“La desocupación alcanzó un récord histórico" fue el titular destacado de los diarios del pasado miércoles. El cálculo efectuado para Capital y Gran Buenos Aires computó ochocientos mil desocupados y subocupados, más de la sexta parte de la población en condiciones de trabajar. Ochocientas mil familias, más de tres millones de personas se encuentran, en una zona geográfica de la Argentina moderna, totalmente desprovistos del "derecho al trabajo”.

El Instituto de Estadística informó también que este nivel de desocupación significaba un aumento de un 15% por sobre los catastróficos niveles alfonsinistas. “Vamos bien” afirma entretanto el presidente y le hacen eco a coro sus “comunicadores”... El mismo día en que se daban a conocer estas cifras, las terminales automotrices anunciaban la suspensión de 5.000 trabajadores y el gobierno llevaba a cabo la “racionalización” del Banco Hipotecario.

Estos ochocientos mil desocupados, o tres millones de personas sin ingresos en la Capital y el Gran Buenos Aires, ponen de relieve la enorme hipocresía contenida en la nueva Constitución bonaerense cuando afirma que “el trabajo es un derecho social”. Por un lado, este “derecho" significa, bajo el capitalismo, la explotación económica de los trabajadores por los dueños de los medios de producción; significa la expropiación del esfuerzo y del trabajo ajeno, toda vez que el capitalista se apropia de la parte del león producida por el trabajo. Pero por otro lado, este derecho a la explotación existe al lado de la negación de ese derecho a trabajar, de los despidos y de la desocupación; la desocupación es el gran método del que se valen los capitalistas para disciplinar a los trabajadores activos. Ninguna Constitución podrá resolver este flagelo que está en la naturaleza del régimen capitalista. Por eso, el derecho a vivir plantea la necesidad de un gobierno de trabajadores y la abolición del capitalismo.

Ni qué decir que la demagogia del “derecho al trabajo” tendrá el mismo destino que la promesa electoral de los 300.000 nuevos puestos de trabajo. La demagogia cafierista no impide —ni es su intención— que las patronales despidan y suspendan a mansalva.

Semejante cuadro de catástrofe social no es de ningún modo “natural” sino consecuencia del conjunto de la política del FMI y de los monopolios y Estados capitalistas para hacer frente a la extraordinaria crisis mundial capitalista.

El aumento de la desocupación es un objetivo conciente para forzar mayores reducciones salariales y aumentar la tasa de explotación del trabajador. Esto último queda claro cuando se observa que la caída de la ocupación supera largamente la caída de la producción. Hagamos notar también que en el conflicto metalúrgico, las patronales amenazan “compensar” con despidos cualquier aumento salarial.

¡“Ley de empleo”!

El fantástico aumento de la desocupación y de la superexplotación obrera y la no menos fantástica reducción salarial han producido un verdadero “shock capitalista", que ha redundado en que el 70% del ingreso nacional vaya a parar a los propietarios del capital.

Ahora se está preparando una “ley de empleo”, que es el verdadero rostro del “derecho al trabajo”, dentro de los límites en que es posible ejercerlo bajo el capitalismo. El proyecto de “ley de empleo" —cuya sanción Menem está urgiendo al Congreso— tiene como objeto declarado "flexibilizar el mercado laboral" y como objetivo real autorizar el empleo de personal sin necesidad de cumplir con la legislación laboral ni con lo establecido en los convenios colectivos, e incluso derogando los beneficios previsionales. La desocupación masiva es utilizada así como método de presión para destruir las condiciones del trabajador empleado, de modo que el “derecho al trabajo” se convierte en la autorización para destruir conquistas laborales y las condiciones de trabajo.

La burocracia sindical deja pasar esta catástrofe mirando para otro lado: es un engranaje más del Estado y del régimen social, el cual se sostiene desintegrando moral y físicamente a la población laboriosa.

La salida no es constitucional

La superación de este golpe mortal que significa la desocupación es perfectamente posible, claro que no mediante reformas constitucionales, claro que no dentro de los límites del constitucionalismo burgués, sino mediante la lucha y una adecuada orientación política.

El derecho al trabajo, es decir a ser explotado, de un lado, y el derecho a comer, es decir a que el explotador alimente a su esclavo, son los únicos derechos que realmente se le puede exigir al capitalismo. El primero significa no a los despidos, que el tiempo de trabajo se reparta entre el conjunto de los trabajadores de la empresa sin que ello afecte al salario. El segundo significa el establecimiento de un seguro de desempleo equivalente al 100% del salario, con un mínimo que no puede ser inferior al costo de la canasta familiar. El “seguro de desempleo" no figura en la Constitución menemo-alfonsinista. Se habla ahí, en cambio de un “sistema integral de seguridad social", lo cual significará que el trabajador deba aportar de su salario para tener acceso a los hospitales que deberían ser gratuitos, y quizás para que aporte, él mismo, a su propio “fondo de desempleo”. Este “fondo”, que sería manejado por el Estado, serviría entre tanto para financiar proyectos capitalistas y especulativos, como ocurrió con las cajas de previsión.

No, por un seguro de desempleo integralmente sostenido por los ricos y los grandes capitalistas mediante un impuesto especial.

Es posible un plan de lucha contra el desempleo en masa, sólo hace falta una dirección sindical y política dispuesta a impulsarlo.