El “plan de labor parlamentaria” del Congreso fue redactado en Nueva York, en las oficinas del juez Griesa. Hace dos semanas atrás, el juez había permitido que Argentina volviera a cumplir con sus pagos de deuda con quienes se acogieron a los canjes anteriores si el Congreso derogaba las llamadas “leyes cerrojo”. Para ser más claro, Griesa fijó como cierre de negociaciones al 29 de febrero -o sea, un día antes de la inauguración del año legislativo. Ahora, alcanzado el acuerdo con el fondo de Paul Singer, se ha fijado la fecha límite del 14 de abril para su pago -o sea, el plazo necesario para que Diputados y Senadores pongan el gancho. Un comentarista político destacó que, para convencer a Griesa a que destrabe el litigio, el negociador del macrismo le explicó “la renta extraordinaria que obtendrían los holdouts”, o sea, que tuvo el ‘mérito’ de detallarle la magnitud de la entrega nacional. En el acuerdo cerrado el lunes pasado, el Fondo de Paul Singer recibirá el 100% del capital de bonos defolteados que fueron comprados a una cifra entre cinco y diez veces inferior a su valor de emisión. Por una deuda de 5.900 millones a los buitres más duros, el gobierno le reconocerá 4.800 millones, o sea, casi el 80% de lo demandado. Los litigantes obtendrán en promedio quince veces más de lo que “invirtieron” por estos bonos. En su conjunto, la cancelación de toda la deuda con los buitres -incluyendo a acreedores italianos y otros bonos emitidos en euros- demandará unos 8.000 millones de dólares. Pero para cancelar al contado la hipoteca, Argentina emitirá bonos de deuda a una tasa estimada en el 7% anual. Teniendo en cuenta los intereses a pagar, y la necesidad de emitir un valor nominal de títulos superior a la deuda a cancelar, aquella factura podría elevarse a más del doble. El Congreso se apresta a refrendar el acuerdo más leonino en la larga historia de la deuda usuraria.

 

Primero, el ajuste

 

Alfonso Prat Gay, el ex empleado del banco que financiará esta operación leonina, justificó el acuerdo sosteniendo que los préstamos que aparecerían después de cerrar con los buitres evitarían un “ajuste brutal”. Con ello, ha pretendido asociar el reendeudamiento a un pretendido ‘gradualismo’. Sin embargo, los voceros financieros ya han advertido que la nueva deuda está atada a la “cuestión fiscal”, o sea que el ajuste debe preceder a los nuevos préstamos. Los ´gradualistas´ deberán exhibir, con miles de despidos y nuevos tarifazos, las garantías que ofrece Argentina para volver a endeudarse.

 

En los mismos días en que se avanzaba con el pacto buitre, el FMI volvió a incluir en sus informes los reportes sobre la economía argentina. El paso siguiente será la adhesión del país al régimen de “intercambio informativo” (artículo IV). Es el puntapié inicial para un monitoreo del ajuste por parte del capital financiero. Al interior de Argentina, el gobierno replicará esta vigilancia contra las provincias, como condición para habilitar a su propio reendeudamiento. El futuro régimen de coparticipación, por lo tanto, será otra criatura del acuerdo con Griesa y el capital financiero.

 

El gobierno se lanza con desesperación a este acuerdo leonino -y al socorro financiero que espera alcanzar con él- cuando la pretensión de una salida ordenada o gradual del régimen económico anterior hace agua. El dólar supera los dieciséis pesos y el gobierno acentúa la suba de intereses -y la recesión- para contener la sangría de divisas. Pero la tabla de salvación del capital financiero será todavía más pesada, y acarreará mayores desequilibrios económicos y crisis políticas.