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Contra los bandos capitalistas en pugna
Ley de “control gubernamental de medios y contenidos”, como aúllan la oposición, la Iglesia, Clarín y las televisoras privadas, o ley de democratización de los contenidos audiovisuales, como pregona el kirchnerismo?
Ni lo uno ni lo otro. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expresa una feroz pelea interburguesa por el dominio del filón que abren las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones –la digitalización–, que en el caso del sistema japonés, que acaba de adoptar el gobierno, multiplica ocho veces las frecuencias disponibles. Si se aprobara, la ley habilitaría a las telefónicas a brindar televisión, algo que tienen prohibido desde 1990. El kirchnerismo milita en este bando.
El gobierno utiliza, como primer argumento, que está sustituyendo –véase que no derogando– una ley de la dictadura, que permitió la formación de monopolios. El, y todos sus antecesores, se han asentado en la continuidad jurídica de todo el andamiaje legal de las dictaduras (la mitad de la legislación en vigencia). Todas las modificaciones ulteriores contribuyeron a reforzar la concentración monopólica. Por ejemplo: la versión original de la ley impedía que los dueños de medios gráficos tuvieran canales de televisión, como ocurre en Estados Unidos. Una concesión de Alfonsín, a 40 días de abandonar el gobierno, confirmada después por Menem, permitió, sin embargo, una primera privatización y entregó a los dueños de diarios las licencias de canales de televisión abierta. Los K aprovecharon para monopolizar en forma privada la comunicación en Santa Cruz.
Los voceros del gobierno dicen que el derecho a la comunicación y la libertad de expresión no pueden ser privativos de los grupos económicos que controlan los medios. Suena lindo pero huele mal, viniendo de un Estado y gobierno capitalistas (empeñados en pagar la deuda a los acreedores capitalistas y en rescatar a los que quiebran). La nueva ley dejaría un 33 por ciento del espacio bajo control estatal y otro 33 al llamado “tercer sector”: universidades, sindicatos, cooperativas, fundaciones. En buen romance, el 33 por ciento de los contenidos quedaría estatizado, pero hasta cierto punto – porque la tercerización también existe. Otra porción idéntica pasaría a manos de organizaciones cooptadas o dependientes del Estado y a fundaciones que, con frecuencia, son la cara “civil” de los grandes grupos, desde la Fundación Noble hasta la Blaquier, Monsanto o Bill Gates. Carta Abierta reclama la defensa de la “pluralidad de relatos”, quizá como el que rige en los medios de Rudy Ulloa, en Santa Cruz.
Pero la “pluralidad de relatos” no es incompatible con la uniformidad ideológica: Macri discrepa con los “relatos” de Kirchner, pero los dos comulgan con la ideología de que “el espacio” debe estar libre de piqueteros o desalojados –como acaba de ocurrir en Santa Cruz y en la Ciudad de Buenos Aires.
Sobre la libertad de información en los medios “del tercer sector”, alcanza con preguntar cuántas veces los centros de estudiantes acceden al éter de las radios universitarias o los luchadores antiK a la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
¿Alguien sospecha que por alguna hendija podría filtrarse en ese 66%, por ejemplo, la voz de los petroleros (no de sus burócratas) que ocupan yacimientos en la Patagonia o la de la familia de Mabel, la joven asesinada en la Villa 31? La estatización mediática es sinónimo de regimentación ideológica y política; no hay que confundir la expropiación de los medios de producción con la estatización intelectual de los contenidos. Esta ley no se propone abolir los monopolios, sino cambiarlos de patrón en beneficio de Telefónica y Telecom, y de la clase capitalista encarnada en el Estado. Un cambio a favor del aparato del Estado sería una burocratización de las ideas – algo que es tedioso porque es contrarrevolucionario.
Una comunicación regida por la libertad de expresión exige la distribución de los medios audiovisuales entre las distintas corrientes ideológicas – en el plano político, sindical, cultural, artístico, educacional, de entretenimiento. La propiedad pública se limita a los medios materiales o instrumentales de comunicación, como ya ocurre con el espacio radioeléctrico, pero su uso debe ser social – en función de la diversidad ideológica de la sociedad. El desarrollo de una subjetividad y un lenguaje emancipador no vendrá de la estatización de las ideas, que los K llaman neutralmente lenguaje (un decir sin contenido).
Ambos (conciencia e ideas) se construyen en la lucha por la emancipación, en la lucha contra los opresores. El lenguaje –el habla– no construye la conciencia de clase o social. Son la experiencia (unidad de acción e ideas) o la reflexión las que desarrollan la conciencia. El pueblo trabajador debe desarrollar sus propios medios de comunicación y encontrar el propio lenguaje, adecuado a sus objetivos históricos, capacitándose políticamente. O, para decirlo de otro modo, la clase obrera, al forjar su programa, construye su lenguaje, el cual se expresa en sus periódicos, sus resoluciones, sus documentos y cada vez que un explotado alza la mano e interviene en una asamblea. Ese aprendizaje, esa construcción jamás cabría en ningún 33 por ciento, en el imposible caso de que graciosamente se lo otorgaran los explotadores.
Los oprimidos debemos construir nuestros propios medios de comunicación, independizando a las organizaciones populares de la burocracia y del Estado. Es de esta manera que se pondrá fin a todos los monopolios capitalistas, en especial en la cultura y en las ideas.
