20/04/2020

Cuarentena a medida… de los empresarios

Las patronales meten la cola por medio de los gobernadores..

Con la publicación de la Decisión Administrativa 524/20 del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el gobierno nacional adiciona unas 11 nuevas actividades exceptuadas de la cuarentena, sumando un total de 59 actividades desde el inicio del aislamiento social obligatorio hace ya un mes. Las nuevas disposiciones colocan un amplio margen de discrecionalidad en mano de los gobernadores, quienes a su vez expresan las presiones de los principales negocios capitalistas en sus provincias: la flexibilización no responde a una nueva etapa en la lucha contra la pandemia, sino al lobby de los empresarios por retomar sus actividades.


La medida surge como resultado de entrevistas de los gobernadores y los intendentes de todo el país con el gobierno nacional, y de distintas solicitudes que fueron expresando los mismos en los últimos días. Las únicas excepciones son las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, cuyos mandatarios no realizaron presentaciones y requerimientos, por lo que no integran el ámbito de aplicación de esta nueva resolución.


Esta resolución tiene lugar en el marco de las presiones de los empresarios por retomar el normal funcionamiento de sus actividades y volver a poner en marcha sus negocios. Así los expresan el carácter de las solicitudes de los gobernadores. El salteño Gustavo Sáenz reclamó por la reactivación de la industria de las tabacaleras; Gustavo Melella, de Tierra del fuego, hizo lo mismo por la industria electrónica; en Misiones fue el caso de las productoras de yerba mate, producción forestal y aserraderos. Los intendentes también se sumaron a la partida: Montenegro, del distrito de Gral. Pueyrredón aboga por las ventas de las electrónicas, producción y venta de calefactores y termotanques, etc.; Zamora, de Tigre, va por todo y pide por 160 empresas e industrias, entre ellas construcción, automotrices, plásticas, navales. Gran parte de las comunas bonaerenses presionaron por la apertura de los comercios, lo cual dio lugar a cierta flexibilización a través del comercio electrónico y los deliverys.


Los alcances de la Decisión promulgada son aún mayores ya que amplía la discrecionalidad de los gobernadores respecto a actividades exceptuadas previamente. Ahí se inscriben los reclamos del lobby minero (San Juan), los agroexportadores (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba), productores de citrus (Corrientes y Entre Ríos), empresarios de la vid y el oliva (provincias del Cuyo), etc.


La mención genérica a la excepción respecto a la “producción para la exportación” y a la reactivación de “procesos industriales específicos”, todo siempre con previa autorización del Ejecutivo nacional, da cuenta de que los alcances de la medida aún no han sido precisados, y que la misma podría extenderse a un importante número de actividades. El artículo 3 de la Decisión coloca la reglamentación de estas excepciones bajo la jurisdicción de cada provincia, por lo que da riendas libres a los gobernadores para establecer zonas geográficas enteras y actividades (principales y derivadas) exceptuadas de la cuarentena.


Otro punto que no se privaron de incorporar es el relativo al funcionamiento de los establecimientos encargados de la cobranza de servicios e impuestos, así como las oficinas de rentas de provincias, municipios y CABA. Al margen del lobby patronal, también tiene su peso las presiones por recomponer la recaudación fiscal golpeada por la crisis. Incluso a pesar que la población asista a la cuarentena con una economía de subsistencia.


El sustrato de estas medidas de flexibilización geográfica y por actividad es el de una apertura de la cuarentena por tanteo. Así, el gobierno sería más permisivo con aquellas provincias o localidades que aún no hayan manifestado casos de contagio y se mostraría más “severo” con los centros urbanos y principalmente con el AMBA. Si bien esa severidad también discrimina respecto de si se trata de empresarios o trabajadores: ya hemos visto que el gobierno no aplica sanciones con la misma vara, y que incluso casi no aplica sanción alguna para con los empresarios. Se trata de una política de ensayo y error cuyo propósito es ir retomando la actividad económica en medio de la pandemia. Una política riesgosa ya que se actúa bajo prematuramente exponiendo a sectores enteros al contagio, mismo método con el cual comenzó la propagación de esta pandemia.


Más que nunca vuelve a colocarse la necesidad de un control obrero y popular de esta crisis, cuyas decisiones estén fundadas en un comité de especialistas y trabajadores y no bajo la presión de los grupos capitalistas y sus negocios.



 



 

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