Si alguna vez señalamos que el gobierno necesita destruir las instituciones para recomponer la autoridad política del Estado, el llamado “megaplan” de seguridad releva de cualquier prueba al respecto: la confesión de parte es abrumadora. Por lo demás, llega tarde, cuando las encuestas indican una caída de 21 puntos en el nivel de popularidad del presidente respecto de marzo: una caída en picada, un tirabuzón, como dicen los aviadores. Se termina la “luna de miel”.

En principio, el “megaplan” tiene su eje en la modificación de la ley de seguridad interior para crear una suerte de FBI a la norteamericana con la Policía Federal, la Gendarmería y Prefectura Naval. Por ahora no se habla de la intervención militar directa, pero se la tiene en carpeta: el Ejército daría “apoyo logístico” a esa fuerza federal. Pero la jurisdicción de esa “agencia federal de investigaciones y seguridad” obligaría no sólo a modificar la ley de seguridad interior, sino la Constitución Nacional (las de 1853 y 1994) por cuanto elimina las soberanías provinciales y el sistema federal.

Alguien dirá que el artículo 24 del proyecto dice que las fuerzas estatales únicamente podrán emplearse a requerimiento de los gobiernos provinciales, pero en ese caso nada cambia. También hoy los gobiernos provinciales piden a gritos la presencia de Gendarmería o de Prefectura, o de ambas, en cuanto las protestas sociales desbordan a las policías del lugar.

Pero, en verdad, esa fuerza combinada ya actúa y desde hace tiempo. Por ejemplo, dos comisarios generales de la PFA, uno de ellos jefe de la División Antisecuestros, fueron relevados y detenidos junto con un subcomisario de la comisaría 23ª, porque los tres tenían vínculos directos —desprendidos de escuchas telefónicas— con Jorge Daniel Sagorsky, uno de los capos de la mafia que comercia autos robados en la calle Warnes, preso por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg. La “agencia federal” se completa con el hecho de haberse comprobado que los secuestradores del muchacho tenían zona liberada en Moreno, y por eso las denuncias de los vecinos fueron desoídas. Vecinos, además, aterrorizados por la patota de calle de la comisaría del barrio.

La “agencia federal”, por tanto, ya existe y es una enorme organización mafiosa, integrada, además de la policía, por toda una red de punteros políticos, intendentes y jueces. Ahora, abiertamente, también por Aníbal Ibarra, quien puso el grito en el cielo cuando quisieron tocarle la quinta de “su” Policía Federal. Del otro lado de la General Paz, los de la Bonaerense dejaron saber que “vamos a cagar a tiros” a cualquier agente de la PFA que pise su territorio sin la debida autorización. La “agencia federal” tiene sus reglas…

 

No me toques el dinero

Prensa Obrera advirtió en su momento que el superávit fiscal, lejos de atenuar la crisis, se convirtió en terreno de disputa ruin por el reparto de ese excedente. Ahora, dice La Nación (20/4) que los gobernadores salieron de su reunión con Gustavo Béliz dispuestos a sabotear el “megaplan” si el Ejecutivo nacional pretende tocarles sus partidas de coparticipación para crear un fondo fiduciario que financie el proyecto sobre seguridad. Y se trata, digamos, de un presupuesto de 600 millones de pesos anuales, mientas sólo Felipe Solá, lejos de ofrecer aportes, exige de la Nación 1.000 millones de pesos para mejorar sus servicios de policía. “El mecanismo debe ser a la inversa. Tienen que enviarnos fondos para hacer las reformas”, declaró Jorge Obeid. “No hay plata para la nafta de los patrulleros”, recordó un camarista. En definitiva, toda la reforma promete transformarse en un enorme aborto, que puede tener para el gobierno un costo impredecible.

Pero, detrás de todo el asunto, hay un contrabando político gracioso: “La reforma anunciada contiene el fin de las listas sábana, el voto electrónico y una firme reglamentación de las campañas electorales y de su financiación”, dice Joaquín Morales Solá (La Nación, 21/4).

En definitiva, la cosa hiede. El proyecto, por ejemplo, se propone “elevar al Congreso una ley que castigue el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos provenientes del crimen organizado”. Si eso fuera así debería empezarse, por ejemplo, por el Citibank, que ya durante la crisis mexicana del “tequila” dejó al descubierto su condición de gran centro mundial de lavado de dinero mediante mesas paralelas de todo tipo. Sin embargo, el gobierno se inclina ante el Citibank, de modo que el asunto no es para ellos. Por lo demás, cuando habla de “terrorismo” un gobierno que piensa enviar tropas a Haití para descomprimir la campaña terrorista de Bush en Irak, lo mejor es agarrarse los bolsillos.

 

La iniciativa piquetera

La Asamblea Nacional de Trabajadores ha tomado una iniciativa excelente: acompañar la marcha de este jueves a Tribunales por la cuestión de la inseguridad. Lo hará con sus propias consignas: la lucha contra el hambre y la policía del gatillo fácil se encuentran entre las primeras, y a la cabeza de la marcha estarán los familiares de las víctimas de la mafia policial, organizadora del delito a gran escala.

Esa iniciativa ha sido criticada, entre otros, por Jorge Ceballos, de Barrios de Pie, que en este caso desarrolla un nuevo y enorme esfuerzo por mostrarse oficialista a cambio de nada. Según Ceballos, “la derecha fascista está utilizando el dolor de la sociedad” (La Nación, 20/4).

Corresponde decir ante todo que el fascismo no es otra cosa que la movilización organizada de la pequeña burguesía contra los trabajadores, en este caso principalmente contra el movimiento piquetero. Pero ése, compañeros de Barrios de Pie, es el intento permanente del gobierno que ustedes respaldan, y las medidas fascistoides del “megaplan”, como la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la transformación de las cárceles en campos de concentración con manos de obra esclava (“casas del terror” las llamaba Marx) no es una propuesta de la ANT sino del gobierno que ustedes aplauden. Cuidado, que el fascismo no está donde ustedes miran.

El movimiento obrero —esto es, el movimiento piquetero— está obligado a tomar en sus manos los problemas de toda la nación oprimida y a darles su propia respuesta, su propia salida. Los diarios hablan del temor del gobierno a “otro 2001” por el problema de la seguridad. No temen en vano: el Argentinazo está presente en cada manifestación de masas. Se trata, por tanto, de reconstituir las asambleas populares y de vincular esas asambleas con el control obrero sobre todos los ámbitos de la vida social. Por eso la ANT y el Bloque Piquetero se proponen meter mano en el asunto con toda decisión. Esa es la única mano dura posible y eficaz, porque se dirigirá contra el meollo de toda la inmundicia que nos asfixia y nos mata.