Si algo faltaba para dejar en ridículo a los que afirmaban que la ley de medios lograría “democratizar los medios de comunicación”, alcanza con ver el plan de adecuación presentado por el grupo Clarín. El multimedio divide las actuales licencias en seis unidades “empresariales independientes”, de forma tal que ninguna de ellas supera los topes puestos por la ley. Los titulares de cada “unidad” aún no fueron designados, pero se descarta que serán los cuatro accionistas históricos del grupo.

Así, en vez de tener un grupo Clarín pasaremos a tener uno dividido en seis, que podrán hacer convenios de asociación, ofrecer paquetes de servicios en común o comprar en conjunto insumos para abaratar costos. La línea editorial de los “seis clarines” seguirá siendo la misma, ya que los contenidos que se emitan no pueden estar sometidos a ninguna regulación. Algunos piensan que mediante esta división el grupo Clarín podrá incrementar su participación en el mercado: al no llegar al límite establecido, las “unidades independientes” tienen margen para acceder a nuevas licencias. No cabe duda que Magnetto copió su “plan” del presentado por el emporio de Vila-Manzano, quien también propuso dividir entre los actuales accionistas sus licencias, y por el grupo Telecentro. ¿Qué hará el gobierno frente a esta presentación? Sabbatella había declarado que iba a avanzar de “oficio” sobre las licencias del grupo, dado que el plazo para una presentación voluntaria estaba vencido. Pero, buscando una negociación que desdecía sus propias amenazas, le ofreció a Clarín “completar” la presentación hecha por el accionista minoritario de Cablevisión, el titular del fondo buitre Fintech. Es lo que ha hecho ahora la “corpo”. Por eso no debe sorprender que Sabbatella haya saludado la presentación, adelantando -frente a la desilusión de los kirchneristas que se creyeron el verso- que se ajusta a la ley.

La pelota ha quedado otra vez del lado del gobierno. El AFSCA deberá responder a varios planes de adecuación ya presentados, entre ellos, los ya mencionados de Vila-Manzano, Telecentro y al grupo Telefónica (que sigue violando la ley, mientras el gobierno hace la vista gorda). Si a Clarín no se le aceptase el mismo criterio que a los otros, quedaría en mejores condiciones para dar una pelea judicial. Si, en cambio, avala la propuesta, se avanzaría en los términos elegidos por el propio Magnetto. Pero aquí los tiempos serán muy lentos y estarán sometidos a los vaivenes de la crisis. Si la aplicación se empantana y deriva en nuevas presentaciones judiciales, los plazos se estirarán hasta llegar a un cambio de gobierno, que podrá proceder a una modificación del marco legal, ya sea mediante una nueva ley de medios que incorpore Internet o mediante una ley de comunicaciones que habilite el triple play. En esa línea, ya se han pronunciado varios de los opositores al kirchnerismo. En cualquier variante la crisis continuará y el grupo Clarín deberá vérselas con competidores que pugnan por desplazarlo de una rama de negocios que convoca grandes capitales internacionales. Esa disputa entre grupos capitalistas se librará con las armas que les son propias -o sea con conspiraciones palaciegas, fraudes patrimoniales y maniobras accionarias.

Nada de esto tiene que ver con la “democratización de los medios” o la “reapropiación de la palabra”. Los medios de comunicación seguirán en manos de los grandes empresarios. Los periodistas, por su lado, seguirán siendo sometidos a la misma presión patronal que les niega el derecho a expresar sus propios puntos de vista.

El kirchnerismo, en su etapa de declinación irreversible, festeja tardíamente su 7D, pero al hacerlo quedan claras todas sus mentiras e impotencias. La democratización de los medios es una tarea demasiado grande para el gobierno de los De Vido, Boudou y Aníbal Fernández.