El segundo debate electoral fue una prueba importante para todas las fuerzas políticas de la provincia. Ocurre que se produjo 24 horas después de la muerte de cuatro trabajadores de la empresa estatal de agua, Sameep, cuando ingresaban a reparar un pozo cloacal. Los obreros estaban precarizados, sin derechos: tres de ellos fueron convocados en su día de franco. Los trabajadores ingresaban al pozo descalzos y sin los elementos de seguridad mínimos, producto de la negligencia criminal de la empresa en materia de condiciones laborales. Murieron al caer intoxicados por los gases tóxicos del pozo. Para la tarea se requieren máscaras, tubos de oxigenación y equipos que la empresa no provee. Tampoco la empresa capacita a los trabajadores. El antecedente fue la muerte de dos obreros en Tres Isletas, en un accidente calcado, en el mes de enero.

 

Este crimen social confrontó a todas las fuerzas políticas que se presentaron al debate. El radicalismo presentó un pedido para que se postergue, y su candidato Carim Peche, se retiró por "respeto" a las víctimas. Durante el debate, Aurelio Díaz, del Partido Obrero, le respondió: "se va porque no tiene ninguna propuesta respecto a este tema". Es que si no se discuten, a raíz de este crimen, las condiciones laborales ¿cuándo piensan discutirlo? La idea de que los partidos se callen la boca "por respeto" frente al accidente es una idea perversa: iguala en el silencio a todos los protagonistas. Pero no estamos en las mismas condiciones quienes día a día sufrimos la precarización y la falta de condiciones de seguridad en el trabajo que quienes son los responsables de la situación.

 

Es que, además, la política del PRO va a agravar la cuestión de los accidentes de trabajo: a eso apunta la reforma en el régimen de ART, que busca terminar con los juicios por accidente laboral y establecer indemnizaciones a la baja. Si bajan las indemnizaciones, baja la inversión empresarial en seguridad. Los jornalizados no están asegurados: sus familias van tener que ir a una batalla legal para cobrar los seguros.

 

El Partido Obrero asumió el desafío de plantear el reclamo de justicia y un programa de salida frente a la situación. Criticamos los dos días de duelo para la tribuna establecidos por el Gobierno. Reclamamos una investigación independiente, a cargo de los trabajadores, frente al hecho, para determinar responsabilidades civiles y penales del directorio de la empresa. Planteamos el pase a planta de los precarizados y la puesta en pie de comisiones de seguridad e higiene, un reclamo del sindicato de obreros de Sameep que el directorio viene rechazando.

 

Aurelio planteó enérgicamente la responsabilidad del conjunto del régimen político por la precarización laboral. Responsailizó a la UCR por su cuotaparte en la pérdida de condiciones de trabajo que deriva en esta situación.

 

La respuesta del candidato del gobierno, Gustavo Ferrer, fue inexistente. Se limitó a decir que hay que "investigar" cuando, por un lado, las responsabilidades están claras, y por otro, la idea de que la justicia sometida al Gobierno, o incluso la propia empresa, "investiguen" apunta a un encubrimiento. El Gobierno apunta a sostener al directorio de la empresa.  El día posterior al debate, una enorme movilización de trabajadores de la empresa llegó a la Casa de Gobierno con estos reclamos.

 

El candidato kirchnerista, Germán Bittel, se limitó a una crítica genérica sin fijar ningún planteo y evitando responsabilizar en forma directa al Gobierno. En el primer debate, Bittel responsabilizó por el ajuste en la provincia exclusivamente a Macri. No es así: el Gobierno Provincial está ajustando por propia cuenta, agravando las consecuencias locales del ajuste macrista.

 

Cierres de fábricas

 

Tocando el punto referido al empleo, Aurelio defendió la propuesta del Partido Obrero de la puesta en producción bajo control de sus trabajadores de las fábricas que cierren o despidan. Acusó directamente a Ferrer, actual Ministro de Industrias, preguntando qué hizo contra el cierre de Platex, el Frigorífico Toba o Pampero. Ferrer respondió atribuyendo los cierres a la crisis del algodón. Pero no se trataba de plantas inviables sino, en ambos casos, de reestructuraciones empresariales llevados adelante por grandes empresas de alcance nacional. No eran fábricas que dieran pérdida: simplemente resultaba más rentable distribuir la producción en otras plantas.

 

Aurelio respondió tocando el problema del Toba, del cual el Gobierno pagó los sueldos durante años. Explicó cómo se rechazaron sistemáticamente las propuestas de reactivación presentadas por sus trabajadores. Contrapuso el cierre a la situación del Frigorífico Resistencia, que en su momento fue ocupado y puesto a producir y actualmente amplió su plantel de personal. Atribuyó a la política del Gobierno un interés de clase, en la búsqueda de un inversor. En el Toba, el Gobierno actuó defendiendo los intereses del consorcio Friar, que cerró la planta para concentrar la producción de exportación del Noreste (NEA) en Reconquista.

 

Tarifazos e infraestructura

 

Aurelio atacó los tarifazos planteando el control obrero y la apertura de cuentas de Sacheep, la empresa estatal de electricidad. Planteó, además, una denuncia a la política nacional, con la entrega a Shell y Chevron de la producción energética. Planteó el control obrero de toda la producción de energía para transformarla en una vía de desarrollo nacional en lugar de ser un terreno de saqueo en favor de las multinacionales. Denunció la posición de Juan José Aranguren, como gerente de Shell. El peronismo presente en todas sus variantes, le sacó el cuerpo a esta denuncia contra Macri.

 

También se destacó el planteo de la defensa del Ferrocarril urbano de Resistencia, que fue cerrado por el Gobierno de Macri, con riesgo para la fuente de trabajo de 400 ferroviarios y perjudicando a miles de usuarios. El Gobierno no recogió el guante de la denuncia.

 

El debate mostró el valor de tener diputados de los trabajadores defendiendo estos planteos en la Cámara.