Debaten sobre las inundaciones en La Plata

Ante un aula colmada con más de 200 vecinos y estudiantes, se realizó en la Facultad de Derecho de la UNLP, la charla debate sobre la inundación con el juez Luis Arias y nuestra compañera Laura Kohn.

La charla se convirtió en una suerte de asamblea vecinal, que desmenuzó las causas de la catástrofe del 2 de abril. La caracterización en primer lugar, de una ciudad organizada a partir de la especulación inmobiliaria, y la necesidad de construir una nueva planificación urbana basada en las necesidades de las mayorías.

En sólo siete años, el crecimiento de los metros cuadrados construidos fue del 1361%, sin ningún tipo de diagnóstico de impacto ambiental y sin las obras estructurales de extensión de servicios, incluyendo los desagües pluviales pertinentes. Este crecimiento inmobiliario encareció la vivienda popular, expulsando a los trabajadores hacia las periferias. Allí, el Estado no realiza ningún tipo de obra pública. Así, la gran mayoría de los asentamientos fueron los más afectados en la tormenta del 2 de abril. Los códigos de ordenamiento urbano votados bajo la intendencia de Alak y Bruera han llevado a la ciudad a una monopolización del suelo por parte de tres o cuatro inmobiliarias. Muchas de sus megatorres tienen viviendas vacías, su construcción no obedece a la necesidad de alojamiento familiar y son edificadas en función de la especulación.

El debate planteó que el Estado debe hacerse cargo de las tierras ociosas y construir viviendas con las obras de servicios correspondientes.

Luis Arias explicó que el crecimiento sin control de las construcciones produce la impermeabilización del suelo. El juez sostuvo que el Estado no puede dejar en manos de los privados una cuestión tan sensible como la de la vivienda. Contra la sobreexplotación del suelo, el Estado debe primero adquirir las tierras y luego planificar su desarrollo urbanístico, sostuvo el juez. El interrogante surge solo: ¿el Estado debe pagar a los privados la elevada renta del suelo, cuando procure distribuir la vivienda ociosa entre los carentes de ella?

Sistema judicial de impunidad y encubrimiento

Otro punto del debate tuvo que ver con fuertes denuncias del juez al poder político de la provincia. El reconocimiento, un día después de la enorme movilización platense, de 60 víctimas fatales por parte de Scioli, obedece a la presión que ejercieron las masas. El juez explicó que no es una cuestión números, sino de poner en evidencia un encubrimiento dictado por el poder político. Lo que está en juego es el alcance de la figura legal de estrago doloso, lo que permite que cada damnificado se presente como querellante en esta causa, exigiendo la indemnización por los daños ocasionados, ya sea por negligencia o falta de obra pública.

Señaló que la Justicia provincial es un armado gigantesco de impunidad, pues llueven denuncias a funcionarios públicos, incluyendo a policías, que duermen en un cajón. "Nadie investiga absolutamente nada". Recordemos que, en 2009, el juez denunció que la policía bonaerense mandaba a robar vehículos a los pibes presos a cambio de paco. El proceder de la Justicia el 2 y 3 de abril fue idéntico, se cremaron cuerpos para impedir la investigación de las causas y llegar a los responsables de los decesos.

Por una salida obrera a la crisis de la ciudad

En el debate, dejamos en claro que el financiamiento de las obras, debe costearse con las ganancias capitalistas.

Scioli ha paralizado la obra pública a causa de su crisis fiscal. Ahora, ante la catástrofe, plantea pedir créditos internacionales, para realizar la parte hidráulica de las zonas afectadas. Es un mayor endeudamiento que terminarán pagando los mismos damnificados. Dejamos en claro que bajo este poder político tendremos una nueva inundación, sin siquiera planes de emergencia para salvar las vidas de los bonaerenses.

De nuestra parte, sostuvimos que es necesario otro modelo de planificación urbana que comience por el relevamiento del suelo urbano ocioso para su adjudicación bajo control popular con destino la vivienda única; el aumento del impuesto al gran capital, a la especulación inmobiliaria, al capital financiero y terrateniente, para financiar la reorganización urbana de la capital de la provincia sobre nuevas bases sociales.