1987 concluyó con dos planteamientos militares. En ambos, el gobierno capituló en toda la línea. El primero fue en torno de Astiz. El Almirantazgo y “los oficiales superiores dejaron entender que sus subalternos estaban dispuestos a oponerse a toda medida discriminatoria respecto de Astiz” (Le Monde, 3/12). Astiz fue ascendido a capitán de corbeta.

El segundo fue el de Aldo Rico. “Si para el 29 no estaba solucionada su situación, se pondría el uniforme de combate y saldría del lugar donde estaba detenido “pese a quien le pese”’ (La Nueva Provincia). El día 30, el ministro de Defensa, Jaunarena, le restituyó el grado militar y Aldo Rico pasó las fiestas en una casa-quinta de los alrededores de Buenos Aires.

Rico está procesado por “desobediencia”. Gracias a los testimonios judiciales de Alfonsín, Cafiero y otros “demócratas” la justicia descubrió que Rico no tuvo el propósito de rebelarse y su única falta consistió en abandonar su unidad para trasladarse a Campo de Mayo. “Si fuese hallado culpable en esta única causa le correspondería una pena inferior a seis meses de prisión, lo que haría que la causa no pudiera ser apelada ante la justicia civil “(Clarín, 5/1). Lo de Semana Santa no existió, fue todo un espejismo ¡y los alfonsinistas y renovadores insisten en que protagonizaron jornadas heroicas en “defensa de la democracia”!

El asunto Rico relegó en los diarios una noticia tan grave como las dos anteriores: cuatro almirantes detenidos bajo “prisión preventiva rigurosa” por la causa de la Escuela de Mecánica de la Armada pasaron las fiestas en sus domicilios, sin que se hubiesen sido autorizados “por el juez o el tribunal que entiende en el proceso que se les sigue” (La Razón, 29/12). Nadie se enteró de que se hubiese dispuesto alguna medida.

El gobierno se ha convertido en un rehén del militarismo, como es un rehén del FMI y la Iglesia (ver nota sobre el Congreso Pedagógico). No delibera ni gobierna, ejecuta los planteamientos que se le dictan.