El anuncio de Sabbatella de que procederá a la adecuación “de oficio” al Grupo Clarín, forzándolo a la venta de ciertos medios estratégicos (Canal 13, Radio Mitre, TN y Cablevisión) ha devuelto a la primera planta el choque entre el gobierno y la “corpo”. Todo indica que, como en otras oportunidades, el choque terminará en una nueva impasse, judicial y política. 

 

El gobierno ha presentado evidencias de vinculaciones societarias –accionistas y directores “cruzados”- entre diferentes empresas del grupo. Por supuesto, las vinculaciones existen. Pero la Ley de Medios no las prohíbe, y fueron incluso avaladas por el fallo de la Corte que le diera constitucionalidad a la Ley.  Vuelve a quedar de manifiesto que no fue concebida para la “democratización de las voces” sino, en el mejor de los casos, para establecer un nuevo reparto de poder entre diferentes monopolios capitalistas de los medios. 

 

Sabbatella conocía las “anomalías” desde enero de este año, cuando recibió el plan de adecuación voluntario de Clarín y afirmó que éste se encontraba “dentro de la ley” (Perfil, 20/01/14). En su momento subrayó que aquella era una impresión personal y que debía esperar la opinión del Directorio de AFSCA.  El `cambio de opinión` ha sido empujado, probablemente, por razones políticas ajenas a la 'democratización de la palabra'. El gobierno ha recreado la gastada 'guerra con Clarín' en la misma semana en que Vanoli y Kicillof trajinaron las oficinas de banqueros y empresarios, para asegurarles que la cruzada “antibuitre” se termina en enero.  

 

Pari Passu

 

El choque con Clarín, de todos modos, marcha por el mismo camino que el de los `buitres`. La “corpo” ya anunció que retomará el camino de los amparos judiciales. El propio Sabbatella ha anunciado que cualquier adecuación de oficio llevarían entre seis meses y un año. Contienda judicial mediante, la “guerra con Clarín” durará lo que el mandato de CFK. 

 

Clarín reclamará –como los buitres- igual tratamiento ante la Ley que el recibido por los otros pulpos mediáticos, cuyas posiciones se encuentran en completa violación de la norma como Telefónica-Telefé, Telecentro, Prisa, o Moneta. Si sus  “adecuaciones” se encuentran estancadas, es porque la aplicación de la Ley de Medios choca con otro afán del gobierno –el meganegocio de la fusión de las telecomunicaciones y los medios audiovisuales. En él,  depositan su interés fondos como Fintech, que a su vez son parte de los acreedores que alientan una “salida” (reestructuración general, arreglo con los buitres) a la crisis de deuda. 

 

Papel pintado

 

A cinco años de la sanción de la Ley de Medios, la impasse no puede ser mayor. Las licitaciones de señales de TV abierta a organizaciones sin fines de lucro han quedado en la nada. Las denuncias de las comunidades de los pueblos originarios sobre el copamiento k de las señales otorgadas en su nombre son ninguneadas. El anuncio de la condonación de deuda impositiva a cambio de pauta oficial pinta de cuerpo entero la política de medios del gobierno: rescate al capital a cambio de propaganda para su camarilla en retirada. Mientras tanto, los trabajadores de todos los medios enfrentan persecuciones gremiales, intentos de flexibilización laboral y perspectivas de despidos producto de las reestructuraciones de las empresas. A la cortina de humo de “la guerra con Clarín” le oponemos la lucha por la libertad de expresión, que exige la superación del monopolio capitalista de los medios, y el reparto de sus recursos entre el conjunto de las expresiones políticas, culturales,  sociales y artísticas, para que se expresen las luchas populares y las genuinas expresiones independientes del arte y la cultura.