Tras el adelanto de Macri de un veto a cualquier ley que obstaculice los despidos, el Frente Renovador de Massa se pasó de inmediato a una “ley de incentivo al empleo para Pymes”, abandonando el mezquino proyecto de prohibición que contenía, además, la opción de la doble indemnización, un mecanismo que promueve la extorsión patronal a favor de los retiros voluntarios, o sea despidos encubiertos.

Los dictámenes de las comisiones de Diputados y del Senado duraron así 24 horas  hasta el ataque de Macri y sólo un día más hasta el arrugue del massismo. Junto con Macri salieron a atacar toda disposición de prohibición De Mendiguren y nada menos que Lavagna, ambos integrantes del Frente Renovador. Esto importa mucho porque la base del “proyecto de consenso” en Diputados salió de Facundo Moyano, integrante del massismo.

Así las cosas, Facundo Moyano se sacó una foto visitando una Pyme con De Mendiguren, Marco Lavagna y el propio Massa, para no dejar dudas de que se pasaba al campo de la “ley de incentivo”. En verdad, el proyecto inicial de Facundo sólo contemplaba la doble indemnización. Fue en el tratamiento de Comisión donde se le incluyó una claúsula extraída literalmente del proyecto del Partido Obrero que plantea la reinstalación efectiva de todo despedido.

Nosotros presentamos dictamen de minoría –el único-, en oposición a un dictamen de “consenso” que no comprende las suspensiones, un trámite por el cual las patronales fácilmente vulneran la ley. Nuestro dictamen establece el reparto de horas sin afectar el salario. Además, rechazamos el recurso (menemista) preventivo de crisis, planteando la apertura de los libros de esas empresas a comisiones electas de control obrero. Por otra parte, incorporamos otro tema central: la expropiación y puesta bajo gestión obrera de toda empresa que cierre, sin lo cual se habilitan los vaciamientos o maniobras patronales de cambio de firmas para hacer pasar despidos y caída de condiciones laborales, por caso  Donnelley, Paty o la más reciente Cresta Roja. Con nuestro dictamen propio, desnudamos por un lado las limitaciones brutales del proyecto consensuado, el cual, como nadie ignoraba, se aprestaba a ser todavía más recortado en el Senado (por ejemplo, reduciéndolo a la doble indemnización). Pero principalmente, y como ya lo hicimos cuando la cúpula de las centrales obreras se había reunido con los bloques opositores, subrayamos nuestra oposición a la política de la burocracia sindical, que se ha valido del trámite parlamentario para mandar al cajón cualquier plan de lucha para enfrentar la escalada de despidos.

Ahora, la burocracia sindical le hace un guiño a  la “ley de incentivo al empleo Pyme o primer empleo”. Es el pasaje directo a una ley pro-despido,  que está en el centro de la estrategia del macrismo y que ya fracasó con el kirchnerismo con la falsa ley de “blanqueo laboral”. Esa ley fue aprobada en 2014 por todos los bloques políticos a excepción del Frente de Izquierda que la votó en contra y presentó una verdadera ley de blanqueo redactada por el Partido Obrero. El resultado de aquella disposición fue el aumento del trabajo en negro, que trepó al 40% en el conurbano bonaerense y se mantiene en el 35%  en todo el país. Resultó un simple subsidio más a las patronales.

Triaca ya había anunciado la ley de primer empleo. Un tipo de legislación antilaboral que se aplica en el mundo para flexibilizar a los trabajadores con menores cargas sociales patronales, indemnizaciones reducidas, condiciones laborales inferiores y, desde luego, menores salarios. Thatcherismo puro, menemismo puro, que hoy mismo está desatando enormes huelgas generales y enfrentamientos contra el gobierno de Hollande en Francia.

Este tipo de ley promueve el despido de los trabajadores convencionados, con antigüedad, con derechos adquiridos, con categorías y salarios conquistados en años de luchas, para su reemplazo por el “primer empleo joven”. Aunque siempre hay cláusulas restrictivas al despido de los anteriores trabajadores, todos sabemos que funciona la maquinaria del “retiro voluntario”, con el cual se han despedido en los últimos años 1500 trabajadores en Peugeot de Palomar y otro tanto en Siderca. Lo mismo se aplica en VW, Fiat, ocurrió antes del conflicto en Lear y así de corrido en innumerables empresas.

En rigor, esta ley de “incentivo al empleo” integra el pelotón de transferencias del bolsillo de los trabajadores a los capitalistas, que comprende los tarifazos y la devaluación, el impuesto a las ganancias en los salarios o la caída de retenciones a los exportadores.

Quienes votaron el pacto buitre, acompañan ahora el ajuste que le corresponde contra la clase obrera. No saldrá de este parlamento dominado por los lobbies empresariales la legislación para acabar con el despido. Eso sólo puede ser resultado de la acción directa de la clase obrera, por ello más que nunca planteamos el paro nacional y el plan de lucha contra el conjunto del ajuste. Nuestro paquete de leyes obreras, contribuyen a una agitación política entre los trabajadores para poner en pie al movimiento obrero: prohibición de despidos y reparto de horas sin afectar el salario, aumento de emergencia a los jubilados, abolición de ganancias en los salarios de convenio y jubilaciones, pase a planta de precarios y tercerizados. Por estas banderas, por el paro nacional, por enfrentar en cada lugar de trabajo los despidos mediante los métodos de la clase obrera, contra la fracasada orientación “parlamentarista” de la burocracia sindical, nos movilizamos el 29 y realizaremos el acto internacionalista del 1º de mayo.