Si las idas y vueltas en el proyecto de Ley Ómnibus pusieron al desnudo los lobbies capitalistas a que responden los gobernadores y parlamentarios, el hecho de que durante su tratamiento en la sesión haya viajado a Washington el jefe de gabinete, Nicolás Posse, es la confesión de a quiénes rinde cuentas el gobierno de Milei.

Posse salió en un viaje relámpago para reunirse con funcionarios del Tesoro estadounidense y del FMI, cuyo directorio finalmente aprobó el acuerdo con el gobierno argentino y habilitó un nuevo desembolso. Aunque, como sucede siempre, de los 4.700 millones de dólares aprobados llegará aproximadamente la mitad, ya que el Fondo se cobra de ahí vencimientos pendientes. Allí, de espaldas al pueblo y mientras negociaban con los diputados opositores, el jefe de gabinete dio explicaciones que cómo piensan cumplir con el ajuste fiscal tras haber retirado todo lo relativo al tema de la Ley Ómnibus.

En el documento difundido por el organismo aplauden la intención del gobierno de proceder a un fuerte ajuste, e informan de compromisos en seguir incrementando las tarifas para recortar subsidios y de no dejar atrasar el tipo de cambio, lo que preanuncia una nueva devaluación para equiparar la acelerada inflación de los últimos dos meses. Un combo hiperinflacionario que va delineando un verdadero Rodrigazo en curso. Pero, claro, nada de esto es un paseo.

De hecho, los miembros del Fondo advierten que “existe el riesgo de que el paquete de políticas no pueda cumplir inmediatamente sus objetivos, lo que requiere (…) planes de contingencia y la necesidad de ampliar aún más la asistencia social”, e incluso agrega que “los riesgos de un conflicto social no pueden descartarse, aún con refuerzos en el gasto en seguridad social”. Esto, señalando que vamos a una recesión económica aguda. Digamos que el FMI sabe por experiencia propia, reciente y pasada, que sus programas suelen caerse por el rechazo popular que generan.

Lo dicho vale aún más si no solo se considera la crítica situación social del país, sino además los cruces que desató la orientación del gobierno con varios conglomerados capitalistas, como las cerealeras, las pesqueras, las petroleras, las farmacéuticas, la Cámara de la Construcción o la Unión Industrial. Incluso los tarifazos, los impuestazos, la devaluación, los recortes como en obra pública, todas exigencias para cumplir con los pagos al Fondo y los fondos de inversión, perjudican también a distintos sectores capitalistas. Son los roces que genera una camarilla gobernante al servicio del capital financiero.

Esto cuestiona la viabilidad de los programas del FMI. Para ponerlo en números, el año pasado mientras los trabajadores sufríamos las consecuencias de la desvalorización del peso y se decía que por la sequía no había un dólar, ni siquiera para las importadoras, resulta que los intereses de deuda se llevaron más de 10.000 millones de dólares del país, entre pagos al Fondo, otros organismos multilaterales y a los bonistas. Esa es la billetera a la que van a parar el robo a los jubilados y el “ahorro fiscal” vía despidos, tarifazos y recortes en salud y educación.