París u ofrecer un cupón que lubrique un acuerdo con los bonistas.

En este terreno, el Frente de Izquierda contrasta no solo por plantear un verdadero impuesto sobre la riqueza y las ganancias de los capitalistas para afrontar la crisis sanitaria y social, sino además porque une esta posición a una salida estratégica para que la crisis no la paguen los trabajadores, partiendo en primer lugar del repudio a la deuda usuraria y fraudulenta.

Sobre la base de esta distinción esencial, pasemos ahora a comparar, blanco sobre negro, el proyecto del bloque del Frente de Todos, armado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, con la iniciativa ya presentada por los diputados del Frente de Izquierda, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño.

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Base patrimonial

El primer contraste surge del hecho de que el proyecto oficial abarcaría únicamente a personas físicas, mientras que el del Frente de Izquierda contempla además a las personas jurídicas, fideicomisos, fondos comunes de inversión, sociedades y empresas privadas o mixtas de origen nacional o extranjero. En definitiva, solo el segundo es un verdadero impuesto a los capitalistas.

Si bien faltan conocerse los detalles, estaría confirmado que el proyecto con aval presidencial establece un gravamen por única vez sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, lo que según datos de la AFIP implica un universo de 12.000 contribuyentes. Ese cálculo toma los patrimonios de manera devaluada, porque los propietarios de esas fortunas se valen de innumerables mecanismos para evadir al fisco y evitar declarar su verdadero patrimonio, y además se considera la valuación fiscal de los inmuebles y no su valor de mercado. De esta manera, no se esclarece la verdadera capacidad contributiva de los dueños de la riqueza.

El del FIT, en cambio, fija el piso patrimonial alcanzado por el impuesto en 100 millones, pero a diferencia del primero incluye en el cálculo las tenencias accionarias o participaciones societarias –donde invierten la riqueza los capitalistas. Además, grava a las entidades financieras y bancarias del sector privado, los beneficios empresariales y rentas de capital que superen los 65 millones, la gran propiedad terrateniente a partir de las 5.000 hectáreas, y las viviendas que hayan permanecido ociosas los últimos 12 meses cuyo valor de mercado supere los 30 millones de pesos.

El impuesto

El Frente de Todos brega por una tasa que va del 2% sobre los patrimonios de entre 200 y 400 millones de pesos, y aumenta hasta alcanzar el 3,5% sobre aquellos mayores a los 3.000 millones.

La izquierda va por un gravamen progresivo a las fortunas partiendo de una tasa del 5% para los patrimonios entre 100 y 600 millones de pesos, para llegar en último término a una alícuota del 15% sobre los que superen los 50.000 millones. La tasa a las ganancias bancarias es del 20% sobre el resultado neto del ejercicio de los últimos 12 meses, mientras que las tasas fijadas a las rentas de las empresas arranca en 10% y suben progresivamente hasta ser del 20% en aquellas superiores a los 1.000 millones de pesos. Luego, para el caso de los terratenientes se fija el 5% sobre el valor total de la tierra, y para los propietarios de viviendas ociosas llega al 5% cuando la valuación de mercado supere los 50 millones.

La recaudación

La versión K, conforme los propios impulsores (que, recordemos, hicieron bajar el proyecto que habían firmado los sindicalistas Hugo Yasky y Facundo Moyano), apunta a recolectar con su implementación un ingreso fiscal extra de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. En el mejor de los casos, se ubica por debajo de la emisión monetaria de solo un mes -con la que el gobierno viene cubriendo el déficit y los pagos de la deuda nominada en moneda nacional.

Aquí se aprecia la abismal diferencia con la iniciativa de la bancada del FIT, que ya reunió la adhesión de 500 intelectuales y referentes del movimiento obrero. En este caso la recaudación sería de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Con ello se establece la creación de un Fondo Especial de Emergencia destinado a financiar la provisión de equipamiento e insumos a los hospitales, la compra y producción de elementos de higiene, la contratación de personal de salud, un salario mínimo de cuarentena de 30.000 pesos para todos los trabajadores que se hayan quedado sin ingresos, y la primera etapa de un plan de construcción de 100.000 viviendas por año.

Control popular

Para garantizar la ejecución de este plan de mitigación de las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia, el proyecto presentado por Del Plá y Del Caño fija la creación de un Comité de Control, Monitoreo y Seguimiento compuesto por trabajadores electos de la salud, especialistas y técnicos de universidades públicas, del Instituto Nacional de la Vivienda y de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es un planteo de control popular.

La presentación kirchnerista, con estos límites, es apenas un taparrabos de una política que está consumiendo el fisco en el pago de la deuda y liquidando los fondos previsionales para otorgar subsidios y exenciones a casi todas las grandes empresas del país. Sin ir más lejos, mientras cacarea sobre la necesidad de buscar un aporte extra de quienes tienen mayor capacidad contributiva, el gobierno viene de alargar los plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los saldos correspondientes al Impuesto a las Ganancias, el de Bienes Personales y el Impuesto Cedular. El ajuste sigue recayendo sobre las familias trabajadoras.

Vamos a una gran campaña por la sanción del proyecto del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que establezca un verdadero impuesto a las grandes rentas fortunas en beneficio de la clase trabajadora.