La renegociación de la deuda parece ir arribando a su capítulo decisivo.

 

El gobierno mejoró significativamente su propuesta de canje. La última oferta se calcula en un valor de salida de 53 dólares cada lámina, contra los 40 de la realizada en abril: una mejora de un tercio. Ello a partir de un adelantamiento en el pago de los cupones, que implicaría obligaciones por unos 3.800 millones de dólares antes de finalizar el mandato, en lugar de los 300 de la propuesta inicial; las tasas de interés promedio se ubican por encima del 3%, en lugar del 2,6% de abril; y un “premio” para los bonistas que ingresen ahora al canje, a través de un mayor pago de los intereses devengados. Alberto Fernández y Martín Guzmán habrían aceptado también mantener sin “cláusulas antibuitres” los bonos que carecían de ellas, que son los emitidos por la reestructuración de Kirchner-Lavagna.

 

Pero esto no termina de conformar al sector más “duro” de los bonistas, liderado por BlackRock y Ashmore, que respondió con un comunicado alegando no tener intercambio alguno con el gobierno desde el 17 de junio. La apuesta del gobierno es sumar una masa crítica de adherentes entre los bonistas para dejar aislado a los fondos más duros, y empujarlos a aceptar. Ejecutivos y economistas han advertido sin embargo que no se aventure a presentar la propuesta sin el aval asegurado, porque iría de nuevo al fracaso. El apriete continúa.

 

Es que el recule del gobierno, cediendo a varias peticiones de los bonistas, los ha envalentonado para ir por todo. Como lo definió el padrino académico de Guzmán, Joseph Stiglitz, estos fondos “están demandando cerca del 100% de lo que se les debe”. Este comité de acreedores Ad Hoc puso sobre la mesa de negociaciones “exigencias inaceptables” que van desde que todos los nuevos bonos sean como el contrato del canje 2005, sin mecanismos antibuitres que limiten las posibilidades de litigar a los bonistas, y la potestad de embargar en caso de default nada menos que cajas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

 

Hay más. Según el último editorial de Carlos Pagni en La Nación, estos bonistas también exigen que “en caso de default, paguen una tasa adicional de 2%; que el 50% de los fondos que obtenga el país en el mercado financiero se destine a la recompra de deuda; que si la Argentina no pasa el examen periódico del capítulo IV de la Carta del Fondo, ese aplazo sea considerado un default”. Sería muy difícil encontrar un antecedente de semejante colonización.

 

En el mercado descuentan que se trata de una pose para negociar. Lo que domina esa negociación son las “garantías” de pago, es decir el “programa económico” con que se garantizará el repago. Detrás de la oferta de “endulzantes” a la oferta de canje, es decir los cupones que podrían estar atados al crecimiento del PBI, de las exportaciones o a la baja del riesgo país, lo que se ejecuta es la imposición de que las cuentas nacionales estén monitoreadas por el FMI. La función del organismo será supervisar que se lleve adelante el programa económico necesario, lo que en términos concretos será un ajuste que deteriorará significativamente las condiciones de vida de los argentinos y sobre todo la liquidación de conquistas históricas de los trabajadores.

 

Este es el punto clave. Desde el entorno de Alberto Fernández han festejado el “apoyo” brindado por la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, quien afirmó que “haremos todo lo posible para apoyar un programa de reforma económica para Argentina que sea bueno para el crecimiento, bueno para el sector privado, porque es el sector privado el que genera los trabajos que el país necesita”. Finalmente, lo que importa al FMI es que el gobierno selle un acuerdo con los bonistas para empezar la negociación por los 44.000 millones de dólares que se deben al organismo multilateral (con intereses por otros 5.000 millones más).

 

Como la apuesta oficial es despejar el perfil de vencimientos, Fernández y Guzmán deberían aceptar un programa de “facilidades extendidas” del Fondo, que son los que incluyen la obligación de llevar adelante las “reformas estructurales”. Ahí es donde cobrará forma concreta el precio que el pueblo argentino deberá pagar por este rescate de la deuda externa. El zarpazo a las jubilaciones ocupa un rol fundamental entre esas reformas, dentro de la cual el congelamiento de la movilidad es solo un anticipo. La exclusión del IFE de la mitad de cinco millones de beneficiarios y el desdoblamiento del cobro del aguinaldo también se pueden contar como adelantos de lo que se viene. Una reforma laboral flexibilizadora será otro de los elementos principales del programa económico “bueno para el sector privado” del que habla Georgieva.

 

Ello ni siquiera sería el punto final. Luego de todo esto vendrá el canje de 15.000 millones de dólares emitidos bajo ley local. Mientras tanto, la cartera de Guzmán se entusiasma porque las licitaciones de títulos en pesos superan el monto de los vencimientos que busca refinanciar, porque de sostenerse le permitiría recolectar fondos para cubrir el déficit que no provengan del Banco Central, de donde ya tomó más de un billón de pesos en lo que va del año. En definitiva, la deuda sigue creciendo. El anuncio de que emitirá bonos en dólares para que puedan realizar sus ganancias los que apostaron a la “timba financiera” durante el macrismo es otro indicio de que la hipoteca, en lugar de achicarse, se agranda.

 

La única sustentabilidad que va a estar asegurada es la de las ganancias de los lobos de Wall Street. Para los trabajadores redundará en un ajuste de proporciones “estructurales”, que probablemente derive más temprano que tarde en un nuevo quebranto nacional. Finalmente, gran parte de la deuda que hoy se renegocia es la que proviene de los rescates de los bonos defaulteados en 2001, desde el canje de 2005 hasta el pacto buitre de 2016. Para salir de este espiral de fraudes contra el país, que intentarán hacer pagar a los trabajadores, es que planteamos la investigación y el repudio de toda esta hipoteca.

https://www.prensaobrera.com/politicas/71661-el-capitulo-decisivo-de-un-nuevo-pacto-buitre