Un informe del Iaraf midió la caída del gasto público en los últimos cuatro años, llegando a orillar el 8% entre 2017 y 2021. Dos años de macrismo y dos de kirchnerismo implicaron una continuidad ajustadora, sintiéndose más los recortes en desploman jubilaciones, pensiones, obra pública y salarios.

Se trata de una elaboración del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que mide la caída del gasto público en términos reales a moneda constante, según precios a noviembre del 2021, lo que da una precisión sobre el deterioro real de los indicadores analizados.

Del informe en cuestión se desprende que del 2017 a noviembre del 2021, el gasto público primario (sin intereses de deuda) cayó un 6,7%, mientras que el gasto público total nacional lo hizo a razón de un 7,9%.

Entre los principales sectores perjudicados se encuentran Jubilaciones y Pensiones Contributivas (-17%), Pensiones No Contributivas (-27%) y prestaciones del Pami (-22%), que de conjunto se desplomaron un 18%, equivalentes a $905.034 millones constantes. También se redujeron los recursos para el gasto en salarios (-27%) y para la obra pública (gastos de capital), esta última en un 35% menos. Las asignaciones familiares y la AUH disminuyeron un 7%.

Cómo “contrapartida”, se aumentaron los subsidios a la energía a razón de 134,3%. Esto es en concepto de fondos directos a Cammesa, por el no pago de la energía adquirida por las distribuidoras eléctricas, y de subsidios a la producción de gas no convencional, entre otros.

Visto a grandes rasgos, macristas y kirchneristas privilegiaron los recortes contra los trabajadores y sectores populares, que por diversos medios vienen implicando un deterioro en las prestaciones, servicios y salarios de la Administración Pública Nacional –los cuales cayeron un 27%-, y los beneficios a los capitalistas vaciadores, como Edesur y Edenor y/o las multinacionales productoras de energía.

Un capítulo aparte merece el presupuesto asignado para asistencia social y planes sociales, los cuales se vieron incrementados en un 360%. Se trata de partidas que han crecido conforme el deterioro de las condiciones de vida, el crecimiento del desempleo, la pobreza y la exclusión social.

Muchas de estas partidas, como el caso de la Tarjeta Alimentar, aumentaron consideradas de forma absoluta, pero disminuyen su poder adquisitivo per cápita debido a la ampliación de la base social destinataria de dichos programas. Algo que también ocurre con el crecimiento de los planes sociales, arrancados por la lucha del movimiento de desocupados, cuyo monto se ubica por debajo de la mitad de un ingreso de indigencia.

Otro rubro que subió fue el de las transferencias corrientes a las provincias, sin que esto implicara una inversión real y directa en obras públicas o en la satisfacción de las necesidades populares, sino más bien para emplear en el pago de deudas provinciales y otras políticas patronales.

Este cuadro pinta por completo a la clase social gobernante, la cual durante los últimos años ha venido liquidando los recursos asignados a trabajadores, jubilados y desocupados. Tendencia que se ha acentuado con el reendeudamiento con el FMI y con la actual ruta de ajuste fondomonetarista, que busca disminuir el déficit fiscal por medio de mayores confiscaciones para el pueblo trabajador.