Asesor del Episcopado, colaborador de la revista católica Criterio, consultor de la Fundación Mediterránea, acólito de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, viceministro de Cavallo. He aquí un hombre para el gabinete de De la Rúa. Nada menos que en Educación.

¡Pero nadie lo votó! Eso es lo que usted, ciudadano modelo, cree. Hace ya tiempo que Llach viene merodeando los ambientes de la Alianza. Fernandez Meijide acaba de declarar que la asesoró a ella misma, en la campaña para las parlamentarias del ‘97. En debates organizados por el diario La Nación, Llach y otros tribunos de las altas finanzas se codearon con los especialistas en educación de la Alianza. El terreno se fue preparando. Usted no sabía nada, pero los encargados de decidir ya lo sabían todo.

Usted creyó votar por la Alianza, pero votaba en realidad por Acción por la República. Lo que no quiere decir que Acción por la República no apareciera también en la lista del PJ. Otro prócer de ella acaba de ser nombrado por Ruckauf como presidente de la principal institución bonaerense, el Banco Provincia. Nos referimos a Ricardo Gutiérrez.

Con semejante desembarco cavallista, el por ahora candidato a jefe de gobierno porteño por la Alianza, Aníbal Ibarra, debería ir poniendo sus barbas en remojo.

Llach no es moco de pavo. Habla bajito, pero esgrime un gran garrote.

Es partidario de concesionar las escuelas públicas. Su arrendatario recibiría la parte correspondiente del presupuesto educativo; pactaría por su cuenta las condiciones laborales y salariales con los maestros; y podría, en ciertas condiciones, cobrar aranceles. Es lo que Rodríguez Saa se propone hacer en San Luis con el aclamado apoyo de Llach. El clero, de parabienes. Hasta el gobierno Clinton, sin embargo, que ha declarado su intención de ligar a todas las escuelas del país a Internet, se opone a la política de concesionar escuelas (“voucher system”).

Llach también sostiene que el gobierno nacional debería condicionar la coparticipación federal a las provincias, a la aplicación de un porcentaje de ella a la educación. Con esto, el Estado nacional dejaría de asumir cualquier responsabilidad por ella, incluso cuando la crisis fiscal impide a las provincias atender sus gastos. Es lo que también reclama el Banco Mundial.

Como cuadra a un economista piadoso, Llach ha puesto sus energías de estudioso en la familia. Su conclusión, previsible como ninguna, es que la familia se debe autofinanciar. Nada de salud o educación gratuitas, ni tampoco derecho a la jubilación. Por todo esto tendrá que pagar. De este modo, ella no solamente será la célula de la sociedad sino de la economía. El sistema impositivo podría así aplicarse a los hogares, no a las personas, lo que permitiría gravar todos los ingresos de sus miembros, medidos por sus gastos.

Las ganancias de capital, los intereses y las rentas financieras, en cambio, deberían seguir desgravadas, para no trabar el movimiento del capital.

Al lado de López Murphy, hace un dúo impecable; con el banquero y amigo de De la Rúa, Fernando de Santibáñez, un terceto maravilloso; con Rodríguez Gavarini, un cuarteto que haría la envidia de la Mona Giménez. Este es el gabinete que parió la pareja de centroizquierda, De la Rúa-Alvarez.

¿Pero de qué se quejan Alfredo Bravo, Mary Sanchez, Marta Maffei, Leopoldo Moreau y hasta los más circunspectos dirigentes de la CTA? De la Rua ya había mostrado la hilacha en la administración de la Capital; su gabinete ‘in pectore’ era una variante del que está surgiendo. Cuando en 1994, los jefes del Frepaso llegaron a la conclusión de que si querian llegar al gobierno debían pactar con el ‘establishment’, comenzaron una caminata que no admite fronteras. Primero fue Bordón; después la aceptación de la ley de convertibilidad; despues De la Rúa, y así de seguido sin solución de continuidad. El libro de quejas ya está cerrado.

¿Y acaso, en materia educativa, la política de la Alianza, del Frepaso, de Ctera y de la CTA no coincide, es-tra-té-gi-ca-men-te, con Llach? La aceptación de la derogación del Estatuto del Docente significa aceptar la flexibilización laboral de la educación. Acaban de aceptar la ley de Empleo Público, que autoriza el despido de estatales en función de su supuesto nivel de rendimiento laboral. La provincialización de la enseñanza significa aceptar el desentendimiento del financiamiento educativo del Estado nacional. La aceptación del régimen polimodal de la reforma educativa significa aceptar el limitacionismo y la selección contra los estudiantes. Todo esto se alcanza a la maravilla con el sistema de escuelas concesionadas y con la privatización educativa. La Ley de Educación Superior ha introducido el financiamiento privado de la universidad y la posibilidad de su arancelización. ¿De qué se quejan? Los quejosos han trabajado arduamente para lograr que un Llach dirija la educación.

Los quejosos no tienen futuro y sólo nos pueden llevar al desastre. De ellos no saldrá un plan de lucha, porque para ello deberían romper con todo el armado político que les permitió mantener o acrecentar puestos, prebendas y manejos.

Los trabajadores tienen que entender el nombramiento de todo este gabinete antiobrero, no como una desvirtuación de los principios de la Alianza, sino como una intención de establecer un régimen de ofensiva contra los intereses populares. La Alianza no quiere quedar en la posición de ‘piloto automático’, como quedó Menem a partir de las huelgas del ‘96 que voltearon a Cavallo y de las luchas de mayo de este año que paralizaron los recortes educativos. Quiere recuperar la iniciativa que Menem tuvo entre 1991 y el ‘95.

Para hacer frente a este intento reaccionario no basta con prepararse para responder. Hay que tomar la iniciativa. A De la Rúa le hará falta más que un ministerio del FMI y del Vaticano para reestablecer un régimen de ofensiva. Deberá superar las contradicciones crecientes que la crisis ahonda entre los capitalistas; por ejemplo, entre los bancos y la industria. Deberá hacer frente a la necesidad de salida que tienen las masas, con cuatro millones de desocupados y salarios de hambre.

La constitución del gabinete de la Alianza constituye una declaración de guerra contra los trabajadores. Hay que responderla. Es necesario un paro general de protesta, una gran manifestación popular de repudio. La fecha puede ser el 10 de diciembre. La voluntad electoral del pueblo es una cosa; la manipulación política en favor de los peores intereses anti-obreros, otra.

Hagamos asambleas en todos los lugares de trabajo y estudio. Que los ‘quejosos’ de Franja Morada, Ctera, CTA, Frepaso llamen a asambleas para que las bases decidan, no ellos, que se relamen con la queja. ¿Y el MTA? ¿Y los anti-miguelistas de la UOM? El nombramiento de un gabinete del Consejo Empresario y de Cavallo y la Fundación Mediterránea, es una declaración de guerra contra todos los trabajadores y contra todas las organizaciones.

En total oposición al gabinete de guerra, reclamemos un salario, jubilación y subsidio al desocupado no inferior a 600 pesos; la derogación de toda la legislación flexibilizadora, de los contratos precarios y de las pasantías de 150 pesos. Fuera el FMI, el Vaticano y el Banco Mundial de la educación.

Un país independiente sólo es posible con un gobierno de trabajadores.