El pasado sábado 25 Danilo Marcieri, de 20 años y trabajador de reparto de la empresa PedidosYa, perdió la vida a causa de un robo en el distrito bonaerense de Quilmes mientras se dirigía a realizar una entrega con su motocicleta. Este nuevo crimen vuelve a exponer la situación de vulnerabilidad y precarización de los trabajadores de las aplicaciones de reparto y la responsabilidad de los gobiernos nacional, provincial y municipal.

Danilo trabajaba para la plataforma de reparto de PedidosYa, como otros cientos de jóvenes trabajadores que acceden a este empleo obligados por las necesidades económicas. Su muerte generó una reacción de sus compañeros de trabajo, quienes se movilizaron y cortaron la Autopista La Plata –Buenos Aires durante horas.

Detrás del crimen sufrido por Danilo en la intersección de la calle Zapiola y la número 162, en el barrio La Cañada, de Bernal (Quilmes), persiste una realidad que se impone contra cientos de trabajadores de reparto y que los expone a estas situaciones de riesgo.

Las plataformas de reparto como PedidosYa imponen un régimen de ultraprecarización a sus trabajadores, partiendo del no reconocimiento de la relación laboral y lo que eso implica en la ausencia de derechos laborales fundamentales y de seguros contra siniestros y robos (ART, obra social, derecho de agremiarse y elegir representantes, etc.).

Las y los repartidores como Danilo están obligados a aceptar las entregas que la plataforma les ordena bajo el riesgo de ser sancionados o suspendidos ante la negativa. Esto los obliga a realizar repartos en lugares que de antemano se sabe que son zonas liberadas por las fuerzas policiales, poniendo en riesgo su vida para poder llegar a fin de mes y no ser reprendidos por las empresas.

Pero las patronales de las plataformas de reparto solo se hacen cargo de las ganancias y no se responsabilizan de las consecuencias de su propia política: robos de las herramientas de los trabajadores, accidentes viales, licencias por enfermedad, etc.

Mayra pide mano dura

El otro aspecto del problema es el relativo a las declaraciones de la intendenta Mayra Mendoza, quien suele posar como referente “progresista” del kirchnerismo, pero que exime de responsabilidad a la policía bonaerense y las zonas liberadas, y carga las tintas contra el eslabón más débil de la cadena, sin hacerse cargo tampoco de la responsabilidad directa que le compete en la coordinación distrital con las fuerzas provinciales y desde la Secretaría de Seguridad distrital.

“Hay lugares y zonas donde nos toca un pedido y por ahí no podemos ni retirarlo ni llevarlo porque no podemos mandarnos. Es literalmente tierra de nadie”, indicó uno de los trabajadores que se manifestó por el hecho (TN, 27/02).

“Acá la policía no hace nada. Mientras mataban a mi compañero, la motorizada estaba parando a los motociclistas a pocas cuadras. Lo único que hacen es perseguirnos a los que estamos trabajando”, puso de manifiesto Matías Castro, compañero de Danilo (Idem).

Mayra Mendoza, en cambio, utilizó el libreto de la derecha para señalar que los detenidos –entre ellos un menor de 15 años- “tienen que estar presos. No podemos tolerar que entren y salgan sin hacerse responsables de sus actos”, agregando que la Municipalidad se presentará como querellante contra los implicados, pero sin abrir ninguna investigación sobre la “maldita policía” y sus negocios.

Es que el hecho sucedió apenas a cinco cuadras de la comisaría quinta de Quilmes, y se suma a una oleada delictiva que difícilmente pueda pasar por alto la responsabilidad policial.

Los trabajadores de reparto denunciaron que existe un negocio de las fuerzas policiales con el robo y comercialización de motocicletas, con zonas liberadas y la complicidad de la Justicia. Y que la intendenta no quiere dar la cara ante estas denuncias. Además de que fueron amenazados por la secretaria de Seguridad de Sergio Berni.

El gobierno municipal de Mayra Mendoza y el provincial de Axel Kicillof son responsables del accionar y la complicidad con las fuerzas de (in)seguridad en el distrito. A su vez, el gobierno nacional también es responsable de avalar el régimen de precariedad de las plataformas de reparto que fuerza a sus trabajadores a exponerse a estas situaciones de riesgo.

Deben investigarse las responsabilidades políticas de este crimen contra un trabajador, y el vínculo insoslayable entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, y terminar con la precarización laboral por medio del reconocimiento de la relación laboral de los repartidores y los derechos correspondientes.