El Covid-19 nos afecta a todos, pero no por igual. La inmensa mayoría de los trabajadores activos o jubilados no tiene colchón para aprovisionar nuestras heladeras, tampoco para mantenernos si nos despiden, suspenden o se anulan las changas. Si las patronales no nos brindan los elementos de seguridad para cuidarnos, no podemos comprarlos con un sueldo que nunca alcanza. Mientras se piden sacrificios al pueblo los capitalistas hacen todo para defender sus ganancias, incluso a expensas de la salud pública. La profusa campaña que llama a enfrentar al virus “entre todos”, en la que coinciden el gobierno y toda la oposición patronal, encubre que no estamos “todos” en la misma situación para hacerle frente a la pandemia.

Desde que entró en vigencia el decreto del “aislamiento preventivo y obligatorio” la mayoría de las patronales del país comenzó a reclamar mayores excepciones y, aunque se prevé un agravamiento de los contagios, una segunda resolución autorizó a no cumplir la cuarentena a una cantidad de industrias no esenciales.

Las empresas siderúrgicas, las petroquímicas, las del aluminio y el sector agrario seguirán trabajando, si bien gran parte de esa producción nada tiene que ver con el abastecimiento de la población.

La denuncia mediática contra las violaciones individuales del aislamiento oculta que los empresarios y el propio gobierno vulneran la cuarentena de modo sistemático. En Italia el mayor de contagio se produjo en el norte donde los empresarios se negaron a parar la producción.

Trabajadores y burocracia sindical

La ausencia de disposiciones elementales de protección de los puestos y condiciones de trabajo -como la prohibición de despidos– sumada a las imprecisiones del decreto, habilita todo tipo de maniobras patronales.

Muchas empresas incumplen con las licencias obligatorias de grupos de riesgo o de padres y madres con hijos pequeños, suspenden sin paga, reducen los salarios (como la aerolínea Latam) y empiezan a producir despidos.

Los trabajadores de grandes industrias como Siderca, Clarín, Quilmes e Isenbeck, o Pepsico denunciaron situaciones irregulares y protagonizaron medidas de lucha para enfrentar presiones patronales y/o exigir resguardos para su salud. Lo mismo en varios ferrocarriles, líneas de colectivos y empresas gráficas.

La patronal del subte intentó alargar la jornada de trabajo por las licencias, los call centers hacinan a miles de trabajadores, los empleados de supermercados (uno de los sectores más expuestos) están reclamando la reducción de la jornada laboral.

Los docentes fueron una “avanzada” que logró imponer la suspensión de las clases y más tarde las guardias mínimas en las escuelas. Se pueden citar ejemplos de las reparticiones estatales, judiciales y, desde ya, de la salud, la primera línea de combate contra el virus que cuentan con presupuestos completamente insuficientes y condiciones de trabajo deplorables. En el neumático se cumple la cuarentena desde el minuto cero y comienzan las discusiones por garantizar el conjunto de las medidas sanitarias.

Estas acciones “por abajo” contra los abusos de los capitalistas contrastan con la parálisis de la CGT y las CTAs, que en lugar de preocuparse por los despidos y suspensiones anunciadas o de reclamar un subsidio que permita a los desocupados o parados comer durante la cuarentena han salido a respaldar enteramente al gobierno e instan a los trabajadores de sus gremios a “poner el hombro” mientras ellos se protegen en sus casas.

Frente a denuncias masivas de atropellos a las normas de la cuarentena y salubridad establecidas, las direcciones burocráticas apenas responden con tibias cartas que nadie toma en cuenta o directamente se alinean con las patronales. Superar a estas direcciones sindicales hoy también es una cuestión de estricta defensa de la salud pública.

Prohibición de despidos y un seguro de 30 mil pesos para todos los precarizados

Resulta inusitado que las centrales sindicales no hayan planteado la prohibición de despidos y suspensiones no remuneradas ante la pandemia. Es el planteo número uno de nuestras agrupaciones en todos los sindicatos. Porque la cuarentena y el parate económico son la oportunidad para las patronales para deshacerse de trabajadores, cuando la actividad industrial está al 55% de su capacidad, lo mismo en el comercio y otras actividades.

Luego, al inmenso universo de precarizados, que en nuestro país representa la mitad de la masa laboral, unos 10 millones de trabajadores desocupados, informales, cuentapropistas, empleadas domésticas, peones rurales, contratados y monotributistas, incluidos los trabajadores de las empresas recuperadas, se lo está condenando literalmente a la miseria.

Los planes de asistencia y exenciones impositivas anunciados son mínimos y no constituyen una respuesta al drama social que enfrentan quienes carecen de un ingreso regular y viven de lo que recauden diariamente. Reclamamos un seguro de $30.000 a todos aquellos que se vean privados de sus ingresos hasta que se supere la crisis sanitaria.

La presencia de policía, gendarmería y otras fuerzas de represión satura las calles y en especial las barriadas pobres. Pero el punto de partida para resolver exitosamente el control de la pandemia no es el despliegue represivo, sino la resolución de la cuestión social y económica de las grandes masas del país.

Un programa contra el virus y contra el abuso patronal

Los trabajadores somos quienes cada día, y hoy más aún, aseguramos el funcionamiento de la economía y por lo tanto los únicos realmente interesados en velar por las condiciones de trabajo, higiene y salubridad. Para eso impulsamos la puesta en pie de comités de higiene, seguridad y preservación de la salud en cada lugar de trabajo donde la organización sindical no garantice junto con los compañeros los reclamos y la seguridad de todos los trabajadores.

Pero el aislamiento y la protección no son suficientes para derrotar al virus. Para luchar efectivamente contra la pandemia es imprescindible volcar enormes recursos que están, pero se usan para honrar los descomunales pagos de la deuda pública. Para ilustrar esto digamos que entre enero y marzo los vencimientos suman 280.000 millones de pesos. Se trata de un negociado de los grupos financieros a tasas infernales de interés que han ido sumando deuda sobre deuda.

Es necesaria la centralización de todo el sistema sanitario -estatal, privado y de obras sociales- bajo control de los trabajadores y reconvertir todos los sectores de la industria que fuera para fabricar respiradores, camillas y todo lo necesario para alimentar y curar a la población. La nacionalización de empresas estratégicas como laboratorios y las dedicadas al equipamiento sanitario se debe colocar a debate de la clase obrera. Planteamos un plan productivo para garantizar en cada etapa de la cuarentena y la pandemia la producción acorde a las necesidades esenciales de toda la población.

Para garantizar el cumplimiento riguroso de la cuarentena y defender las medidas elementales que las patronales incumplen defendemos irrestrictamente el derecho de organización gremial y la acción política y sindical de los trabajadores.

La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero y sus agrupaciones, dirigentes, equipos legales y diputados se ponen a disposición de los trabajadores para abordar la defensa de los reclamos fábrica por fábrica, denunciar los atropellos y emplazar a los patrones y al Estado para imponerlos.

Para contactarse: Ileana Celotto, 11 6905-3408/ Miguel Bravetti, 11 6112-7942

Por la Mesa Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista:

Romina Del Plá, secretaria general Suteba La Matanza

Alejandro Crespo, secretario general SUTNA

Ileana Celotto, secretaria general AGD UBA

Miguel Del Plá, secretario general CTA Santa Cruz.

Raquel Blas, estatales Mendoza

Daniel Rapanelli, secretario general Suteba Ensenada

Sebastián Rodríguez, secretario general Comisión Interna Gráfica Morvillo

Luciano Domínguez, secretario general ATE INTI

Miguel Bravetti, secretario general Comisión Interna Gráfica Interpack

Gabriela Meglio, secretaria adjunta Amsafe Rosario

Juan Diez, delegado general Comisión Interna APUBA Sociales

Amanda Martín, secretaria gremial ADEMYS

Daniel Sierra, Congresal Suteba

Matías Tomasello, CD por la minoría Foetra

Patricia Jure, minoría en Aten Capital

Cristian Paletti , CD por la minoría AGTSyP

Miguel Díaz, delegado Siderca

Federico Navarro, delegado Aluar

Ana Laura Torna, CD de SIPREBA

Antonio Rosselló, secretario de organización Conadu-h

Juan Cappa, secretario de cultura Aduns

Carmen Venencia, docentes autoconvocados, Salta

Jorge Hospital, Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra

Eduardo Belliboni, mesa nacional del Polo Obrero

Néstor Pitrola, Naranja Gráfica