El 10 de febrero hubo una violenta represión en el límite de la provincia de Buenos Aires con La Pampa, dirigida por Juan Carlos Tierno, ministro de Seguridad pampeano. Con un pelotón de la policía y topadoras, Tierno ingresó en territorio bonaerense para derrumbar un terraplén y abrir un canal en plena ruta 188.

El objetivo era liberar una masa de agua de los ríos Salado y Quinto que amenazaban a La Pampa. Esta acción anegaría muchas hectáreas de General Villegas, Rivadavia y Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires.

El ministro cargó con su policía garroteando y disparándoles con posta de goma a vecinos que con sus familias se negaban a que se rompieran los terraplenes que los protegen de las inundaciones.

La Agepeba (Periodismo y Comunicación UNLP) tituló “Vidal permite la represión en Buenos Aires con tal que Macri no pierda un aliado en el Congreso”. Por su parte, laarena.com informó que “el intendente de Rivadavia, Javier Reynoso, de Cambiemos, se quejó de Tierno y señaló que 'si Vidal no atiende al gobernador Verna (PJ) La Pampa, ¿qué culpa tienen los vecinos de Sauze y Sansinena, que van, les meten bala y les inundan el pueblo?”.

El conflicto interprovincial por dominar el curso de las aguas es producto del fracaso histórico de los planes maestros de la Cuenca del Río Salado (CRS) destinados a obras hídricas que, desde más de cuatro décadas, no avanzan a pesar que esa cuenca tiene 17 millones de hectáreas que conforman el corazón agrícola-ganadero y el 25% de la producción nacional. No obstante, la región fue convertida en zona de desastre social.

Dentro de los factores concurrentes que aportan a la inundación y a los desastres hay que reconocer: 1) los ciclos climáticos (lluvias, inundaciones, sequias) pésimamente manejados; 2) desde los ’70 la innovación tecnológica transgénica de soja y maíz y la siembra directa (que evita retirar los rastrojos de la cosecha anterior y siembra sobre ellos); 3) el uso de agroquímicos, y 4) el pool de siembras que privilegia ganancias y no conserva el suelo como recurso natural. A todos los concurrentes hay que añadir obras anárquicas que aportaron a consolidar un suelo con poca absorción.

Desde por lo menos 1972 se manipuló el desvío de masas importantes de agua a través de la construcción de canales oficiales y clandestinos que favorecieron en general a grandes propietarios. Los gobiernos obtuvieron millones de dólares en créditos internacionales e impuestos hídricos que se malversaron, y las obras fueron parches que destartalaron al erario público e invirtieron muchas horas de trabajo sin ningún resultado.

Necesitamos obras bajo control obrero y de los vecinos con fondos genuinos provenientes de un impuesto a los propietarios de más de 500 hectáreas.