Este 4 de febrero, el juzgado que tiene en sus manos la quiebra de la avícola Cresta Roja deberá resolver si continúa la planta en manos de Ovoprot, el consorcio que hasta ahora comenzó con una inversión en la reactivación de los criaderos y granjas, o si hace lugar a una reciente propuesta de la familia Rasic de levantar la quiebra con el presunto aval de otros inversores. Ninguna de las propuestas da garantías aún de absorción total de todos los trabajadores ni del respeto de las condiciones de trabajo preexistentes. Por otra parte, el proceso de reactivación prevé que el faenado que realizan los trabajadores de ambas plantas de la empresa recién pueda empezar aproximadamente en agosto, tras la cría de la nueva generación de pollos. Un lapso demasiado largo para las familias obreras que, hasta ahora, sólo se sostienen con un Repro de 6.000 pesos que la lucha le ha sacado al Estado.

 

En el último mes, la actividad de los delegados fue febril en la recolección y distribución de mercadería donada para las familias por el Polo Obrero (tres toneladas de alimentos) y otro tanto arrancado al Estado, en las gestiones ante la obra social y el síndico para extender la cobertura de los tratamientos prolongados de trabajadores con familiares directos discapacitados, y del compañero infartado y en internación tras el acampe de fin de año.

 

Simultáneamente, emitieron un comunicado (PO N 1.397) reclamando una audiencia a la gobernadora María Eugenia Vidal y al jefe de Gabinete, reclamando “que se garantice que la totalidad de los trabajadores de Cresta Roja cobremos en forma integral nuestras quincenas. Que el Estado se haga cargo del pago mientras continúan las tratativas y se avanza en una salida definitiva y satisfactoria del conflicto” y “una mesa de trabajo de seguimiento y control, integrada en forma paritaria por representantes del Estado provincial y nacional, por un lado, y los trabajadores, por el otro, que debería tener como función principal velar por la continuidad laboral de los 5 mil trabajadores”.

 

Mientras realizan las gestiones para ser recibidos por los funcionarios, preparan una conferencia de prensa para el próximo 10 de febrero, fijando la posición de los trabajadores tras la resolución judicial, y un gran festival de solidaridad con la lucha para el 5 de marzo.

 

El Partido Obrero compromete su apoyo y llama a la mayor solidaridad para el éxito de todas las iniciativas que devuelvan esta lucha no resuelta al primer plano de la consideración pública.