08/02/2007 | 980

Decreto «K»: Y los secretos de Estado siguen


El miércoles 24 de enero, y luego de mantener un silencio de años, el criminal “lagarto” Alfredo Astiz intentó exculparse ante el juez federal Sergio Torres de su criminal autoría en los asesinatos durante la dictadura de las monjas francesas y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, dejando entrever de manera audaz, provocativa y “tragicómica” que estos crimenes fueron obra de “agentes franceses encubiertos” (y no de él). Para ratificar su defensa y autoencubrimiento, Astiz solicitó autorización para que se lo releve del dichoso “secreto de Estado” que contempla la Ley 25.520 (Ley de Inteligencia Militar) y así poder “prender el ventilador”.


 


El genocida Astiz, movido por una chicana judicial, puso el dedo en la llaga. Ni lerdo ni perezoso, Kirchner anunciaba a manera de respuesta y con bombos y platillos, dos días después de las siniestras palabras del “Angel Rubio”, la reforma de la Ley de Inteligencia Militar, autorizando a levantar el “secreto de Estado” a los miembros de las fuerzas represivas involucrados en causas vinculadas con la dictadura “con obligación de guardar secreto”.


 


Bastó el anuncio para que —como era de esperar- el BoletínOficial/12 concluyera que el decreto oficial “…deja sin excusa a los represores que mantienen el pacto de silencio en torno de los crímenes que cometieron durante el terrorismo de Estado” (Página/12, 27/1).


 


Hecha la ley (o Decreto), hecha la trampa


 


La medida de Kirchner no se reduce a una “pura espuma”. En primer lugar, como lo sostiene el propio Cels, a través de su vicepresidenta, Andrea Pochak, el llamado secreto de Estado “no fue la razón por la que los militares no aportaron datos en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos” (ídem, 27/12/06).


 


Por más decreto, en cualquier causa penal, un procesado (no testigo) puede negarse a declarar o hasta falsear su declaración como defensa jurídica.


 


El meollo del asunto radica en la “letra chica” del decreto salvador. A pesar del cacareo pasado a la tinta, su último artículo prohíbe —al personal de las Fuerzas Armadas- "revelar información de inteligencia estratégica militar", tal como también lo establece la misma ley 25.520. En ese cauce, cualquier dato vinculado con las acciones criminales de la dictadura puede ser “silenciado” por los carcamanes genocidas procesados por tratarse —para ellos, claro- de “información de inteligencia militar”.


 


Así, para que nadie se asuste, el decreto pone en resguardo los pilares conspirativos del Estado al igual que las vigentes leyes de Seguridad Interior e Inteligencia Nacional; justamente, fue también “Juanjo” Alvarez quien no hace mucho acudió a esta última ley para justificar la “omisión” de su paso por la Side al estallar la “guerra de las carpetas”.


 


Amnistía… en cuotas


 


El decreto —lógicamente- está en las antípodas de esclarecer los crímenes de la dictadura: siguen si abrirse los archivos de la Side y de la inteligencia militar (justamente considerados datos “estratégicos”) con la información más relevante de los crímenes del Proceso. Como se señalara en la edición anterior de Prensa Obrera, en las causas judiciales recientemente concluidas y próximas a venir (“Turco” Julián, Etchecolatz y en breve Von Wernich) es el aparato policial (y no militar) quien está en el “banquillo”. La moneda de cambio de los represores ya comenzó con el secuestro de López el pasado 18 de septiembre; sin embargo, las principales causas que involucran a los milicos genocidas (Esma, Cuerpo I del Ejército, Plan Cóndor, etc.) siguen cajoneadas en la Cámara de Casación Penal (integrada ampliamente por jueces procesistas), al igual que sigue —y seguirá- cajoneada toda posibilidad de decretar una anulación de los indultos a los genocidas que podría profundizar una crisis política con las camarillas de las fuerzas de seguridad (especialmente las Fuerzas Armadas).


 


Bajo el menemismo, el “arrepentido” traficante de armas y por entonces jefe del Ejército Martín Balza (hoy embajador en Colombia del gobierno “K”) instó a “sus subordinados retirados y en actividad a dar información bajo reserva y con el compromiso de no difundir la identidad de los aportantes: no se presentó nadie” (Clarín, 27/1).


 


El decreto de Kirchner excede toda demagogia derechohumanista; por el contrario, es parte de una vía —no declarada- de negociación con las camarillas represoras (al igual que en el caso López) para eventualmente ofertar una rebaja en toda condena como contrapartida a los testimonios y confesiones de los genocidas (receta ya aplicada por Mandela en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica y reivindicada por Carrió en Argentina). Pero por sobre todas las cosas, el decreto salvaguarda estratégicamente al pie de la letra los pilares sagrados del Estado capitalista: el espionaje, el secreto (de Estado) y la conspiración.