El gobernador De la Sota ingresó un proyecto de ley Ambiental que busca efectivizar la empantanada instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Ocurre que la Justicia había rechazado el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa y prohibido continuar con sus obras civiles. El proyecto de ley busca hacer “borrón y cuenta nueva”, para permitir a la empresa presentar un nuevo estudio. Como establece una serie de mecanismos de “participación popular”, como las audiencias públicas y la consulta popular, Monsanto -con apoyo del intendente local- ya ha largado un operativo destinado a comprar el consenso popular. La consulta popular, que fue un reclamo de la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida, hoy es rechazada por el conjunto del movimiento, entendiéndolo como una maniobra de regimentación del gobierno provincial. Las consultas no son vinculantes y solamente pueden ser convocadas por el gobierno.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a ordenar un nuevo ordenamiento territorial, o sea la planificación de la explotación de los recursos naturales y el desarrollo de emprendimientos en la provincia. En Córdoba, el desarrollo inmobiliario ha creado una crisis hídrica sin precedentes y disparado el desmonte en decenas de pueblos del interior provincial (sobre todo en las sierras). De la Sota quiere manejar el ordenamiento territorial para defender los intereses inmobiliarios ante la movilización extraordinaria de las poblaciones afectadas en defensa del agua. El movimiento ambiental ha alcanzado un desarrollo sin precedentes, sobre la base de la organización en asambleas populares.

De cara a la situación existente, el proyecto establece un plan de “incentivos y fomentos” para aquellas empresas que “reduzcan el impacto ambiental negativo” de su actividad, es decir que lo hace voluntario. O sea que no establece sanciones para las empresas que incumplen con las normas ambientales, mucho menos planes de saneamiento y recuperación para reparar los daños producidos.
El proyecto ha sido rechazado por el plenario de la coordinadora que nuclea a las principales asambleas populares, que ha votado una campaña contra la medida y una movilización para impedir su aprobación.

El Frente de Izquierda presentó junto con la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida, hace ya un año, un proyecto de ley para que se prohíba la instalación de Monsanto en toda la provincia de Córdoba. El proyecto juntó más de 10.000 firmas y fue una herramienta de movilización que acompañó todo el proceso de lucha. Hoy este proyecto tiene más vigencia que nunca.

Mientras el gobierno se apresura a votar esta nueva ley según los tiempos de la multinacional, nosotros hemos lanzado una fuerte campaña política contra la “ley de Monsanto y los especuladores”. Para poner fin a la crisis ambiental, al desmonte, a la usurpación de los ríos y reservas hídricas por parte de las corporaciones capitalistas, y a las fumigaciones, es necesario el control y la gestión obrera y vecinal, y la expulsión de los contaminadores.

Nuestro proyecto de ley es una herramienta de delimitación política y de movilización popular.

Cintia Frencia,
legisladora provincial