Convocados por Julián Domínguez, presidente de Diputados, todas las fuerzas políticas estamparon su firma en un acta "en defensa de la democracia", supuestamente contra los motines policiales. El texto, elaborado por el gobierno, fue firmado por Federico Pinedo (PRO), Juliana Di Tullio (FpV), Elisa Carrió (Unen), Mario Negri (UCR), Carlos Brown (FE), Jorge Valinotto (Frente Cívico de Córdoba), Gerardo Milman (GEN), Carlos Heller (Nuevo Encuentro), Darío Giustozzi (Frente Renovador), Mario Das Neves (Trabajo y Dignidad), Claudio Lozano (Unidad Popular) y Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista). El Frente de Izquierda no fue convocado, en una temprana acción de proscripción política.

El acta dice que "la forma de expresarse de los efectivos es una injustificada modalidad, que no se corresponde con la situación de personas que se encuentran armadas en defensa de la ley". El gobierno, con este trámite, desmintió de un plumazo que hubiera habido una "mano negra" de la oposición -o sea de la burguesía en su conjunto- detrás de la presunta "desestabilización".

Para mayor claridad, el acta declara también "el apoyo de los partidos políticos aquí representados a la gestión de los gobernadores". Es decir, que avala la gestión de los motines policiales por parte de los gobernadores, territorios liberados incluidos. El acta plantea, asimismo, que los aumentos salariales a la policía son "excepcionales", e imposibles de otorgar, en un frente único contra los reclamos que empiezan a desarrollar trabajadores y sindicatos.

El acta propone una defensa de la democracia, que nunca estuvo en cuestión por parte de los amotinados, para escamotear el derrumbe del régimen político vigente. El acta no dice que la policía ‘extorsiona’ con la necesidad de mantener en pie a las fuerzas destinadas, precisamente, a reprimir a la clase obrera y a las protestas populares. En esa línea, el gobierno acaba de otorgarle aumentos, también, a las fuerzas federales. El "pacto democrático" avala, entonces, el reforzamiento de las fuerzas de seguridad que, con Milani a la cabeza del Ejército, forman parte de una política asentada en la ley antiterrorista, el Proyecto X, la intervención de la gendarmería en el control y represión social, y la novedosa intervención del ejército en cuestiones internas, que debutó en Santa Cruz contra ocupantes de tierras. En estos días, el Ejército ha sido puesto en "orden de apresto" ante posibles desbordes el 19 y 20 de diciembre.

La declaración de oficialistas y opositores oculta, por otra parte, que los motines policiales fueron el emergente de una crisis inflacionaria que afecta a todos los trabajadores. Por lo tanto, para el movimiento obrero se plantea la cuestión de intervenir en la crisis con sus propias reivindicaciones. En cambio, la firma de Lozano expresa una completa adaptación de su grupo político -integrante de la CTA Micheli- a las instituciones de la clase capitalista.

Más adelante, el acta le reclama, a las mismas fuerzas policiales que se amotinaron, que "asuman el sentido y la responsabilidad institucional que el Estado y la sociedad les delegó como garantes de “la seguridad pública y la paz social".

Pero la única "seguridad pública y paz social" que se pretende resguardar, tras los aumentos a las fuerzas de seguridad, es contra la intervención del movimiento obrero. La disyuntiva no es saqueos u orden público, sino ajuste o defensa del salario, junto a las demás reivindicaciones obreras. Ese será el gran sentido de la movilización de la CTA y la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, entre otros agrupamientos, que estará ganando la calle el 19, por 8.000 de salario mínimo vital y móvil, por el 82% móvil, por la reapertura de paritarias, contra todo despido y suspensión, denunciando el fallo antiobrero contra los petroleros de Las Heras, y contra la designación de Milani.

Es decir, por un programa obrero ante la crisis.