El ferroviario Osvaldo Ramírez se desempeñó durante 38 años en el ferrocarril, hasta su privatización. Fue despedido y ya con 60 años no cosiguió luego trabajo. Varios meses después, en noviembre del año pasado, tuvo un accidente fatal. Su esposa inició el trámite de pensión. No prosperó. A la viuda de Ramírez no le corresponde la pensión por fallecimiento.

Los 40 años de aportes no le dan derecho a nada. ¿Por qué? La nueva ley previsional establece que el trabajador, afiliado al sistema público o privado, que no registre 6 aportes en los últimos 12 meses, es aportante irregular y no tiene derecho al cobro de la pensión por invalidez y muerte. En la ley anterior, el derecho a la pensión regía hasta 5 años después del último aporte.

De este modo, millones de desocupados y subocupados –30% de la población activa, equivalente a 4.000.000 de trabajadores– carecen por completo de toda cobertura jubilatoria. El trabajador más desprotegido y necesitado –el que está desocupado–  está al margen de toda “seguridad social”.

Como está desocupado y no aporta, en el futuro no tendrá jubilación o su haber será muy bajo. No tener sueldo, hoy, equivale a no tener jubilación o un haber de miseria en la vejez.

Además, si por una enfermedad o accidente el trabajador quedara incapacitado, no tiene derecho a la pensión por invalidez. Si fallece, su esposa e hijos no tienen derecho a la pensión por fallecimiento.

La “nueva” jubilación es una estafa completa porque le obliga al trabajador a aportar una parte de su salario –el 11%–, quitándole la cobertura de pensión para el período que más lo necesita, cuando está desocupado.

Como la tendencia es a la desocupación creciente, la mitad de la clase trabajadora se quedará sin cobertura previsional. La privatización de la jubilación ha concluido en la eliminación de la previsión social.

El Partido Obrero plantea la derogación de la actual ley previsional y la expropiación sin pago de las AFJP. El PO propugna una ley de jubilaciones con el 82% móvil y cobertura universal de la invalidez y fallecimiento, sobre la base del financiamiento exclusivamente patronal, en un régimen administrado por trabajadores y jubilados.