Todo indica que Mauricio Macri aprovechará la campaña de moda del kirchnerismo pro "democratización de la Justicia" para hacer su propia reforma judicial en la Ciudad. Comparte con Cristina la crítica que en Argentina "un vaso de agua y un amparo no se le niega a nadie", y que es necesario terminar "con la Justicia cautelar" que suele frenar proyectos impulsados por los respectivos oficialismos. Gils Carbó, la jefa de "justicia legítima", no puede más que suscribir las palabras de los dirigentes de PRO, que hasta critican ahora los sueldos altos de los jueces. Sólo queda por ver si en medio de la campaña electoral, donde unos y otros se han elegido como adversarios para polarizar la contienda, se animan a pactar votaciones conjuntas que le den letra a los opositores de ambos.

Contra las cautelares

El rechazo de las "cautelares" une a Cristina y Macri. La primera protesta porque impidió, al menos por el momento, la aplicación de los artículos de la ley de medios rechazados por Clarín. En el caso de Macri el listado es amplio. El último hecho fue la suspensión del aumento del subte a raíz de la aceptación de una cautelar por un juez de la Ciudad. Pero hay otras cautelares que han frenado medidas macristas que afectan derechos populares: la creación de las Unidades de Atención Ciudadanas (UAC), que usurpan las funciones de las Juntas Comunales; la suspensión de la licitación de las playas de estacionamiento subterráneo en la 9 de Julio y en Parque Las Heras; la construcción de la estación Recoleta de la línea H debajo de la plaza Francia, o la edificación de una comisaría de la Metropolitana en el Parque Sarmiento.

Frente a esta situación, la reforma judicial que persigue el macrismo quiere limitar el alcance de las medidas cautelares. Para ello quieren establecer que, una vez presentado un amparo, el juez le dé traslado al Ejecutivo para que responda en 48 horas antes de tomar cualquier medida suspensiva. Más grave aún es la creación de la figura de una "contracautelar": quien presente un amparo deberá responder con un bien material si la Justicia no encuentra razonable la presentación. En la misma línea, se les impedirá a los legisladores de la oposición presentar amparos (como diría Cristina: que ganen las elecciones). Por último, se prohibirán amparos que de acuerdo con el criterio del gobierno "afecten el interés público". Para el macrismo, ello ocurriría cuando por la suspensión de una obra se incrementa su costo.

Un nuevo pacto Macri-K

El interés del kirchnerismo por avalar esta movida del macrismo no sólo está dado por el apoyo que supone a su campaña nacional contra los jueces opositores. En el ámbito de la Ciudad, además, es la propia agenda del acuerdo Macri-K lo que está en cuestión. Un ejemplo es el tema del subte: la suspensión del aumento de la tarifa a 3,50 pesos coloca en crisis la trasferencia, ya que se daba por hecho que ésta venía atada a un incremento de tarifas para reemplazar la quita de subsidios nacionales. Lo mismo ocurre con proyectos inmobiliarios donde el kirchnerismo tiene fuertes intereses. Si la Justicia rechaza el proyecto mega-inmobiliario impulsado por Macri en las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca, es claro que corre un riesgo similar el negociado anunciado por Cristina en la Isla de Marchi, que es rechazado por vecinos, sindicatos y asociaciones defensoras del espacio público. La supuesta "democratización de la Justicia" pregonada por el kirchnerismo es tan reaccionaria que ha terminado dándole letra, nada menos, que a los Macri.