“Más que atender a la emergencia, se está atendiendo a garantizar el pago de una deuda usuraria, fraudulenta, ilegítima y en una gran medida contraída por el gobierno anterior, que no veo por qué debemos pagar”, disparó Romina Del Plá en la Cámara de Diputados, marcando la línea matriz de la oposición del Frente de Izquierda a la ley ómnibus que reúne las nueve emergencias solicitadas por el gobierno de Alberto Fernández.

Fue como parte de una de las interpelaciones de la diputada del Partido Obrero, en el plenario de comisiones que se desarrolla hoy, a los ministros que se presentan allí para defender diferentes aspectos del paquete de medidas.

Emergencia

En su intervención ante Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, Del Plá dio cuenta del incumplimiento de la anterior emergencia aprobada en el Congreso, la alimentaria, con numerosas demoras en la entrega de provisiones para comedores populares. Y advirtió que miles, “y me atrevería a decir que millones”, de familias que dependen de ellos requieren una solución urgente, habida cuenta de que el propio Arroyo adelantó que “va a llevar un plazo” el sistema previsto de tarjetas alimentarias.

 

A su turno, advirtió lo limitado de que la asistencia alimentaria “quede circunscripta a quienes perciben la AUH”, ya que “hay un universo muy grande de los trabajadores aún con empleo formal (no hablemos ya del informal) que están por debajo de la línea de pobreza, por los magrísimos salarios que se cobran en este país y por el efecto de la inflación y la devaluación”.

Del Plá finalmente advirtió contra los “proyectos productivos” para desocupados planteados por Arroyo, recordando el fracaso de los planes “de empalme” durante el kirchnerismo y el macrismo y advirtiendo que esta política apunta a “un desarrollo profundo del trabajo precarizado”, en el mismo sentido que la propuesta del “empleo joven” aceitada con subsidios a las patronales. En contraste, la diputada defendió el proyecto presentado por el Frente de Izquierda de blanqueo de todos los trabajadores que están en empleo no registrado, así como la necesidad de “abrir y poner en marcha todas las fábricas que han cerrado en este período”, reivindicando las reaperturas y luchas en ese sentido por parte de trabajadores despedidos: “sería un mecanismo de trabajo genuino, que es una verdadera salida en este punto”.

Ajuste a las jubilaciones y amenaza a las paritarias

La intervención ante el ministro de Trabajo Claudio Moroni demolió el plan antijubilatorio del gobierno, consistente en suspender por seis meses la movilidad jubilatoria que venía rigiendo y en barrer a la baja con las conquistas de algunos sectores consagradas en los regímenes especiales –entre ellos, Del Plá citó el caso de los docentes universitarios e investigadores.

La diputada comenzó señalando que “la jubilación es un derecho conquistado con años y años de lucha de los trabajadores, tiene el concepto de un salario diferido y no de un subsidio, no tiene un criterio asistencial”.

Sobre el proyecto, marcó que “acá no se trata de la ‘solidaridad’, porque no podemos admitir que el problema es de un jubilado que gana 25 mil o 30 mil pesos después de toda una vida de trabajo y es ‘poco solidario’ con alguien que gana 14. No: acá la solidaridad en todo caso hay que hacérsela colocar a las petroleras, a las empresas de energía, a los bancos, que de todas maneras siguen siendo beneficiados con las últimas medidas que se han anunciado”. Por su parte, denunció la impostura de los diputados de Cambiemos en el plenario, cuando ellos en diciembre de 2017 impusieron junto al PJ –represión brutal mediante- el cambio de la fórmula de movilidad en la expectativa de que bajarían la inflación y eso redundaría en un ajuste mayor a las jubilaciones, y que “si seguían en el gobierno iban a tratar de hacer esto mismo que está planteando el nuevo oficialismo”.

En referencia a los problemas de “sustentabilidad” del sistema previsional con los que el gobierno justifica la avanzada, señaló que “la primera medida que hay que tomar” para defenderla es “restituir el conjunto de los aportes patronales que fueron eliminados bajo el gobierno de Menen y de Cavallo y que nunca más fueron restituidos”.

Finalmente, Del Plá advirtió sobre el artículo 54 del proyecto, que autoriza al Poder Ejecutivo a dar aumentos salariales en el sector privado, que “da a pensar que de la mano del Consejo Económico y Social y el pacto social lo que se quiere hacer es suspender la aplicación de las paritarias”, posibilidad que ya fue señalada por la burocracia de la CGT. “No veo por qué los trabajadores y los jubilados tengamos que ser quienes paguemos una crisis que no hemos generado; lo que hay que hacer es desconocer el pago de la deuda usurera”, insistió.

Salud

Tras la intervención del ministro de salud Ginés González García, Del Plá dio cuenta del colapso del conjunto del sistema sanitario -tanto en hospitales públicos como en obras sociales-, que se ve “reforzado por un creciente proceso de privatización” y se refirió a algunas de las medidas anunciadas.

En relación con la disminución del 9% en los precios de los medicamentos, reparó en que la suba de los mismos en el último año fue de entre 84  y 110%, por lo que la medida “deja en pie el grueso de este proceso confiscatorio que hace los negociados de los laboratorios”, y señaló que “un criterio de emergencia tendría que plantear que se retrotraigan seriamente” los precios.

A su turno, advirtió ante la falta de precisiones sobre el “Plan Federal de Salud” previsto en los artículos 63 y 64, destacando que su precedente durante el macrismo, la “Cobertura Universal de Salud” (CUS) fue duramente cuestionado por los trabajadores del sector.

La diputada criticó la disposición de suspender la incorporación de nuevas prestaciones al Plan Médico Obligatorio, ya fuertemente reducido, así como de la posibilidad de presentar medidas cautelares a los efectores de salud, que constituyen en muchos casos la única vía para conseguir prestaciones que las obras sociales y prepagas reniegan (como sucede sistemáticamente en casos como el de IOMA, la obra social bonaerense): “es un grave problema que pone en riesgo la vida de las personas”.

Del Plá volvió a criticar la disminución de aportes patronales, en este caso los dirigidos al sistema de salud, y marcó que “para paliar la emergencia sanitaria, necesitamos reforzar el sistema público, la atención primaria. Y para eso responder a las demandas de los trabajadores de salud, los residentes, las enfermeras, nombras el personal que hoy está faltando en los hospitales nacionales y provinciales”.

Con estas definiciones contra la confiscación a los jubilados y los beneficios a las patronales, en defensa de los salarios y las condiciones laborales, por el trabajo genuino y contra el vaciamiento del sistema de Salud, Del Plá trazó una oposición de principios al proyecto impulsado por el Ejecutivo y defendió una salida de los trabajadores a la crisis nacional, que comience por el no pago de la deuda externa.