Cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner salió a acusar a las organizaciones piqueteras por “desmanejos” en el control de los planes sociales no reparó en que su “solución” –la entrega de los planes a los intendentes y gobernadores- cuenta con el reciente antecedente de defraudación, corruptelas y chanchullos, como el de la intendencia que conduce Mayra Mendoza y otros casos similares.

Mayra Mendoza se encuentra imputada en una causa federal por el desvío de 535 millones de pesos, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del distrito de Quilmes, en el ámbito de la administración de los fondos destinados al Potenciar Trabajo, gran parte de estos enviados a cuentas off-shore en Miami.

Un artículo del periódico La Nación (29/6) acaba de difundir que la investigación de la causa por el desfalco en la Municipalidad de Quilmes estaría arrojando pruebas que comprometen, al menos, a una intendencia más, mientras se investigan otras.

Cristina Kirchner se ha erigido como la cabeza de una campaña difamatoria y estigmatizadora contra el Polo Obrero y el movimiento piquetero, sin prueba alguna. Al tiempo que La Cámpora y Kicillof salieron a respaldar a Mayra Mendoza ante una denuncia que incorpora varios elementos de prueba.

Se investiga si el desfalco en la Municipalidad de Quilmes habría ocurrido, justamente, con motivo de la administración estatal de estos programas sociales, que habilitan a las intendencias a controlar “cooperativas de trabajo” (fraude laboral) regimentadas, combinado con el manejo de la obra pública y contratos locales, prestándose para todo tipo de manipulaciones.

Otra que tuvo que escuchar las palabras de la vicepresidenta, en vivo y en directo, es la actual intendenta de Moreno, Mariel Fernández, distrito en el cual las cooperativas “oficiales” son empleadas quedarse con las licitaciones de obras públicas, donde se mueven millones de pesos, con escaso control y un alto nivel de discrecionalidad. Además del fraude laboral que implica evadirse de una relación laboral convencional.

La propuesta de Cristina es profundizar una línea que ya es vox populi entre las intendencias: la gestión de los fondos millonarios provenientes del Estado nacional para los programas sociales, cooperativas e incluso la obra pública. Su ataque contra los “punteros” de las organizaciones sociales y piqueteras es una exoneración de los punteros del Estado que Cristina quiere reforzar, partiendo de las y los intendentes que utilizan a los trabajadores precarizados y desocupados para consumar sus negocios.

Además de los enjuagues con la obra pública y la patria contratista, el Estado contaría con más cooperativas cautivas con la cuales justificar el acceso a los recursos públicos y esconder el desfalco y la desviación de fondos. Mientras avanza en un esquema de ultraprecarización y fraude laboral, para abaratar mano de obra destruyendo convenios colectivos enteros.

La operación mediática-patronal contra el Polo obrero y las organizaciones piqueteras, que transparentan sus métodos de organización y lucha, es de magnitudes escandalosas frente al desfalco real de los fondos públicos de intendentes y gobernadores. Cristina guarda silencio sobre esto último, porque actúa en función de un reclamo patronal para liquidar los programas sociales.