La sanción de un ‘código de convivencia’ en la Ciudad de Buenos Aires no hace ninguna mella en el arsenal represivo del Estado contra los ciudada­nos.

Aunque deroga los edictos policiales, el Estado sigue disponiendo de un arsenal represivo legal y físico cui­dadosamente ‘afinado’ que permite cubrir con creces la derogación parcial y tem­poraria de aquéllos. La Fe­deral puede seguir deteniendo por “averiguación de ante­cedentes” o por “actitud sos­pechosa”, pues están com­prendidas en el Código Proce­sal en lo Penal y en la propia ley orgánica de la Federal. Se dice que ahora la Federal ya ‘no puede’ detener por prostitu­ción, pero “no hay que escan­dalizar, el artículo 129 del Código Penal sanciona el exhibicionismo y él acto sexual en la calle, por lo tan­to no va a haber vía libre”, explica el ex juez y legislador del Frepaso, Raúl Zaffaroni (La Nación, 11/3).

En el primer día en que rigió la derogación de los edictos se detectó un número “inusual” de detenciones por “averigua­ción de antecedentes” en la

Capital Federal (Clarín, 11/3).

Los edictos siguen

Han sido derogados sola­mente algunos edictos policia­les, pero han quedado en pie otras ‘contravenciones’ que penan la conducta en reunio­nes deportivas, a menores que no hayan cumplido 18 años, el patoterismo y la portación de armas (la policía lleva siempre un arma no reglamentaria con­sigo para incriminar a cual­quier detenido). En todos estos casos “la autoridad compe­tente para la aplicación y juzgamiento… es el jefe de la Policía Federal” (Romero, defensor de la nación, en Ambi­to, 13/3).

Por todas estas razones, el Jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Federal, un hombre que aboga­ba abiertamente por el mante­nimiento de los edictos hace sólo dos años, plantea ahora que “ha habido más humo que fuego” y que “no veo que este Código tenga baches. Es un código de conviven­cia urbana que de movida se ve mejor que el nuestro… han incluido el patoteris­mo, que en el nuestro (por los edictos) no estaba, la pelea, la tenencia de armas. Y tie­ne una escala de penas muy amplias… hasta disponer un arresto de 10 días”, en tanto que hasta ahora “por un hurto, una persona recupera(ba) su libertad en cuatro días”. El mismo fun­cionario, ante la pregunta si la policía se siente limitada al haberse eliminado la figura del “merodeo”, responde: “No. Tendremos que usar otra figura… ya no podremos arrestarlo por esa razón, pero buscaremos algún otro tipo” {Página 12,14/3).

Prostitución

Según Aníbal Ibarra (Fre­paso) “algunos sectores de la Policía Federal quieren crear una sensación de in­seguridad con la cuestión de la caída de los edictos (porque) tocamos la caja chi­ca de estos sectores”, en par­ticular en el caso de prostitutas y travestís, sometidos en las comisarías a vejaciones de todo tipo y a la coima rigurosa para dejarlos salir.

¿Se ha quebrado un circuito de corrupción o se ha creado una legislación que se adapta a algo más grande, como lo es el negocio capitalista de la prostitución.

Hasta ahora, como explica Zaffaroni “la ley nacional opta por el sistema abolicio­nista, es decir que pena el proxenetismo pero no el ejercicio individual de la prostitución” (ídem). Según “fuentes consultadas” de la Federal, “el peligro es que empiecen a venir mujeres de países donde la actividad está más controlada y donde, por el nivel de ingre­sos, ganan mucho menos de lo que pueden ganar acá” (Clarín, 11/3). Esto significa el acceso de las grandes corpora­ciones volcadas al negocio in­ternacional de la prostitución y la pornografía, que han tomado para sí la creación de empresas de ‘servicios’ que pasan a ocu­par la función del ‘viejo’ proxe­neta (persona que se beneficia de la prostitución de otras per­sonas). Según el jefe policial que reivindica el ‘código’ (frepasista) de “convivencia”: “la prostitución invirtió mucho dinero, por ejemplo, cuando el sindicato de meretrices se presentó con una batería de abogados con todos los medios de co­municación en el Departa­mento de Policía” (Página 12, 14/3). El diputado Caram (UCR) “propone que en cada barrio los vecinos determinen los lugares en los que permitirían la oferta de sexo”, una propuesta “compartida a medias” por el frepasista Zaffaroni, y que cuenta con el apoyo de la Asociación de Meretrices Argentinas. El pro­pio De la Rúa admitió la posibi­lidad de “zonas rojas” pero a partir “de una norma que prohíba la oferte callejera del sexo” es decir que “regla­mente” la prostitución a gran escala (Clarín, 14/3).

Pacto represivo

La tranquilidad con que los altos mandos de la policía han tomado la derogación de los edictos se basa en la seguridad de que éstos serán reimplanta- dos con más fuerza que antes. A partir de la campaña alimenta­da desde la UCR y el PJ sóbrela “inseguridad pública”, ha comenzado a trabajar “una comisión de seguimiento que en un plazo de 180 días deberá rever las nuevas normas”. El proyecto oficial de la Intendencia “tiene al arresto como pena para casi todas las contravencio­nes. Penaliza la prostitu­ción callejera, el merodeo y es apoyado por la Policía Federal”, es decir refuerza los edictor (Clarin, 14/3)