Duhalde incluyó, en la promulgación del presupuesto provincial 93, luego de su sanción por la Legislatura, un artículo “propio”, el 32, por el cual la provincia se hizo cargo de una deuda de 1.355 millones de dólares originada en la construcción de la  Central Piedrabuena (Bahía Blanca). Violentó la constitución provincial para cumplir con la exigencia adelantada de los “privatizadores”, según la cual la venta de Eseba debía incluir Piedrabuena y sin deudas.

Un hecho que debería haber llevado al juicio político y la destitución del gobernador, fue silenciado por toda la oposición, por razones que son simples de explicar. Los 1.355 millones de dólares fueron el producto de un inmenso negociado, en el que un  conjunto de contratistas  lograron una licitación inédita “(por la que) esta obra nunca tuvo un precio fijo” (Guadagni, ministro de Cafiero, La Nación, 12/7/90). Como la construcción de la usina fue licitada en 1979, el ‘negocio’ fue celosamente alimentado bajo Armendáriz, Cafiero y Duhalde.

Luego de la acusación de un fiscal, que solicitó el enjuiciamiento del gobernador, Juan Manuel Casella (Ucr) se apresuró a declarar que “no queremos hacer una denuncia y provocar un escándalo político”, sólo “hacer un alerta democrático y ético” (Ambito, 21/4/93), es decir, dejar las cosas como están.  La Suprema Corte Bonaerense, integrada por magistrados designados bajo la gestión de la Ucr y afines a este partido, desestimó por “manifiestamente improcedente” la presentación del fiscal, ya que “no reviste el carácter de parte” (ídem). Duhaldistas y radicales compartieron el ‘negocio’ de las contratistas de la Central Piedrabuena, y claro, “una mano lava la otra”.

La investigación y la ejecución de bienes de los que se hicieron millonarios con el segundo Yacyretá de la Argentina, es un punto del programa de los trabajadores frente a la privatización de Eseba.