El ex secretario de Planificación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido, fue hallado culpable del delito de defraudación al Estado y condenado a cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal oral consideró que De Vido fue “partícipe necesario” de la malversación de fondos administrados por los empresarios que tenían a su cargo la concesión del ferrocarril Sarmiento, pero lo absolvió, en cambio, por la muerte de los 51 pasajeros del tren que se estrelló en la estación Once. De Vido había quedado afuera del primer juicio oral, en el que fueron condenados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y el empresario Claudio Cirigliano.

El ministerio que comandaba De Vido tenía a su cargo controlar la gestión del sistema ferroviario y fiscalizar la aplicación de los fondos estatales que administraban los empresarios; en este caso, la empresa TBA, perteneciente a los hermanos Cirigliano. Pero los jueces consideraron que no existe correlación entre la defraudación y el fatal choque.

La trama de intereses adheridos a la administración de los cuantiosos fondos estatales que recibía el sistema ferroviario reunía a funcionarios, empresarios y a la burocracia sindical, que ocupaba puestos clave en el gabinete de Transporte. Esto fue advertido por el Partido Obrero apenas se produjo el crimen de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. En ese momento señalamos que el ataque criminal sufrido por los ferroviarios que reclamaban el pase a planta y los compañeros que los acompañaban había sido urdido para preservar un negociado, el de la tercerización laboral a manos de empresas pertenecientes a los mismos concesionarios y a la burocracia sindical que comandaba José Pedraza. Un año y pocos meses después, la masacre ocurrida en Once volvía a poner de manifiesto esta sociedad de carácter mafioso.

El grupo empresario de los Cirigliano fue el pato de la boda de la lumpen burguesía que el kirchnerismo creó y alimentó con fondos públicos. Pero no fueron los únicos capitalistas involucrados. La misma –o similar– metodología era aplicada en otros ramales, como el Roca, donde se produjo la lucha de la que participaba Mariano, y eran gestionados por los grupos Roggio y Emepa, que ayer y hoy continúan haciendo negocios con el Estado y con las administraciones macristas. El affaire de los ´cuadernos de Centeno´ volvió a poner la lupa sobre estas relaciones incestuosas entre capitalistas y funcionarios. La presencia de funcionarios y legisladores oficialistas acompañando en la sala a los familiares de las víctimas resulta por lo tanto una impostura. Por caso, son los encubridores de la media docena de muertes obreras, completamente evitables, ocurridas en el subte durante la última década. Pero principalmente, porque hoy el gobierno se encuentra articulando un operativo de impunidad en torno de esa misma burguesía contratista, en relación al escándalo de los cuadernos.

Los fundamentos de la decisión del tribunal se conocerán recién el 10 de diciembre. Los familiares se mostraron satisfechos con el fallo, aunque anticiparon que apelarán a la Cámara de Casación por el cargo de estrago culposo. La responsabilidad política de De Vido y, finalmente, también de Cristina, en este desastre es indelegable. Pero los capitalistas beneficiados por aquel entramado están hoy bajo el paraguas del macrismo y del gobierno Cambiemos.