A partir del último informe del Ministerio de Salud de la Nación, se dio a conocer que el virus del dengue ya se encuentra circulando en 15 provincias del país, incluyendo Caba, con 165 casos. Tres de estos casos terminaron en muerte por dengue hemorrágico. De los 748 casos confirmados 274 casos se consideran autóctonos, ya que los pacientes no declaran haber realizado viajes a zonas endémicas. Esta situación deja en evidencia la responsabilidad del Estado, al no realizar acciones concretas para enfrentar la crisis sanitaria a la que está sumida gran parte del interior del país, como así también los barrios precarios de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, que promueve la generación de las condiciones óptimas de reproducción del mosquito aedes aegypti, portador del virus del dengue. 

No es casualidad que, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, la mayor cantidad de casos se localiza en las villas miseria, las cuales hace años están a la espera de una urbanización real que ponga fin a las condiciones de insalubridad extrema, como son el hacinamiento, la no recolección de basura, la deplorable condición de las calles en las cuales se estanca el agua y crecen las larvas de mosquito y, ni hablar, de la falta y saturación de hospitales y centros de atención primaria. Cabe destacar que esta situación se da en el marco de un ajuste brutal a salud pública, la cual se encuentra en un estado calamitoso, completamente desfinanciada, sin insumos básicos y colapsada. Un ejemplo claro de esta situación es lo que está ocurriendo en Misiones, una de las provincias con más casos de dengue, en donde el desmantelamiento de la salud pública llega al punto de que no poder realizar los exámenes de serología para el diagnóstico, abriendo paso a los laboratorios privados, que se aprovechan y cobran por ellos, cuando ninguna obra social lo cubre. 

Este cuadro se profundizó desde la asunción de Alberto Fernández, al no tener un presupuesto nacional 2020 (el cual está a la espera del acuerdo de reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el cual ya demuestra que guiará toda la política económica y social del gobierno) las partidas presupuestarias son las de 2019, o sea, liquidadas por la inflación. Por este motivo, y sumado al brote de sarampión y el primer caso confirmado de coronavirus, urge la declaración de una emergencia sanitaria real, bajo control de los trabajadores de la salud y los pacientes, que garantice una distribución gratuita de repelentes, un plan de fumigación y descacharrización, un plan real de urbanización de todas las villas y un aumento de presupuesto acorde para la salud pública que contemple un plan de obras y de reabastecimiento para todos los centros de salud, como también un salario igual a la canasta básica familiar para todos los profesionales de la salud. No al pago de la deuda externa usuraria, si a la salud pública, gratuita y de calidad.