El ministro de Justicia, León Arslanian, convirtió oficialmente el “Yoma-gate” en el “Menem-gate” al confirmar (La Nación, 13/8) las denuncias de Rita Auterial, ex-secretaria privada de la jueza Servini de Cubría (Página 12, 8/8), y del secretario del juzgado, Esteban Canevari (Página 12, 11 /8), de que la jueza Servini de Cubría se había entrevistado con el presidente Menem en la quinta de Olivos, algo que Menem había negado, pública y terminantemente, pocas horas antes. Esta confesión convierte a Menem en responsable de encubrimiento. La entrevista tuvo lugar en Olivos hace cuatro meses — denunciaron Auterial y Canevari, y ahora confirma Arslanian— para “notificar al presidente... dada la trascendencia constitucional del caso ” (Página 12, 11/8). La admisión de que estaría en juego una cuestión "constitucional”, significa reconocer la amenaza del juicio político y de la destitución de Menem.

Después de la entrevista, la Corte Suprema menemista resolvió pagar el viaje de la jueza a Madrid, a lo cual se había opuesto la Cámara Federal, que lo consideraba irregular. Servini de Cubria viajaba así como una auténtica "enviada especial” del presidente, luego del estrepitoso fracaso de otros dos enviados presidenciales, Guillermo Patricio Kelly y de la "estación” de la Side en Madrid (Clarín, 11/8), que no lograron su propósito de conocer el secreto del sumario que se trataba en España.

Como dato que prueba la veracidad de la denuncia, el secretario del juzgado de la Cubría (que acompañó a la jueza en la visita) reveló que en Olivos fueron recibidos por la propia acusada Amira Yoma y que la jueza se escondió de los periodistas en la puerta de ingreso (Página 12, 11/ 8).

"‘No tuvo ninguna reunión conmigo’, dijo tratando ser categórico el presidente Menem cuando le preguntaron ayer por su encuentro con la jueza Servini de Cubría” (Clarín 11/8). Esta respuesta, transforma a Menem en encubridor "alevoso”.

A su regreso de Madrid, y durante toda la causa, la jueza entregó copias del expediente a los intermediarios del presidente (César Arias, ex-secretario de Justicia, Eduardo Bauzá, secretario presidencial y abogados del Side) y también a las defensas de Amira y Caserta (Declaración de Rita Auterial, Clarín 8/8).

En sus declaraciones ante la justicia los funcionarios del juzgado (y el propio abogado de Caserta) señalaron que la jueza “presumía de sus buenas relaciones con Menem, con César Arias, con la Corte Suprema y con la plana mayor de la Side” (Página 12, 11 /8), y que fue ella quien habría diseñado la estrategia defensiva de Caserta, Ibrahim y Amira (!!!). En efecto — según explica Clarín, 9/8— “fue la misma jueza quien envió a Caserta (y al abogado de Amira) a presentar la denuncia ante la Policía Federal. La jueza anticipó a la policía telefónicamente la llegada de Caserta y ordenó que se le tomara declaración. De esa forma se aseguró la intervención de su juzgado... Para recibir consejo —señala Bruzzone (el fiscal de la causa)— ese día los denunciantes entrevistaron a la jueza en su despacho, en lugar de hacer la denuncia a la Cámara Federal, que hubiera sorteado el juzgado, procedimiento que ninguno de los abogados, ni la jueza, desconocían ... Según la explicación de Caserta ésa fue la forma de evitar un pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón”. El fiscal de la causa, el ya mencionado Bruzzone, calificó a este procedimiento como “alianza (de la jueza) con Amira y Caserta” (ídem). Todo esto se habría realizado con el conocimiento (¿consentimiento?) de la Suprema Corte.

La jueza, según la fiscalía, también está acusada de ocultar pruebas, pues sólo dio a conocer el pedido de detención y extradición dictado por la justicia española recién cuando su existencia fue revelada por la prensa, y se negó a reconocer como prueba la famosa agenda en la cual el prófugo Anello llevaba una pormenorizada relación de los "cargamentos” transportados por Amira e Ibrahim. La Jueza está acusada de haber grabado clandestina e ilegalmente, con ayuda de la Side, sus conversaciones telefónicas con el juez Garzón (Clarín, 11/8) y “haber firmado escritos no redactados por ella y traídos de afuera de Tribunales” (Clarín, 8/ 8).

En opinión del fiscal, “toda medida que puede haber tomado (la jueza) en la causa puede ser tachada de parcial y prevaricante (que obstruye el desempeño de la justicia)” (Clarín, 9/8).

Pero las pruebas y acusaciones contra la jueza llevan directamente hasta el "sillón de Rivadavia”, pasando por los despachos de la Corte Suprema y las "cuevas” de la Side, que aparecen actuando conspirativamente para distorsionar y estrangular un proceso judicial. Si esta misma conducta condujo a la intervención federal de Catamarca, ¿quién interviene al gobierno federal?

Guerra de camarillas

Después de que las denuncias de su secretaria privada dieran comienzo a las investigaciones contra la jueza, las declaraciones de Emir Yoma y del abogado de Caserta terminaron de hundirla, lo cual llevó al juez Pons a dictar su procesamiento y pedir su juicio político. En efecto, “Emir Yoma fue el testigo clave” (Página 12, 11/8) para confirmar lo que el fiscal describió como “una alianza entre la jueza y las defensas de Amira y Caserta”.

¿Cómo se explica que estos hombres torpedearan a la mujer que defendió sus intereses con tanto ahínco? Es que al "destaparse la olla "saltó el "sálvese quien pueda”. “La ruptura de Menem con Emir Yoma es el episodio más significativo de las últimas horas” señalaba Página 12 (11/8).

Cuando Menem y Servini de Cubría "abandonaron” a Amira ante la imposibilidad de seguir "cubriéndola”, (Menem la despidió y la jueza la procesó apenas unas horas más tarde), los Yoma rompieron con Menem: Zulema hizo sus famosas declaraciones sobre su ex-esposo y Duhalde, el abogado de Ibrahim recusó a la jueza, y Emir Yoma —jefe político de "la familia”— la hundió ... dejando en descubierto sus relaciones con Menem, los miembros de la Corte Suprema y la Side.

El régimen político en su conjunto se encuentra prisionero ahora de una lucha despiadada. Las derivaciones ya afectan al PJ y a las elecciones, porque “Servini de Cubría advirtió que si era arrojada a las fieras (para salvar a Amira) replicaría admitiendo la impugnación presentada en su juzgado electoral contra la lista única que permitiría asegurar a los hermanos Menem, a Carlos Grosso y a José Luis Manzano la conducción del peronismo” (Página 12, 11/8). Asimismo es inminente el procesamiento del jefe de la SIDE, un funcionario de la presidencia.

El “caso Cubría” revela, como nunca, que la mentada “democracia” no es más que una conspiración organizada de clanes capitalistas, en función de sus propios negocios y de la explotación de las masas.

Encubrimiento

Las pruebas reunidas alcanzan —y sobran— para ordenar la disolución de la Side y para dictar el juicio político del presidente Menem, de su vice, de todo su gabinete y de la Corte Suprema por encubrimiento y hasta asociación ilícita. Precisamente por esto, el centro de gravedad de la tarea de encubrimiento político ha pasado ahora a manos de los radicales... y de la comisión investigadora del narcolavado, del congreso norteamericano. La ubicación del “sionista” Jaroslavsky podría conformar a los demócratas de Estados Unidos y al Mossad (servicio secreto) israelí.

El juez Pons ha dictado el procesamiento y el enjuiciamiento político de la jueza, pero no del presidente. Acusó a la jueza de "aliarse” con los defensores de Amira pero “dejó pendiente otro rumbo de la Investigación más nocivo para el gobierno: las relaciones de la jueza con el Poder Ejecutivo” (Página 12, 11/8). En medio de la crisis —y abrumada por las denuncias que la alcanzan de pleno— la Corte Suprema “estudia la forma de dictar su juicio político sin que esa resolución resulte lesiva para el gobierno” (Río Negro, 9/8). La "administración de justicia” de la burguesía no es otra cosa que la justicia de la administración.

Las palmas del encubrimiento y del salvataje al gobierno de los narcolavadores se las lleva, por todo esto, el Congreso y, en particular, la UCR. Los senadores ni siquiera han suspendido a la jueza, que tiene proceso abierto, sin importarles incluso el que esté a cargo del juzgado electoral federal... en un mes de elecciones. ¿O quizás es por eso?

Los radicales —en una verdadera cumbre de cinismo— pidieron el juicio político a la jueza pero no al "partícipe necesario” de las entrevistas.

El escenario de toda esta "comedla” es la Comisión de Juicio Político de Diputados, cuya composición fue alterada por Alberto Pierri en marzo para darle mayoría al peronismo (Clarín, 8/8) de una manera ilegal, exactamente cuándo se destapó el narcogate. Esta comisión, pese al reclamo del juez federal Pons, aún no ha aprobado el juicio político a la Servini, el cual, de cualquier modo, deberá ser votado por los dos tercios de la Cámara para llevarse a cabo. Después de una escandalosa reunión de la Comisión de Juicio Político, el diputado Roberto Fernández gritaba eufórico “¡esto no se trata más hasta el 9 de setiembre (el día después de las elecciones)!” (Clarín, 8/8). Se trata de evitar el derrumbe del gobierno antes de las elecciones.

“La situación de la jueza —informa el Río Negro (9/8)— se convirtió en la última semana en el eje del cruce de acusaciones y negociaciones entre el peronismo y el radicalismo ya que las Irregularidades detectadas en la tramitación del sonado caso de los narcodólares colocaban al gobierno ante un nuevo e impredecible escándalo político”. El intercambio de acusaciones quedó para las cámaras de TV pero las negociaciones deben haber estado bien encaminadas, como lo demuestra la oferta de Menem al alfonsinista Jaroslavsky de designarlo Ministro del Interior y la posterior designación para el puesto de un "amigo común”, José Luis Manzano.

Clarín (11/8) afirma que a raíz de este nombramiento “los diputados alfonsinistas archivaron para mejor momento algunas culpas que colgarían al gobierno, como aquella fracasada operación de los aviones Mirage de la Fuerza Aérea, con intervención del BCCI de Gaith Pharaom, que habría sido piloteada por Alberto Kohan (‘hombre de confianza' del presidente) cuando Ítalo Luder ocupaba el Ministerio de Defensa”.

Esta verdadera complicidad de la UCR no es más que la ejecución al pie de la letra de las resoluciones de su última Convención que clarificó que “la UCR no quiere el fracaso del gobierno” (Clarín, 4/8), lo que en las actuales condiciones sólo es posible mediante el ocultamiento de sus responsabilidades delictivas.

También el centroizquierda cultiva el encubrimiento de los narcolavadores y el de sus protectores. Aunque Lázara señaló que “el tema involucra al presidente” (Clarín, 8/8) y “Juampi” Cafiero equiparó a Menem con Noriega... (ídem), ambos se cuidaron muy bien de exigir el juicio político —y mucho menos, la renuncia— de Menem y su gabinete.

Detrás de la escena, el verdadero libretista de toda esta política de encubrimiento y salvataje de Menem y su régimen no es otro que el imperialismo norteamericano, directo beneficiario de las privatizaciones, de la capitalización de la deuda y, además, de la eliminación de la "molesta competencia rioplatense” en el lavado de narcodólares.

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Jorge Antonio: Un gobierno clandestino

“Jorge Antonio ejerció durante meses una discreta pero considerable influencia sobre la jueza (Servini de Cubría), siendo la persona que conectaba al presidente con el asunto... El señor Emir Yoma se entrevistó con el señor Jorge Antonio (y éste) le expresó la conveniencia de que se facilitara la rápida condena de Amira, cree que con el argumento de que no tendría la pena de prisión, ello ayudaría al gobierno y terminarla con el calvario periodístico” (declaración del abogado defensor de Mario Caserta, Alfredo Iribarren, ante el juez Pons).

¿Quién es el hombre que ejerció esta "influencia" y, más importante, en nombre de quién lo hizo? Jorge Antonio es, nada menos, que el hombre que en la década del '60 llevó a Menem a Madrid para presentárselo a Perón, “Garlitos” (sic) era entonces su “pollo”. “Desde entonces, se confesó en su reciente reportaje televisivo, su suerte y la mía están indisolublemente ligadas”.

Jorge Antonio es el auténtico "número 1 "del riñón menemista. Pero Jorge Antonio no es juez, ni ministro, ni nada. Nadie lo ha votado y sin embargo, juega el papel clave dentro del aparato del Estado sólo por el hecho de formar parte de la camarilla encaramada en el gobierno.

El narcogate ha puesto en debate, no sólo la actuación de un funcionario, de una jueza o aún de un presidente. Todo el régimen político y el Estado están en el banquillo de los acusados. Sólo que aquí el “juicio político” no lo harán los paniaguados del parlamento sino los trabajadores.

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Menem en la picota

Menem negó terminantemente a la prensa haber recibido a la jueza Servini de Cubría en Olivos para informarse del contenido del sumario judicial del Yoma-gate y discutir con la jueza la estrategia para "zafar" del caso. Pero cuando, pocas horas después, las denuncias coincidentes de Rita Auterial y del secretario del juzgado de la Servini, Esteban Canevari, hicieron insostenible la situación de Menem, el ministro de Justicia, León Arslanian, intentó salvarlo con el argumento de “que la jueza fue a Olivos y se entrevistó con Menem... pero sólo se trataron temas electorales”, incluida la posibilidad de la utilización de “urnas descartables” (Página 12, 13/ 8). Nadie entiende entonces por qué Menem negó públicamente la reunión con la Servini —según Canevari— se ocultó de los periodistas al ingresar a la quinta y por qué —según Rita Auterial— la jueza se negó a dar su nombre a la guardia y sólo se identificó por el número de patente de su auto.

En realidad, lo único "descartable" de este asunto no son las "urnas" (¿un presidente se ocupa de esas minucias? ¿no tiene una legión de ministros, secretarios y subsecretarios para eso?) sino la pretensión de Arslanian de que el tema de la reunión hayan sido las elecciones. "Pequeño detalle", la “jueza concurrió a Olivos acompañada de Esteban Canervari, secretario del juzgado federal, y no del secretario del juzgado electoral, Heriberto Saavedra” (Página 12, 13/8), como hubiese correspondido si el tema fueran las urnas descartables.

La coartada quedó en la nada, porque tenemos a una jueza que encubre a Amira, a Menem que encubre a la jueza, a Arslanian que encubre a Menem y al Congreso que los encubre a todos. El gobierno y el régimen político no son más que una gigantesca "asociación ilícita".

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Arslanian también en la picota

Las reuniones de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que debe resolver si la jueza Servini de Cubría será sometida o no a juicio político, languidecen entre escándalos e insultos de todo tenor.

Los diputados, que parecen enfrentarse fervorosamente, y hasta representar intereses antagónicos, no protagonizan otra cosa que un truco, como las famosas peleas de los “titanes" de Karadagian.

Es que “el ministro Arslanian inició una delicada operación destinada a evitar que el juicio político a Servini de Cubría se convierta en un vía crucis para la administración justicialista. (Para ello) Arslanian intenta convencer al presidente Menem de “forzar" la renuncia de la controvertida jueza federal (de modo de evitar el juicio político) y, simultáneamente, para ganar tiempo, solicitó a los diputados de la Comisión de Juicio Político que posterguen por una semana sus actuaciones” (Página 12, 13/8).

Arslanian, desesperadamente, pide “tiempo" para salvar al régimen político y los diputados se lo dan, "haciendo como que pelean" En este montaje están involucrados, también, Simón Lázara y el Chacho Álvarez, miembros de la Comisión que, sin embargo, no han abierto la boca para denunciar este encubrimiento escandaloso. ¿Quién dictará el juicio político de la Comisión de Juicio Político?