Sin eufemismos, De la Sota ha declarado su voluntad de aplicar el Código de Faltas (votado durante el gobierno de Angeloz) con el objetivó de impedir las movilizaciones callejeras. Según el Código, la obstaculización del tránsito sería punible con multas y cárceles.

El Código también prohíbe las bombas de estruendo, habituales en las protestas callejeras de los gremios, la quema de goma de caucho, las pintadas, etc. Para completar él Código impone hasta 20 días de arresto para quienes “profirieran gritos, hicieran ruidos y utilizaren medios capaces de causar escándalo o molestias a terceros” (artículo 52). De la Sota busca una población perfectamente amordazada.

De la Sota se suma así al pacto De la Rúa-Ruckauf y a los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional de Seguridad. Pero, a diferencia de De la Rúa y Ruckauf, De la Sota dice directamente que su objetivo de represión son las movilizaciones callejeras. La amenaza de aplicar el Código de Faltas se completa con el pedido de desafuero de toda la comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza por propiciar e instigar la violencia y haber realizado un escrache frente a la casa del senador Bodega, del Frepaso, quien fue coimeado para que su voto asegurara la aprobación de la ley privatista en el Senado provincial.

El Partido Obrero y la UJS han lanzado una campaña llamando a “prohibir a De la Sota”, Prohibirle los despidos, las privatizaciones y el intento de prohibir la movilización popular.