Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires realizaron este miércoles a las 14 horas, en las puertas de la legislatura porteña, una denuncia de los problemas generados por el código urbanístico de Larreta y Macri.

Este código, aprobado en el 2018 con los votos del larretismo y el macrismo, ha servido solo para beneficiar a los especuladores inmobiliarios que se vienen enriqueciendo a costa del acceso a la vivienda y las condiciones habitacionales de los porteños.

Cómo denuncian los vecinos, el código permite la construcción en mayor altura, según las conveniencias de las inmobiliarias amigas del oficialismo porteño y perjudicando a los vecinos, ya que no se contemplan las problemáticas que esto conlleva para la provisión de servicios, la reducción de espacios verdes y los pulmones de manzana, como así también el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

El aumento de la construcción no ha redundado en un mayor acceso a la vivienda para los trabajadores de la ciudad. Mientras cientos de miles de personas viven en villas, hacinados y sin servicios básicos, y el 50% de la población alquila, hay miles de viviendas vacías por el aumento exponencial de los alquileres, incluso por encima de la inflación. La expulsión de los trabajadores de la ciudad es la contracara del beneficio a la especulación inmobiliaria.

Es una política que se complementa con la venta de tierras públicas, el avance de los alquileres temporarios, la nula política de vivienda para sectores trabajadores, el crecimiento de las villas y de personas en situación de calle.

Pero el macrismo y el larretismo han podido llevar adelante todo esto de la mano de los legisladores del Frente de Todos que han acompañado la entrega de tierras en más de una ocasión. El Edificio del Plata, el Golf de Lugano, el Distrito Joven que posibilita la privatización de Costa Salguero, son solo algunos ejemplos de ello.

Planteamos la necesidad de que los trabajadores y vecinos de la ciudad nos sigamos organizando por la derogación de los códigos Urbanístico y de Edificación, un salario mínimo igual a la canasta familiar para poder afrontar los alquileres, un impuesto a la vivienda ociosa, un plan de construcción de viviendas estatales con créditos subsidiados sobre la base de la revisión de todas las tierras privatizadas y la regulación real del alquiler temporario.

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