14/04/2011 | 1172

De la custodia policial en los hospitales a la recontra-privatización de la seguridad

El tironeo entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por los adicionales de la Policía Federal, que dejó sin custodia a los hospitales porteños, se ha transformado en una crisis política que devela la incapacidad de los dos gobiernos para atender necesidades mínimas, tanto en materia de salud como de seguridad.

Los trabajadores hospitalarios han señalado, correctamente, que el problema de la seguridad en los hospitales no se reduce a la presencia policial en ellos. Los nosocomios porteños están en situación de colapso por falta de personal, saturados por la cantidad de personas que asisten a ellos, sin insumos, con edificios deteriorados y sus trabajadores sometidos a condiciones laborales casi infrahumanas. He ahí el meollo de la inseguridad en los hospitales, que deriva, por ejemplo, en el aumento alarmante de agresiones físicas a médicos y enfermeros de guardia por parte de familiares de pacientes. Esa es la raíz de la inseguridad hospitalaria. Frente a ese problema, el gobierno de la Ciudad y el nacional son pura impotencia, porque ellos son los responsables conscientes de esas carencias. Entre las órdenes del Banco Mundial, de que no aumente el personal permanente de salud, y los intereses de mercado de la medicina privada, la salud pública decae irremediablemente para satisfacer esos propósitos.

Ahora, frente al retiro de la Policía Federal de los hospitales, Macri se propone añadir más vigiladores privados a los casi 1.200 que ya tiene. En total, el gobierno porteño paga cada mes 400 mil horas/hombre por mes a 29 pesos la hora: un total de casi 14 millones de pesos mensuales. Y habrá que ver las turbiedades que salten cuando se desmenucen los vínculos económicos de personajes del gobierno macrista con las agencias de seguridad que proveen esos servicios. Por todo eso, se entrevé una intencionalidad política en el no pago, por parte de la Ciudad, de los adicionales de la Federal para que custodien los hospitales. ¿O será que ese interés lo comparten los amigos de la «seguridad democrática» de Nilda Garré?

Mientras tanto, peor aún que en los 33 hospitales municipales, están cerrados 16 centros de salud que atienden en villas y barrios pobres. Siempre, los que más se joden son los mismos.

Un fracaso repetido

La otra noticia fueron las sonoras denuncias de Garré contra la Federal, que provocaron gran disgusto incluso en franjas del gobierno nacional. Es otro intento de encubrir un fracaso que se reitera desde los tiempos de Carlos Menem. En 1998, cuando la policía dependía de la Secretaría de Seguridad conducida entonces por Miguel Angel Toma, fueron echados 38 de los 52 jefes de comisarías (todavía no se había creado la 53ª, en Palermo). Las «purgas» en la Federal se sucedieron durante el gobierno de Kirchner entre 2003 y 2004, cuando Gustavo Béliz era ministro de Justicia y estaba a cargo del área. Sin embargo, el problema no ha hecho más que empeorar: vínculos manifiestos con el narcotráfico, las redes de trata, el robo de autos y el juego clandestino alimentaron y alimentan las «cajas negras» de la policía, además de los casos abundantes de gatillo fácil y pruebas fraguadas para involucrar a inocentes en cualquier cosa. Por lo tanto, las llamadas «purgas» no son tales. Una purga apunta a limpiar un organismo, pero el organismo policial está corrompido hasta la médula y no hay ahí limpieza posible.

Tampoco han sido eliminados los adicionales, como se suponía después del retiro de la Federal de las guardias hospitalarias. Los policías de calle tienen una jornada laboral de seis horas, y hasta el momento hacían otras ocho de adicionales para doblar el sueldo. Ahora harán sólo seis y ganarán lo mismo.

Esos adicionales son otra fuente de corrupción: recuérdese, por ejemplo, la estafa con los adicionales en las canchas de fútbol, cuando la policía cobraba por efectivos que no había mandado. Además, son una manera de sostener la miseria salarial de los policías, como hacen con cualquier empleado público, y compensarla con ese tipo de servicios que, de paso, son otra fuente de «facturación» para la jefatura policial.

Para discutir estas cosas, Garré se reunió el lunes 11 con otro grupo de fracasados: León Arslanián, Gastón Chiller y Alberto Binder, miembros del llamado «acuerdo de seguridad democrática».

Todos esos, que siempre hablan de «usuarios rehenes» cuando hay una huelga de trabajadores del transporte o de cualquier otro sector de servicios, ahora toman literalmente de rehén a toda la población. La seguridad del pueblo está en manos de mafiosos, corruptos e incompetentes.

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Escribe Claudia Ferrero (Apel)