FE DE ERRATAS: por un error en la diagramación en “Prensa Obrera” N° 1.633, el artículo que publicamos a continuación contenía un texto correspondiente a otra nota.

El 15 de noviembre, el gobierno de Alicia Kirchner firmó el contrato de prórroga de las áreas que explotaba Sinopec en el Golfo San Jorge en beneficio de CGC (Compañía General de Combustibles), propiedad de Eduardo Eurnekian. Los contratos actuales vencen entre 2025 y 2026, y se prorrogan hasta 2035/36.

Llamó la atención que mientras hace diez años se pagó un canon de prórroga de 100 millones de dólares, esta nueva operación se realice por solo 18,5 millones.

El conflicto con Sinopec y la aparición de CGC

El paso de Sinopec por la concesión fue desastroso. Después de diez años, las reservas comprobadas de la zona han bajado a una mínima parte de las que existían cuando se hizo cargo. El daño ambiental es enorme y gran parte de las instalaciones y ductos deben ser reemplazados.

El gobierno kirchnerista fue impotente para impedir este desastre y los conflictos entre el gobierno y la concesionaria estatal china fueron escalando.

La compra del paquete accionario de Sinopec por parte de CGC cambió el panorama. En junio, CGC compra Sinopec. En agosto pide la prórroga de la concesión, en octubre presenta el plan de desarrollo y en noviembre se firman los contratos que ahora tratará Diputados.

La tramitación fue secreta, inconsulta y al ritmo del “apuro” de Eurnekian por “iniciar inversiones” en 2022. El monto del canon tan bajo y el monto de inversiones planeadas provocan serias dudas en diputados oficialistas.

Las cláusulas

La inversión sería de 1.150 millones de dólares en 15 años. Las regalías para la provincia serían del 16% para el convencional, 8% para la recuperación terciaria y 10% para el no convencional. CGC no deberá pagar el impuesto de sellos para una parte de las operaciones.

Si se aplicara la ley provincial marco 3.117 de 2010, a CGC habría que cobrarle cerca de 200 millones de dólares de canon. Aquella ley nunca fue derogada.

En octubre de 2014, la Ley 27.007 impuso a las provincias topes de regalías, toma la renta de los dos últimos años y no penaliza la caída de reservas ni el daño ambiental. De acuerdo con la 27.007, el canon que le cobran a CGC de 18,5 millones sería legal, pero incluso tomar esos dos años (de pandemia) es una estafa. La ley es inconstitucional, ya que los dueños del recurso son las provincias desde 1994.

Claudio Vidal (líder del sindicato de petroleros privados y candidato en las recientes elecciones legislativas) y la UCR solo hacen una parodia de “oposición”, mientras defienden los mismos intereses.

Conclusión

La firma del contrato con CGC presenta una radiografía del régimen kirchnerista y de su subordinación a los monopolios mineros y petroleros.

Desde 1991, los Kirchner fueron privatizadores con Menem y Repsol. Luego prorrogaron a partir de 2007 las concesiones a Panamerican, a Oxy, a Petrobras, a Sinopec, cedieron derechos para la renacionalización trucha de YPF y ahora bailan al compás de Eurnekian. Hombres como el exgobernador Sergio Acevedo y Vidal, que hoy forman el partido SER (segundo en las elecciones del 14), han sido parte del kirchnerismo en esta historia de entrega a las corporaciones.

Desde el Partido Obrero planteamos la nacionalización integral de la energía y de la actividad hidrocarburífera como parte de un plan de desarrollo económico del país, gestionado por los propios trabajadores.

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