De la Sota libra una carrera contra reloj para imponer, a partir de la reforma de la Constitución, una Legislatura adicta el próximo 14 de octubre. Es que, mientras tanto, debe hacer frente a la bancarrota fiscal de la provincia; a la crisis de las privatizaciones del banco, la energía y el juego; al virtual cierre de la industria automotriz y a la amenaza de una ocupación generalizada de fábricas; y a una creciente movilización de parte de los trabajadores de Luz y Fuerza, de los docentes, no docentes y universitarios, y del movimiento piquetero, tanto en la capital como en el interior de Córdoba.

El Tribunal Superior de la provincia acaba de declarar que la convocatoria a las elecciones de octubre sobre la base de un futuro texto, aún no escrito, de la Constitución, es manifiestamente inconstitucional. De la Sota ya ha dicho que ignorará la resolución del Tribunal. El presidente de la UCR, en una operación relámpago que sale al paso de una mayoría del radicalismo que defiende la posición del Tribunal, coincidió con De la Sota. Se puso de manifiesto, nuevamente, el pacto Mestre-De la Sota que impuso en el Senado de mayoría radical, la reforma de la Constitución.

De la Sota dice que quiere “bajar el costo político”, pero él mismo pagó 400.000 dólares al frepasista Bodega, para conseguir el voto que le faltaba para la privatización del Banco de Córdoba. Lo que De la Sota quiere es un poder políticamente irresponsable a partir de una Legislatura dominada por sus incondicionales. Como lo demostró la experiencia de Fujimori, esto acentúa las tendencias corruptivas del régimen actual.

Patacones cordobeses

De la Sota pretende imponer un régimen de poder personal y de partido único, porque la bancarrota de la provincia y la lucha popular amenazan con poner fin a su propio mandato. En este sentido, Córdoba es un laboratorio de una tendencia política nacional. La deuda pública es de 2.000 millones de dólares, 300 millones por encima de la del año pasado. “Córdoba no tiene más crédito en el circuito bancario (…) los proveedores y contratistas cobrarían lo que el Estado les debe –150 millones– en pagarés” (Revista 23, 26/7). Esto explica que “Córdoba también quiere letras”, porque “De la Sota no podría pagar a proveedores sin este recurso” (BAE, 15/8). De la Sota pretende usar los Lecop, que emitirá por 1.200 millones el gobierno nacional, para pagar una parte adeudada de coparticipación federal. Se propone dejar establecido de este modo el régimen que llevará al pago en bonos de los sueldos estatales. Que De la Sota quiere atacar lo salarios lo prueba la propuesta que giró a los intendentes de la provincia para anular los derechos que otorga la antigüedad para las bonificaciones, licencias y vacaciones, y para liquidar la estabilidad de los empleados municipales. La bancarrota fiscal de los municipios es tal que aún no han pagado el aguinaldo de junio, mientras De la Sota les retiene la coparticipación de impuestos en función de una deuda asumida por el gobierno de la provincia.

De la Sota “privatiza” con Cavallo

La crisis afecta a las privatizaciones con las que el gobierno quiere enfrentar la bancarrota fiscal. La entrega del Banco de Córdoba, en beneficio del Banco General de Negocios, acusado de lavado de dinero y de contar entre sus accionistas a Cavallo, significa que el Estado renuncia a manejar su propia caja y asume un pasivo de casi mil millones de dólares, a cambio de cobrar 113 millones en efectivo. Para la empresa de energía, los privatizadores ofrecen un precio tan bajo que, en el caso de Santa Fe, Reutemann se ha negado a seguir con la licitación. Pero, en Córdoba, una adelantada, De la Sota ofrece liberar el precio de la energía, lo cual estaría condicionado a que el secretario cavallista, Bastos, logre imponerlo a nivel nacional. Esta “liberación”, “(prevé) una mayor remuneración para generadores y transportistas, y otorga mayor rol a los comercializadores, que comprarían energía y la llevarían hasta el usuario final pagando un peaje a las actuales distribuidoras” (Ambito, 16/8). Para medir lo que esto significará para los consumidores residenciales, digamos que “la asociación de grandes usuarios (ha) presentado un recurso de amparo en la Justicia” (ídem).

Industria automotriz, una lotería

Pero donde la crisis raya en la catástrofe es en la industria mecánico-automotriz, al punto que se prevé el traslado de varias fábricas. La propuesta de algunos pulpos de establecer el libre comercio de automotores con Brasil, aceleraría esta tendencia y arrasaría con los autopartistas. Por de pronto, “Fiat y Renault operarán sólo 30 días en el segundo semestre” (BAE, 15/8). Ante la amenaza de que las suspensiones se transformen en despidos, De la Sota ha propuesto mantener el régimen de suspensiones a cambio de un salario del Estado de 150 pesos (¡!). De la Sota quiere reducir a la clase obrera a la mendicidad. En alguna de sus declaraciones, el gobernador ofreció como alternativa al derrumbe automotriz la privatización de la Lotería y del juego, y la promoción del Turismo.

La burocracia del Smata no ha tenido más remedio que llamar a una asamblea, donde 2.000 trabajadores aprobaron ocupar las fábricas a fin de mes. Aunque por ahora se trata solamente de una extorsión del Smata a las patronales para que mantengan las suspensiones y no despidan, la votación es un indicio de lo que se cocina por abajo. Simultáneamente, progresa la movilización de Luz y Fuerza y los movimientos de lucha en la universidad. Está planteada la consigna de una ocupación simultánea de Epec (energía), las universidades y las empresas autopartistas y automotrices. Córdoba necesita con urgencia una Asamblea Provincial, de todos los sectores en lucha.

Complicidad de la izquierda

El golpe político de De la Sota para hacer frente a esta situación, se asienta en un pacto con la cúpula de la UCR y con Cavallo (con éste lleva candidatos comunes). Pero tiene también la complicidad de todo el arco político que ha decidido concurrir a las elecciones constituyentes. Carlos Vicente, del Frepaso, denuncia el pacto Mestre –De la Sota y dice, muy acertadamente, que es para “que De la Sota continúe su gestión sin control legislativo…”; sin embargo, al igual que IU y el Polo Social, participa de ellas. Con esta posición, se han colocado incluso a la derecha del Tribunal Superior. La denuncia política del carácter proscriptivo, inconstitucional y golpista de la Constituyente trucha es incompatible con la participación electoral en ella.

El proceso político cordobés desnuda una tendencia más general, en el marco de la bancarrota capitalista y el ascenso excepcional de las luchas, al establecimiento de un régimen semi-constitucional y semi-bonapartista, que reestructure social y políticamente al país, mediante la concentración del poder en el período transicional. Los plenos poderes del Congreso a Cavallo pusieron de manifiesto que esta tendencia del régimen patronal responde a necesidades de la propia crisis. La izquierda no puede, con el argumento de “utilizar la tribuna parlamentaria”, aceptar el terreno de un parlamentarismo degradado y de un golpismo reaccionario, esto cuando la descomposición del régimen constitucional y el ascenso “piquetero” de las luchas, atraen a vastos sectores del pueblo hacia la acción directa. Cuando la participación parlamentaria asume un carácter incondicional, o sea independiente de las condiciones políticas concretas, se transforma en permanente y estratégico, y entraña una renuncia definitiva a luchar por la superación revolucionaria del Estado burgués.

Boicot

El Partido Obrero llama a no votar y a llamar a no votar, es decir al boicot. Para que puedan triunfar los explotados que están en una posición beligerante contra la política anti-obrera de De la Sota-Mestre y de De la Rúa-Cavallo, es necesario que pasen a una huelga general y ocupación de los lugares de trabajo, pero el correlato político de este planteo no es participar en el Parlamento de cuarta que es la Constituyente trucha, sino el boicot, para dejar planteada la cuestión de acabar con los Cavallo-De la Sota y convocar a una Asamblea Constituyente libre y soberana.