En los últimos días se desarrollaron numerosos planteos para deslegitimar las marchas, los piquetes y los acampes, métodos de lucha cada vez más presentes en la escena nacional y provincial.

Entre ellos, sobresale el argumento contra la movilización callejera por su carácter lesivo del derecho de circulación, a tal punto que aparecieron posiciones más elaboradas y peligrosas como el reciente lanzamiento de un “Movimiento Anti Piquetero Argentino” dirigido por el ultraderechista “libertario” Javier Milei; la promoción de iniciativas parlamentarias fascistas, como la presentada en la Legislatura porteña por Ramiro Marra, del mismo espacio, para criminalizar la protesta social, o su correlato presentado por el radical Juan Negri en el Concejo Deliberante de Córdoba.

La supuesta preocupación por garantizar el derecho a la circulación es por lo menos selectiva y clasista, sin mencionar que se traduce en un ataque directo a las libertades democráticas y de organización. Recordemos que la Sociedad Rural hace pocos días, con 40 tractores, protagonizó cortes en Circunvalación como medida de protesta contra los recortes a las formidables ganancias que desde hace años obtienen de la explotación agraria, sin que nadie se rasgara las vestiduras en la defensa del mentado derecho de circulación.

La estrategia de dividir 

El trasfondo político de los ataques a la lucha piquetera no tiene que ver con el propósito de balancear derechos. Los que vociferan y exacerban el enfado de una supuesta parte de la población perjudicada por los piquetes no ponen ni la mitad de empeño en cuestionar por qué la otra parte, golpeada por el desempleo, la precarización laboral y la pobreza decide ganar el espacio público como método de protesta. Apelan a la vieja y reconocida estrategia de dividir al pueblo para mantener el status quo en el que la balanza de los derechos siempre se inclina hacia las patronales y los gobiernos ajustadores.

Cuestionarse sobre el origen del problema llevaría a reconocer las fisuras de una enorme estructura de contención social y sus pilares en las conducciones sindicales entreguistas, las organizaciones punteriles integradas a los gobiernos y, por supuesto, las iglesias.

Quizá por eso, el dato que alarma a los gobiernos es que en las barriadas populares, donde antes predominaba el aparato clientelar del PJ, hoy prosperan asambleas que deliberan, resuelven y luchan con independencia del Estado. Resta verificar si las condiciones materiales y subjetivas que llevaron a ese salto organizativo entre los sectores más vulnerables a la crisis se traslada al conjunto de la población trabajadora, sindicalizada o no, cada vez más castigada. Por eso, toda la clase capitalista se acopla sin grieta ante el temor de una Argentina piquetera y se mira en el espejo de las rebeliones populares que recorren Latinoamérica.

Ninguna familia podría llegar a fin de mes con un plan social y sin trabajar; ineludiblemente componen el universo del trabajo informal, la changa, la construcción, la costura, el trabajo doméstico y un largo listado de actividades que no lograron reactivarse del todo luego de la pandemia. En el mercado laboral formal, la situación no difiere. Los salarios inferiores a la canasta familiar, consolidados por paritarias divorciadas de la inflación y por un salario mínimo por debajo de la indigencia, son los cimientos de la comunidad de intereses, batallas y adversarios que comparten trabajadores ocupados y desocupados.

La crisis económica y social acicateada por un nuevo pacto con el FMI no hallará sosiego en la apología de la represión, mucho menos en la instigación al odio y la discriminación contra quienes luchan y se oponen a esta calamidad. En todo caso, sería más beneficioso hacer énfasis en el análisis del proyecto presentado por la Unidad Piquetera hace más de medio año, para la generación de un millón de puestos de trabajo genuino, registrado y bajo convenio, y la construcción de 100.000 viviendas populares. De esta manera, estaríamos debatiendo una salida.

Reducir la aguda crisis a un problema de tránsito es negar la historia viva de conquistas obreras y populares en la Argentina, que es la historia de la lucha en las calles. Ese es el rumbo que se abre paso y al que tanto temen los garantes del pago de la deuda usuraria con el hambre del pueblo.