El último debate entre candidatos, de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, incluyó los temas de empleo, educación, salud y desarrollo urbano, servicios públicos y vivienda. Allí, los candidatos patronales intentaron eludir su responsabilidad en haber ajustado en todos esos aspectos, en detrimento de la población trabajadora. En contraste, desde el Partido Obrero defendimos un programa en favor de las mayorías.

El peronismo, representado por Mariela Quiroz, presidenta del Ministerio de Cultura provincial, solo se refirió a las empresas que cerraron con Macri como TN&platex, omitiendo el reclamo de que la empresa se estatice bajo control obrero en función de defender los puestos de trabajo.

El candidato radical Zdero, al igual que Basileff Ivanoff del Frente Integrador, siguiendo la línea de la derecha nacional, plantearon rebajas impositivas para las empresas, defensa del capital agrario y una difusa idea de capacitación de oficios.

Estos tres candidatos peronistas y radicales estuvieron de acuerdo en una agenda profundamente antiobrera: defendieron aumentar la contratación por monotributo y continuar con rebajas impositivas y subsidios para empresarios. En cambio, desde el Partido Obrero denunciamos la falta de trabajo, los altos índices de desocupación y pobreza, a la vez que señalamos que las patronales -y el propio Estado- por la vía del monotributo sostienen una relación laboral encubierta, en condiciones precarias; lo cual además contribuye en un mayor desfinanciamiento de las cajas jubilatorias. A su vez, remarcamos que las mismas patronales que reclaman más flexibilización laboral son las mismas que reciben subsidios estatales de hace 40 años.

En cuanto a la educación y salud reclamamos un salario mínimo igual a la canasta familiar para los trabajadores, porque no vivimos de lindos discursos, salarios indexados a la inflación e indicamos la responsabilidad tanto de peronistas como radicales en el deterioro que sufren los ingresos de los trabajadores y en el vaciamiento educativo y sanitario. Por otra parte, planteamos la necesidad de crear cargos, comedores escolares, becas y dispositivos para que los miles de estudiantes que quedaron afuera vuelvan a la escuela. En cuanto a los salarios, pusimos de relieve que una maestra del Chaco cobra salario de $27.000 (7 años de antigüedad) para dejar en evidencia que los que gobiernan mantienen a la docencia bajo la línea de indigencia.

El punto de servicios públicos y viviendas, propusimos un plan masivo de urbanización y vivienda para los barrios a la par que denunciamos que con los dólares que el gobierno destina para pagarle al FMI cada tres meses se podrían construir 47.000 viviendas en todo el país y millones de puestos de trabajo. El financiamiento es posible siempre que se cambien las prioridades y los recursos vayan dirigidos en resolver las necesidades de la población y no al pago de la deuda y la timba financiera.

En cuanto a servicios públicos denunciamos la suba de tarifas y el pésimo servicio, volvimos a remarcar el desmantelamiento y la precarización laboral en las empresas de Sameep y Secheep, a cargo funcionarios del gobierno, y reclamamos que pase a mano de trabajadores. Las gestiones de los directorios puestos por el gobierno han llevado a la muerte seis operarios de Sameep en el 2017 en las cloacas porque no contaban con los equipos de seguridad para la tarea, tres de ellos estaban precarizados.

Fuimos la única fuerza política que reclamó que vuelva el tren a todo el Chaco. En ese sentido, nuestros compañeros ferroviarios vienen haciendo la denuncia de su desmantelamiento hace años. Es el transporte más económico para la clase obrera y por eso es ignorado por radicales y peronistas que solo contribuyeron a su eliminación.

En estas elecciones, tenemos el desafío de defender una banca obrera y popular en la legislatura, que siga siendo una tribuna de denuncia y organización, y un canal para que el pueblo trabajador, víctima de las políticas de hambre de los gobiernos, pueda volcar sus reclamos. Golpeemos al ajuste con la izquierda.