El gobierno acaba de anun­ciar su decisión de descono­cer los aportes jubilatorios que corresponden a los traba­jadores en actividad. Se trata de la mayor confiscación de propiedad privada de toda la historia del país.

El anuncio oficial esconde, sin embargo, el 90 por ciento de la verdad. Es que el pro­yecto de ley respectivo expro­pia no solamente los aportes de los trabajadores menores de 45 años, sino todos los aportes sin excepción. Los que tengan más de 45 años deberán retirarse, a los 65 años de edad, con una jubila­ción asistencial de 125 pesos por mes, que equivale al 25 por ciento del salario, y no con una jubilación que correspon­da a la capitalización de los aportes efectuados durante la vida productiva.

La otra verdad que se ocul­ta es la confiscación de los aportes patronales que se han efectuado a nombre de cada trabajador. El gobierno estimó los aportes de los tra­bajadores menores de 45 años en 65.000 millones de dólares; si a esto se suma la confiscación de los aportes patronales y la confiscación de las contribuciones de los mayores de 45 años, la con­fiscación global supera los 200.000 millones de dóla­res.

A los banqueros internacio­nales, a los Techint, Pérez Companc o Bridas, la dupla Menem-Cavallo les reconoce una Deuda Externa Usuraria; al pueblo argentino, ese mis­mo Estado Capitalista le des­conoce una Deuda Legítima.

El Congreso argentino se apresta a convalidar este cri­men social, porque es un simple títere de los capitalis­tas y porque los “honora­bles” legisladores han toma­do cuidado de que no se afec­ten sus jubilaciones de privile­gio.

Pero este delito social no termina aquí, ya que de aquí en más los trabajadores (menores de 45 años) estarán obligados a entregar un aporte jubilatorio del 10% del salario a Cajas Privadas, pero perdiendo el beneficio del aporte patronal. Es decir que millones de trabajadores ar­gentinos quedarán converti­dos en el único sector del país que no podrá hacer con su plata lo que le venga en gana, pues deberá entregarla compulsivamente a una Caja privada, que por la sola

“gestión” de ese Fondo se quedará con el 20% de los aportes. Ni qué decir de la plata que se embolsarán “bajo cuerda” manejando los cinco mil millones de dólares anuales que suman esos aportes.

Con el exclusivo aporte obrero, la jubilación podrá lle­gar para la inmensa mayoría a apenas un 30% del último salario (¡inferior a lo que gana el jubilado de hoy!). Sustraído este aporte obrero a las actua­les Cajas del Estado, las jubi­laciones corrientes seguirán siendo de menos de un palo y medio. Dos puntas tienen el camino capitalista, una pri­vada y otra estatal, pero ambas son de miseria.

El Partido Obrero exige:

Reconocimiento integral de la propiedad privada de los trabajadores sobre los aportes y contribuciones efectuados a su nombre: que se abra una cuenta personal para cada trabajador donde se registren los aportes pa­tronales y los propios hasta la fecha, más los debidos inte­reses capitalizados. Esta cuenta quedará como un re­conocimiento de deu­da por parte del estado.

Una Jubilación equivalente al rendimiento de la cuenta de cada trabajador, que nunca podrá ser inferior al 82% del último salario.

Gestión obrera democrá­tica de las Cajas de Jubilacio­nes, con representantes ele­gidos y revocables mediante el voto anual.

Jubilación a los 60 años para el hombre y 55 años para la mujer.

Estas medidas deben ir acompañadas de la renuncia inmediata del Secretario de Seguridad Social, Walter Schulthess, y del presidente del Mercado de Valores, Mar­tín Redrado. Este último es un ex funcionario de los Fondos de Inversión norteamericanos y ha sido puesto en el gobier­no para llevar adelante el plan criminal mencionado. Es el hombre de las Cajas Priva­das y de los grandes espe­culadores bursátiles.

Un pueblo que no defiende sus derechos y el fruto de su esfuerzo corre el riesgo de vivir para siempre esclavo.

20/2/92