Dilma Rousseff comenzó su segundo mandato (cuarto de su partido) después de vencer el segundo turno con 51,6% de los votos. En las elecciones presidenciales anteriores, sin embargo, Lula había obtenido 61,3% y 60,8% (2002 y 2006) y la propia Dilma 56% (2010), en el segundo turno. En la cuna histórica del PT, el ABC paulista, Dilma fue derrotada estrepitosamente.  Después de la victoria a lo Pirro de hace un mes, su primer medida fue aumentar las tasas de interés, para “calmar los mercados”, esto es, aumentar la deuda pública. El capital financiero ya tiene una tasa de lucro entre 40 y 50% mayor que la media del país. La segunda fue ofrecer el ministerio de Economía al presidente del Bradesco (junto con Itaú, uno de los dos mayores bancos del país), que rechazó la oferta.

Simultáneamente, cobró dimensiones ‘fellinescas’ el escándalo de corrupción de la mayor empresa del país, la Petrobras, llamado de Operação Lava Jato (literalmente, “lava chorro”). El escándalo precedente, el mensalão (compra de votos parlamentarios por el gobierno), había sido definido como “el mayor” y “el último”; el de Petrobras le arrebata, con holgura, ambos títulos. Se trata de un esquema de coimas multimillonarias para la concesión de contratos públicos. Se encuentran involucradass las nueve mayores empresas constructoras del país (Camargo Correa, Engevix, Galvão, Mendes Júnior, IESA, OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão y UTC) que ya tienen varios directores presos. Los beneficiarios, directores de la empresa estatal, desviaban las coimas hacia las cuentas de los “partidos” (eufemismo) de la coalición de gobierno (PT, PMDB, PP, y algún otro de la “base aliada”) y, claro, hacia sus propias cuentas (“comisiones”). Ni que decir tiene que las coimas eran cargadas en las cuentas (sobrefacturadas) de las empresas: un esquema de saqueo multimillonario de los cofres públicos.

Morgan Stanley calculó que las pérdidas de la petrolera debido al esquema serían de R$ 21 mil millones (cerca de US$ 10 mil millones). Uno de los funcionarios comprometidos, el ya jubilado Pedro Barusco, ex Director de Servicios, se presentó espontáneamente (¡sin ser citado!) a la policía, comprometiéndose a devolver, de su bolsillo, 100 millones de dólares (pero no los intereses producidos por ese dinero en los últimos doce años).Este es el partido y el gobierno cuya victoria electoral los “progres” de toda América Latina definieron como “continuidad del proceso de cambio” (cambio de moneda nacional por dólares en cuentas en el exterior). 

La “izquierda” (PT y “progres”) denuncia un golpe judicial. Petrobras (cuyo valor de mercado cayó de R$ 410 mil millones en 2011 para R$ 160 mil millones) es responsable por el 10% de la recaudación impositiva del país: el escándalo tendrá impacto en las cuentas públicas. Las nueve empresas (el “cartel”) facturaron en 2013 “por lo menos” (o sea, más) R$ 33 mil millones con contratos públicos, financiaron candidatos a diputados con R$ 721 millones, y candidatos a senadores con R$ 274 millones (en 2010), y viva la democracia.

¿Por qué el escándalo no estalló abiertamente durante la campaña electoral, cuando las investigaciones ya estaban en curso, para perjudicar a la candidata del PT-PMDB? Primero, porque el juez entendido en la causa declaró que “el cartel” opera desde hace “por lo menos” (o sea, más) 15 años, cuando el gobierno (y Petrobras) estaban en manos del partido opositor (PSDB), que había llegaddo al segundo turno. El “coimaducto” es un “modelo de negocios”. El intermediario del esquema (un tal Alberto Yousseff, que también cantó) ya había estado en cana en 2003 (y otras veces) por crímenes semejantes y está metido en otros escándalos menores que benefician, claro, al PSDB. O sea, se cubrieron entre todos.

Los resultados electorales recientes, así, merecen una segunda lectura: consagraron a un candidato opositor (Aécio Neves), con 49% de los votos, como recambio en caso de crisis institucional y elecciones anticipadas, si lo imponne el escándalo “pluripartidario”. 

La negativa del presidente del Bradesco a asumir como ministro no es un caso aislado: el PMDB, partido del gobierno, propone para presidente de la Cámara a su diputado Eduardo Cunha, que apoyó abiertamente al opositor Aécio Neves en el segundo turno. Tarso Genro (ex gobernador petista de Rio Grande do Sul y ex ministro de Justicia de Lula) interpreta esta propuesta como un paso hacia la ruptura de la alianza gubernamental. Se desarrolla una crisis política que puede llevar al juicio político de la Presidenta.

El déficit comercial y en cuenta corriente del país son los peores de los doce años de “gobierno progresista”. El déficit de las cuentas externas ha alcanzado un 3,7% del PIB, un nivel que no era alcanzado desde 2001-2002 (crisis argentina) que, en aquel momento, mandó a la lona al gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Furlán, representante del agronegocio (y ex ministro de Lula) propone abiertamente la salida del Mercosur y la firma de acuerdos bilaterales con los EEUU y la UE, lo que también plantea Celso Lafer, ideólogo “internacional” del PSDB. Se va formando un consenso. El PT busca adaptarse, anunciando medidas de ajuste violentas (un “sistema único de trabajo” que da vía libre a los despidos y a la flexibilización laboral). Manipula las cuentas fiscales para asegurar el pago de la deuda externa, que está comprometido, en especial debido a la deuda privada.  

¿Cómo se encuentra la izquierda en esta coyuntura? El PSOL, luego de obtener 1,6 millón de votos en la primera vuelta (el doble de 2010) rifó lo ganado con un apoyo a Dilma (“entusiasta”) en el segundo turno. El PSTU, que hizo una votación casi marginal (menos de 100 mil votos) sólo atina a plantear, ante la crisis mayúscula: “Sólo la lucha puede garantizar cambios y evitar retrocesos”. O sea que hubo “avances” y hay que seguir empujando.

También los “movimientos” y, sobre todo, las ONGs y fundaciones que reciben fondos del Estado y las corporacionesl, se limitan a criticar al gobierno por temas puntuales. Ahora que la crisis se pone pesada denuncian el “golpismo” y apoyan al gobierno: así lo hicieron en junio de 2013, así lo hacen ahora – y denuncian a la izquierda clasista por “golpista”. 

Es necesario refundar la izquierda clasista en Brasil.